Fomag y Fiduprevisora en la mira por 1,1 billones y posibles hechos de corrupción en la salud de los maestros

El 3 de junio de 2024 publiqué en CAMBIO la investigación ‘Los problemas crónicos del nuevo sistema de salud de los maestros’. En ese artículo advertí las fallas graves con las que arrancaba el nuevo modelo de salud del magisterio: problemas en la asignación de citas, autorizaciones, ineficacia de las redes de atención y protestas de los maestros.

En medio de ese panorama emergió otro hecho de enorme gravedad. Ocho operadores de la salud del magisterio terminaron recibiendo reconocimientos por 1,1 billones de pesos a través de contratos de transacción firmados con Fiduprevisora para cerrar controversias contractuales, sin que mediara una sentencia judicial.

Además, el artículo reveló que ese pago se decidió sin que el Consejo Directivo del Fomag lo analizara de fondo. Se trató de 1,1 billones de pesos que salieron de los recursos destinados a la salud de los maestros.

Ese episodio tenía todos los elementos para provocar indignación nacional. Se trataba de 1,1 billones de pesos reconocidos mediante acuerdos entre Fiduprevisora y los contratistas, con cargo a recursos del fondo destinados a la salud de cientos de miles de maestros y sus familias.

A esa historia se suma ahora un documento de 180 páginas expedido el 31 de marzo de 2026 por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de un trámite de amigable composición entre la Unión Temporal Tolihuila y Fiduprevisora, en su condición de vocera y administradora del Fomag. Su importancia radica en que permite asomarse, con detalle, a la forma en que se tramitaron esas controversias, a los documentos que las respaldaron y a las anomalías que quedaron consignadas en el expediente. Lo que aparece allí ayuda a entender mejor cómo se cerraron ciertos reclamos contractuales y plantea preguntas serias sobre la defensa de los recursos del fondo y sobre la manera en que se manejaron disputas millonarias pagadas con dineros de la salud del magisterio.

Entre las determinaciones del documento hay una de especial gravedad. El amigable componedor, es decir, el tercero designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para resolver esta controversia, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que esas autoridades determinen si las partes o sus apoderados incurrieron en faltas penales o disciplinarias.

La decisión se apoyó en varias anomalías que quedaron en evidencia en el expediente. El documento habla de aparentes irregularidades de las partes y sus apoderados, de indicios de falta de buena fe en el trámite, de afirmaciones que luego fueron desvirtuadas por la prueba documental y de una conducta inicial de Fiduprevisora que dejó sin defensa adecuada los recursos públicos del Fomag. También quedaron en evidencia omisiones en la entrega de documentos relevantes y contradicciones sobre facturas que se presentaron como no glosadas, pero frente a las cuales después aparecieron glosas formuladas en tiempo.

La diferencia entre lo que la Unión Temporal Tolihuila reclamaba y lo que finalmente quedó en pie es enorme. La Unión Temporal sostenía que Fiduprevisora le debía 5.454 millones de pesos por facturas supuestamente no glosadas, una cifra que, con intereses, fue presentada en más de 7.429 millones. Al final, el documento reconoce de manera expresa 8.699.000 pesos por intereses de mora sobre los valores reconocidos en la determinación anterior. Esa diferencia dejó en evidencia las inconsistencias de la reclamación.

Por la parte del Fomag, esos contratos de transacción fueron firmados por Daniela Andrade Valencia, entonces vicepresidenta de Contratación. Después de su paso por el fondo, Andrade Valencia fue nombrada como notaria en Bogotá y su nombre también aparece en las investigaciones del caso UNGRD.

Mientras Fecode convoca para este 15 de abril de 2026 un paro nacional de 24 horas por las fallas del sistema de salud del magisterio, el expediente de Tolihuila muestra que la crisis del Fomag no se reduce a la atención médica. También abre serias dudas sobre un posible caso de corrupción en el manejo de esas millonarias controversias contractuales.