Así fue la última ruta de Mateo Pérez, el periodista asesinado en Antioquia

El lunes 5 de mayo, Mateo Pérez Rueda le avisó a su mamá y a su papá que iba hacia Briceño, como lo hacía frecuentemente. Tenía 25 años, estudiaba ciencias políticas en la Universidad Nacional en Medellín, andaba en bicicleta con la misma energía con la que recorría los municipios del norte de Antioquia buscando historias, y llevaba cuatro o cinco años dirigiendo El Confidente, un medio pequeño desde Yarumal con el que intentaba contar lo que la guerra le hacía a esa tierra: la corrupción, la violencia, los malos manejos de las administraciones municipales. La Fundación para la Libertad de Prensa, la Flip, ya lo había atendido antes por amenazas. Era, como lo describe su primo Jorge Rueda, un periodista de los de vieja data: esos que prefieren ir al lugar de los hechos, hablar con la gente y buscar a los actores de la noticia.

Ese lunes decidió visitar el casco urbano de Briceño para recoger información que le permitiera entender y contar las razones de la guerra en ese municipio y qué ocurría en las veredas donde el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo llevaban meses disputándose el territorio. Hizo un recorrido por las diferentes entidades territoriales, pasó por la administración municipal, habló con varias personas; entre ellos, el secretario de Gobierno y la Policía. Tras esa reportería oficial, decidió ahondarse en terreno y se encaminó hacia la vereda Palmichal para, así, enterarse de primera mano de lo que estaba pasando. Desde ese momento desapareció y no se volvió a saber nada de él.

“Realmente, fue desde la administración municipal de Briceño que generó la alarma”, contó a CAMBIO Jorge Rueda, primo de Mateo. El martes en la mañana les llegó la noticia de que algunos campesinos habían reportado que un joven había ingresado a la zona de conflicto y no había salido. Esa tarde encontraron su moto, su celular y sus llaves cerca del sitio donde, según les dijo la comunidad, lo habían visto por última vez.

La versión oficial que circuló en los medios de comunicación en las horas siguientes fue que Mateo había ignorado advertencias de las autoridades locales y se había internado en una zona de combate sin permiso, y que allí lo habían interceptado en un retén ilegal. Pero Jorge Rueda, que ha estado en contacto directo con personas que viven en esa vereda, tiene una versión diferente:

“No fue que Mateo se volara un retén ilegal. A parecer Mateo ingresó a la zona rural dirigiéndose a esta vereda, unos kilómetros antes de llegar a la vereda le preguntó a unos campesinos sobre cómo llegar, él se identificó como periodista y ellos le dieron la indicación.. Llegando a la zona, llegando a la vereda, lo que pasó fue que fue retenido por hombres armados, le pidieron que los acompañara, le pidieron que fuera con ellos, dejaron la moto, el celular y las llaves de Mateo en un lugar y él se fue con ellos”, dijo Rueda.

Lo que pasó después lo presenció la comunidad. Según los relatos que han llegado a la familia, los hombres armados llevaron a Mateo a un lugar cercano donde había gente. Aun así, a pesar de que él se había identificado como periodista y había dicho que tenía un medio en Yarumal, lo maltrataron, “lo abusaron de su cuerpo en muchas formas violentas”, y luego, delante de los habitantes del lugar, lo asesinaron.

Después pidieron una moto para trasladar el cuerpo a un lugar más alejado de la vereda y, al parecer, según versiones que la comunidad le ha dado a la familia, allí lo adentraron. El cuerpo de Mateo sigue ahí.

Nadie ha podido entrar. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Cruz Roja, ni la Iglesia, ni el Ejército, ni la Policía. “Todo el mundo lo que dice es que no se puede ingresar al lugar”, dice Jorge Rueda. La familia lleva días pidiendo que se permita el acceso a una comisión humanitaria. El miedo más grande es que el cuerpo desaparezca, que no haya posibilidad de investigar lo que pasó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló como responsable del crimen a alias Chalá, presentado como el sucesor de alias Primo Gay al frente del GAO-r 36 en la zona, y ofreció una recompensa de 300 millones de pesos por él. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, confirmó que Mateo fue asesinado en la zona rural de Briceño tras ingresar a la vereda Palmichal. Y, por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó lo ocurrido y le pidió al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, que exija a las disidencias garantías humanitarias para que la familia reciba información sobre el paradero del cuerpo.

Pérez tenía 25 años. Vivía con sus papás y con su hermano mayor en Yarumal. Vendía jugos desde la casa. Le gustaba escribir. Andaba en bicicleta. Cubría la guerra de cerca. Fue al lugar y no volvió.

La cruel realidad sobre los periodistas en las regiones

Mateo Pérez fue asesinado en una zona controlada por las disidencias que manda alias Calarcá —Alexander Díaz Mendoza—, el mismo hombre que el gobierno sentó en una mesa de diálogo de paz y nombró vocero y gestor del proceso. En julio de 2024, Calarcá fue capturado en Anorí, Antioquia, con armas y dinero en una caravana de la Unidad Nacional de Protección. Fue liberado horas después por su condición de gestor de paz, mientras sus estructuras seguían expandiéndose en el norte de Antioquia.

La Fiscalía tiene programada para el 12 de mayo la audiencia de imputación de cargos contra Calarcá por homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada, desplazamiento forzado y uso de métodos de guerra ilícitos, entre ellos minas antipersona. Entre los hechos documentados figura el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule en Toribío, cometido dos meses después de que Calarcá recibiera beneficios dentro del proceso de Paz Total, y la masacre de 26 personas en Guaviare en enero de 2026, siete de ellas menores de edad. No está capturado. Se mueve libre mientras la Fiscalía espera que el presidente decida.

El día en que Mateo Pérez salió hacia Briceño —el 5 de mayo— era el mismo en que la Fiscalía había fijado originalmente para imputarle cargos a Calarcá. La diligencia fue aplazada.

El mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe anual correspondiente al 2025 que, en Colombia, el ejercicio periodístico continúa siendo de alto riesgo. El informe documenta además una “creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos” y confirma un patrón sostenido de descalificación hacia periodistas, principalmente por parte del presidente Gustavo Petro, quien ha calificado a ciertos medios y periodistas como “desinformadores”, “mentirosos” y “criminales”, con el aparente propósito de desacreditar su labor.

El texto, basado en evidencias recogidas en 34 municipios, revela que el 24 por ciento de los medios recibió amenazas directas exigiendo la suspensión de coberturas, mientras que el 35 por ciento de los periodistas confesó haber omitido información por motivos de seguridad. 

Colombia es el país donde el presidente que prometió proteger a los periodistas negoció la paz con quienes los asesinan. Y donde el cuerpo de un reportero de 25 años lleva días en una vereda a la que nadie puede entrar.