El preocupante aumento de enfermedades crónicas en Colombia está ligado al poder empresarial: revela una investigación de Dejusticia

En el evento de lanzamiento del libro Diferentes industrias, un mismo manual, Dejusticia presentó una investigación que expone cómo tres sectores con alto poder económico –el tabaco, el alcohol y los alimentos ultraprocesados– comparten el objetivo de debilitar o bloquear las políticas públicas que pretenden su regulación.

Suscríbase aquí si le gusta el periodismo independiente. CAMBIO, la verdad siempre

Estas acciones han derivado en el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles del 40 por ciento al 62 por ciento en los últimos 40 años (1979-2019) en Colombia, según expuso la organización civil. Se calcula que la atención en salud costó alrededor de 6 billones de pesos para 2021.

El libro, escrito por Diana Guarnizo Peralta, Paula Angarita Tovar y Adriana Torres Bastidas, es el resultado de cuatro años de investigación sobre la influencia de los intereses corporativos en las políticas públicas de salud. Su propósito es contribuir al entendimiento de los determinantes comerciales de la salud desde una perspectiva de derechos humanos, una mirada que pone en el centro el impacto de estas dinámicas sobre la garantía del derecho a la salud, especialmente en contextos desiguales como el colombiano.

Las autoras parten de la realidad alarmante de que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer, son responsables del 74 por ciento de las muertes en el mundo y están directamente asociadas a cuatro factores de riesgo: consumo de tabaco, consumo de alcohol, dietas poco saludables y falta de actividad física. A través del análisis documental, entrevistas y revisión de normativas, el libro traza cómo estos factores han sido explotados por industrias poderosas para frenar medidas que podrían reducir significativamente su impacto.

La publicación aborda el concepto de ECNT, las estrategias de captura del Estado, los mecanismos de interferencia empresarial y los conflictos de interés que limitan el diseño y la implementación de políticas públicas eficaces.

Estrategias de interferencia: el manual de las grandes industrias

La investigación de Dejusticia revela cómo el poder empresarial en Colombia ha logrado infiltrar las decisiones públicas de salud a través de mecanismos sistemáticos y estructurales, más allá de lo casos de corrupción. Uno de los conceptos clave que desarrolla el libro es el de interferencia, entendida como el conjunto de acciones, legales o ilegales, mediante las cuales individuos o sectores industriales intentan incidir en instituciones públicas y procesos regulatorios para favorecer sus propios intereses.

Este fenómeno no ocurre de forma aislada, es parte de una estrategia común entre industrias para formar parte activa del sistema normativo y condicionar la formulación de políticas públicas. Según las autoras, esto afecta directamente principios democráticos como la transparencia, el interés general y la equidad.

Otro hallazgo relevante tiene que ver con los conflictos de interés, tanto personales como institucionales. El libro explica cómo actores públicos con intereses económicos privados, o que reciben apoyos de empresas del sector regulado, pueden poner en riesgo su objetivo principal que es proteger la salud pública. Mientras que en temas como el tabaco existen normas internacionales claras (como el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS), en sectores como los alimentos ultraprocesados aún no hay estándares sólidos que impidan estas interferencias.

La investigación identifica patrones comunes, como campañas de mercadeo engañosas, presión sobre los legisladores, acuerdos de autorregulación y conflictos de interés con funcionarios públicos.

En el caso del tabaco, uno de los hallazgos más relevantes es cómo la industria ha buscado evadir la Ley 1335 de 2009, que reglamenta el control del tabaco en Colombia, mediante la separación legal entre cigarrillos tradicionales, dispositivos electrónicos y productos calentados.

Aprovechando esa laguna legal, empresas lanzaron campañas agresivas para posicionar a los vapeadores como “alternativas seguras” para dejar de fumar. Frases como “dile adiós al cigarrillo” circularon en redes sociales, festivales juveniles como Estéreo Picnic y fueron promocionadas por influencers. Sin embargo, la OMS ha señalado que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que estos dispositivos reduzcan los riesgos del tabaquismo; por el contrario, pueden aumentar su iniciación, especialmente entre jóvenes.

En el sector de alimentos ultraprocesados, la interferencia fue particularmente evidente durante los debates legislativos sobre el etiquetado frontal de alimentos entre 2018 y 2019. Mientras se promovía un etiquetado basado en evidencia científica libre de conflictos de interés, la industria impulsó un modelo más “amigable” con campañas que apelaban al autocuidado sin cambiar los productos.

Paralelamente, promovieron acuerdos de autorregulación, presentados en eventos académicos y con la presencia de funcionarios públicos, como una muestra de que las empresas podían “autorregularse”. Sin embargo, la investigación demuestra que estos compromisos suelen tener estándares bajos, escasos mecanismos de control y desvían la atención del debate democrático sobre la necesidad de una regulación estatal.

Las autoras no plantean que las industrias renuncien a sus intereses, pues eso no sería realista, sino que actúen con transparencia frente a la ciudadanía. Eso implica, por ejemplo, revelar si financiaron campañas publicitarias o estudios académicos que podrían influir en la percepción pública de sus productos para hacerlos más “confiables”. Informar abiertamente sobre estas prácticas permitiría identificar posibles conflictos de interés y también equilibrar la balanza entre el derecho de las empresas a posicionarse en el mercado y el derecho de las personas a decidir con base en información completa y honesta.