El giro de Petro: de insurgentes a mafiosos

Para sorpresa de casi nadie, el presidente Gustavo Petro ha reconocido en la última semana que en Colombia no existen grupos guerrilleros sino organizaciones mafiosas armadas. Lo hizo, primero, contestando un análisis de Humberto de la Calle sobre una columna del profesor Francisco Gutiérrez Sanín en El Espectador  y tres días después lo volvió a decir comentando una imagen, vieja, del ex presidente Álvaro Uribe junto al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Digo para sorpresa de nadie porque no puede ser que, tres años y ocho meses después de haber comenzado el gobierno, Petro se esté dando cuenta solo ahora de que una vez culminado el proceso de paz con las FARC, lo que quedó en los territorios colombianos no era otra cosa que, sí, bandas mafiosas organizadas. 

No sé para ustedes, pero para mí esto es claro desde hace años y es, efectivamente, el primer gran defecto de la Paz Total promovida por el Gobierno e ideada, entre otros, por el candidato del continuismo, Iván Cepeda. Así lo reconoce el propio Petro cuando escribe que los errores en la política de Paz Total se derivan de un decisión consciente y explícita del Gobierno: haber tratado a los mafiosos, jurídica y socialmente, como grupos insurgentes. Las mafiosos componen organizaciones criminales que solo tienen un interés: mantener un control territorial para perpetuar las actividades ilícitas, que pueden ser tan variadas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal o el tráfico de seres humanos. O todas juntas. Que el Gobierno Petro, artífice de la Paz Total, lo reconozca públicamente solo a meses de dejar el poder, solo puede leerse de dos maneras: o está en campaña y lo necesita para mostrarse, finalmente, implacable contra las organizaciones criminales, o la candidez de la política de paz del Gobierno es la misma que plantearía un niño de siete años.

Luego, en los mensajes reconociendo esa realidad —acá no hay guerrillas, hay _traquetos_— añade Petro que sí es posible buscar la paz con esos grupos, pero solo bajo tres condiciones fundamentales: “1. Que desmantelen paulatinamente las economías ilícitas con fechas precisas. 2. Que la Fiscalía participe en las negociaciones jurídicas. 3. El Estado se compromete a la inclusión del territorio y la población del territorio a la justicia social y la prosperidad económica legal”. ¿Tardó el Gobierno tres años y ocho meses en entender esto? ¿No le quedó claro al Gobierno desde, por lo menos, junio de 2024, cuando se capturó infraganti a ‘Calarcá’ y a su banda mafiosa en una carretera de Antioquia que ese grupo no tenía interés alguno en dejar de delinquir o, muchos menos, en desmontar su negocio criminal? ¿Qué otra evidencia necesitaba el Gobierno? 

Estaba claro que ‘Calarcá’, por citar un solo ejemplo, tenía planes de expansión territorial, reclutamiento de menores, órdenes de asesinato contra líderes y firmantes de paz, vínculos con economías ilegales e incluso con miembros de la fuerza pública. Nada importó. Las negociaciones continuaron casi sin cambios. El punto crítico es que, sin costos reales por incumplir, negociar termina favoreciendo a estos grupos: lejos de contener el crimen, les permite reorganizarse y fortalecerse, ajustando su accionar para aprovechar la menor presión del Estado. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido en Colombia. No me parece otra cosa que cínica la actitud del Gobierno de reconocer, en elecciones y cuando ya nada se puede hacer, que negociar con mafiosos entregando beneficios jurídicos y discursivos solo puede resultar una manera: mal. 

No solo esto: la tardía actitud de Petro tomó por sorpresa a sus principales negociadores en las distintas mesas que hay con estos grupos de mafiosos. Recordemos que por orden del presidente Petro a la oficina del comisionado de Paz hay, actualmente, cuatro 

procesos con carácter político, entre ellos con el ELN, la Coordinadora Ejército Bolivariano y los Comuneros del Sur. Si esto, como dice Petro, es así, si son grupos mafiosos, ¿se levantarán esas mesas y se iniciará un proceso de sometimiento? Sé por varias fuentes enteradas que esas delegaciones harán un pronunciamiento público pidiendo a Petro que, entonces, lo más conveniente es levantar esas mesas de negociación. 

Nadie podrá decir entonces que el Gobierno no lleva casi cuatro años criando este desastre.