Las curules de paz son 16 escaños creados para dar representación en la Cámara de Representantes a comunidades especialmente afectadas por el conflicto armado, el abandono estatal y la débil presencia institucional. Su origen está en el punto 2.3.6 del Acuerdo Final de Paz y su creación jurídica quedó formalizada en el Acto Legislativo 02 de 2021, que las estableció para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Su finalidad fue abrir un espacio de participación política para víctimas, organizaciones sociales y comunidades de zonas donde la violencia limitó durante años el ejercicio democrático. La Corte Constitucional ha señalado que estas circunscripciones son una medida de representación, reparación integral y garantía de no repetición. Por eso, su legitimidad no depende solo de un escrutinio formalmente válido. También depende de que la elección se haya desarrollado en condiciones reales de libertad. Si en una curul de paz aparecen denuncias de intimidación, restricciones territoriales, obstáculos para los testigos electorales o miedo entre los votantes, lo que se afecta no es solo un resultado electoral. Se afecta el propósito mismo para el cual esas curules fueron creadas.
El Catatumbo es una subregión fronteriza en Norte de Santander, marcada por una alta ruralidad y por su ubicación estratégica sobre la frontera con Venezuela. Según la delimitación institucional que se tome, comprende municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí, Convención, Sardinata, Ocaña, Ábrego, La Playa y El Carmen, y su relevancia no es solo geográfica. Desde hace años es un territorio atravesado por economías ilegales, en particular los cultivos de coca y las rentas del narcotráfico, lo que ha favorecido la presencia, la disputa y la reconfiguración de grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha documentado allí la huella de estructuras como el ELN, el EPL, Los Rastrojos y, más recientemente, el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, la Segunda Marquetalia y el EGC. Esa combinación de frontera, economías ilícitas, control territorial y débil presencia estatal explica por qué el Catatumbo es una región especialmente sensible. La confrontación entre el ELN y el Frente 33, recrudecida desde enero de 2025, provocó una de las crisis humanitarias más graves registradas en la zona, con decenas de miles de personas desplazadas y confinadas. En un territorio con ese nivel de presión armada, cualquier elección, y más aún una curul de paz, exige un estándar de libertad y de garantías mucho más alto que el de un trámite electoral ordinario.
El pasado 17 de febrero, la Misión de Observación Electoral advirtió que el riesgo electoral en las CITREP, sigla de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se había agravado por la coincidencia de factores de violencia y de fraude.En ese informe, la MOE señaló que 103 de los 168 municipios de esas circunscripciones presentaban algún nivel de riesgo y que 63 estaban en riesgo extremo, además de advertir una alta superposición entre los municipios más expuestos y las zonas con economías ilegales. El Catatumbo apareció dentro de ese contexto crítico, lo que significa que la elección de su curul de paz se produjo en un territorio que ya había sido identificado como especialmente vulnerable para el ejercicio libre del voto.
Una denuncia conocida por esta columna advierte sobre presuntas irregularidades en la elección de la curul de paz del Catatumbo. El documento fue presentado ante la Fiscalía por Wladimir Gómez Becerra, candidato a la CITREP 4, a través de su apoderada, y la denuncia va más allá de cuestionar el resultado de las elecciones. Gómez presenta denuncias de intimidación y constreñimiento al elector, impedimentos para que votantes y testigos electorales ingresaran a puestos de votación, obstáculos para ejercer vigilancia sobre el escrutinio, reclamaciones que, según la parte denunciante, no fueron tramitadas de fondo, y mesas con votaciones que consideran atípicas. En su solicitud, el denunciante pidió suspender la declaratoria de elección y frenar la entrega de credencial a Tatiana Judith Gaona Pinzón, además de reclamar una revisión de lo ocurrido en esa circunscripción.
Un reportaje de Noticias Caracol, publicado el 15 de febrero, ubicó a Tatiana Judith Gaona dentro de una red de poder político regional y recogió cuestionamientos sobre su entorno, aunque también aclaró que ella cumplía con los requisitos para su aspiración por no tener cuestionamientos directos. La nota señala, con base en declaraciones del investigador Diego Alejandro Pedraza, que su ascenso político estaría conectado con la familia Pinzón, en particular con su tío Jairo Pinzón, exgerente del hospital de Ocaña, y con su primo Ciro Rodríguez Pinzón, a quien vincula con redes de poder en el departamento.
Jairo Pinzón fue objeto de cuestionamientos públicos por presuntas irregularidades en la contratación del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Ese antecedente quedó aún más expuesto tras el asesinato, el 3 de noviembre de 2020, del líder social Jorge Solano, quien había denunciado posibles hechos de corrupción en ese centro asistencial y antes de su muerte hizo señalamientos públicos contra Pinzón.
En el reportaje de Caracol se manifiestan dudas por videos, audios y testimonios que hablaban de una eventual injerencia armada a favor de la candidata; sin embargo, uno de los mencionados calificó dicho material como un montaje. Antes de denunciar ante la Fiscalía, Gómez Becerra formuló reclamaciones ante la comisión escrutadora municipal de Hacarí y luego ante la comisión escrutadora departamental de la CITREP 4, aportando declaraciones juramentadas de testigos y votantes. Pero esa ruta no prosperó. En Hacarí quedó constancia de una reclamación que no fue recibida por extemporánea, y después la comisión escrutadora departamental rechazó las demás por improcedentes o fuera de tiempo, con el argumento de que no encajaban en las causales taxativas del Código Electoral o debían ventilarse ante la Fiscalía, la Procuraduría o la jurisdicción contenciosa.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, Gómez Becerra solicita que se revise de fondo la legalidad de la elección en la curul de paz del Catatumbo, que se esclarezca si hubo intimidación, restricciones a testigos y afectaciones a la libertad del voto, y que las autoridades no den por cerrado el caso con una respuesta puramente formal. Está pidiendo frenar la declaratoria de elección y la entrega de la credencial a Tatiana Judith Gaona Pinzón mientras se examinan los hechos denunciados, revisar las urnas y la votación consignada en esa circunscripción, y activar la intervención de los organismos competentes para establecer si la curul fue elegida en condiciones reales de libertad o bajo una sombra de presión incompatible con el sentido mismo de una curul de paz.
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