¿Por qué está enredada la elección de Guillermo Echavarría como rector de la Universidad del Cesar?: así va la disputa
Una votación dividida dentro del Tribunal de Garantías Electorales tiene en vilo la designación del rector. Mientras la institución sostiene que no ha existido una deliberación sobre el tema, fuentes consultadas por CAMBIO afirman que Echavarría sería apartado del proceso tras una decisión contraria a los intereses de grupos políticos de la región.
Por: Jonathan Beltrán
El pasado 9 de marzo, en una sesión que duró menos de ocho minutos, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) dio por concluido el proceso y definió la rectoría para el periodo 2026-2030. Sin deliberación de fondo y en medio de cuestionamientos por el cumplimiento de requisitos, la designación de Guillermo Echavarría selló el pulso político por el control de la institución y provocó dudas que hoy vuelven al centro del debate.
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Un mes después de esa sesión, en la que participó Juliana Guerrero como delegada del presidente Gustavo Petro, el proceso dio un giro de fondo. El Tribunal de Garantías adelantó una nueva revisión del proceso ante múltiples solicitudes e identificó presuntas irregularidades en la inscripción de la candidatura del profesor Echavarría, quien había sido designado por el Consejo Superior como rector con cinco votos a favor.
CAMBIO conoció que la decisión inicial del tribunal se sustentó en el incumplimiento de uno de los requisitos centrales para aspirar a la rectoría: acreditar al menos cinco años de experiencia académica en instituciones de educación superior. Miembros del Consejo Superior consultados por este medio habían anticipado esa falencia desde etapas previas del proceso, pese a que el rector electo defendió en múltiples oportunidades la validez de su inscripción.
Tras la verificación, el Tribunal concluyó que el docente solo certificó 49 de los 60 meses de experiencia en instituciones de educación superior requeridos para participar en el proceso. Además, parte de ese tiempo correspondía a su labor en Uparsistem, una institución para el trabajo y el desarrollo humano con sede en Valledupar, que no es reconocida por el Ministerio de Educación como una universidad.
La mayoría de los miembros del Tribunal calificaron como una “protuberante irregularidad administrativa” la aprobación inicial por parte del CSU de la inscripción de Echavarría, puesto que para entonces ya se había advertido sobre el incumplimiento de los parámetros exigidos. En ese sentido, tres integrantes del organismo —integrado por cinco delegados— reiteraron que el aval para su participación en el proceso representaría una falla grave que vulnera los principios de legalidad, transparencia e igualdad.
La controversia por la decisión del Tribunal de Garantías en la elección del rector
Tras la publicación de la versión inicial sobre la decisión del Tribunal de Garantías Electorales, la institución salió a desmentir que la inscripción de Guillermo Echavarría hubiera sido anulada. En un comunicado, aseguró que ese punto no había sido sometido a discusión ni votación dentro del órgano electoral en ningún momento y aseguró incluso que esa instancia carecería de facultades para adoptar una decisión de ese tipo.
Sin embargo, CAMBIO consultó a miembros del Tribunal que ratificaron que la sesión sí se llevó a cabo con quórum reglamentario y que el tema fue sometido en una sesión realizada el 9 de abril desde las 2:30 de la tarde. La decisión de apartar a Echavarría del proceso por inconsistencias en la información reportada en su inscripción fue aprobada por mayoría, con tres votos a favor y dos en contra.
De acuerdo con la información confirmada por directivos y exdirectivos de la universidad pública, votaron a favor de la nulidad Carlos Alberto Contreras, representante de los egresados; Samuel Rojas Olivella, representante de los estudiantes; y César Rangel, representante de las organizaciones sindicales.
Los miembros del Tribunal de Garantías que se opusieron a la nulidad de la inscripción fueron el presidente de ese órgano, Jorge Iván Guerra, y el secretario general, Ender Campo. De hecho, solo esos dos representantes firmaron el documento difundido por la rectoría de la UPC en el que se niega la existencia de dicha votación y se afirma que el asunto nunca ha sido sometido a discusión.
En un comunicado oficial conocido por CAMBIO, los miembros que respaldaron la decisión de anular la inscripción de Echavarría sostienen que el secretario general y el presidente del Tribunal se negaron a firmar la decisión mayoritaria para —según ellos— evitar que el fallo quedara en firme. “Se han negado a firmar el acta de la sesión y la remisión de la decisión al Consejo Superior. Pero su negativa a firmar no invalida la decisión que obtuvo la mayoría de los votos para su aprobación. Así no estén de acuerdo, la normativa los obliga a respaldar la decisión tomada”, explicó a este medio César Rangel, representante de las organizaciones sindicales.
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En su decisión inicial, los tres miembros que conformaron la mayoría en la sesión no solo anularon la inscripción de Echavarría y ordenaron su exclusión definitiva del proceso, sino que también solicitaron dejar en manos del Consejo Superior de la UPC una determinación de fondo: definir si mantiene o revoca el acto administrativo mediante el cual el docente fue designado rector para el periodo 2026-2030.
Xavier Estrada, representante del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior Universitario, respaldó la postura de la institución pública. “El presidente del Tribunal se pronunció esta tarde a través de un comunicado de prensa oficial, desmintiendo una noticia falsa que alguien malintencionadamente filtró”, dijo, en diálogo con CAMBIO, tras reiterar que el órgano no tendría facultades para revertir la designación.
En contraste con la posición de Estrada, los tres miembros del Tribunal de Garantías explicaron que el artículo 5 del Acuerdo 032 de 1994 faculta al órgano que integran para declarar inconsistencias presentadas dentro del proceso electoral y anunciaron que escalarán el proceso hasta órganos de control como la Procuraduría.
“Se advierte que la negativa a suscribir y dar trámite al acuerdo aprobado podría dar lugar a la activación de acciones disciplinarias y eventuales responsabilidades penales por omisión de funciones y obstaculización de la función pública”, sostuvieron Contreras, Rojas y Rangel.
Más allá de la disputa jurídica, la controversia tiene un trasfondo político. Dentro de la institución, distintas fuentes coinciden en que la candidatura de Echavarría representaba la continuidad del actual rector, Rober Romero, en la administración de la universidad por un nuevo periodo. La cercanía entre ambos va incluso más allá del ámbito académico: el actual rector es padrino de uno de los hijos del docente.
Detrás del proceso de elección y de otras decisiones recientes —como la aprobación de la nueva sede en La Jagua de Ibirico— también han estado figuras políticas regionales, entre ellas sectores del clan Gnecco, el senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello. Por eso, la eventual caída de la inscripción de Echavarría representaría un revés para esos bloques y para Juliana Guerrero, delegada del presidente Petro en el CSU, quien respaldó la elección del docente en una sesión exprés que ahora deriva en un nuevo pulso jurídico y político en la región.
Como plantea el delegado del Ministerio de Educación, hasta el momento la elección de Echavarría se mantiene vigente y cualquier cambio dependerá de que la decisión del Tribunal sea formalizada. De llegarse a consolidar la nulidad de la inscripción, miembros del Consejo Superior y exdirectivos consultados por este medio coinciden en que el camino inmediato sería abrir un nuevo proceso de elección entre los cuatro candidatos habilitados que no alcanzaron el respaldo mayoritario en el CSU.
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