¿Qué tan cierto es lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre el hambre y la inseguridad alimentaria en Colombia?

El pasado 21 de abril, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas publicó su más reciente Mapa del Hambre. El resultado para Colombia fue que 6,6 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, una cifra que equivale aproximadamente al 12 por ciento de la población total del país.

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Con esa cifra, Colombia quedó ubicada dentro de un grupo de 16 naciones con niveles preocupantes de inseguridad alimentaria, junto a países con conflictos armados abiertos como Nigeria, Sudán, Yemen y Afganistán. A nivel global, 318 millones de personas en 68 países padecen inseguridad alimentaria aguda, impulsada principalmente por conflictos, choques climáticos y crisis económicas. Pero la inclusión de Colombia en ese grupo generó criticas y un debate en redes sociales.

El periodista Julio Sánchez Cristo publicó en X: “Colombia volvió a aparecer en rojo en el mapa del hambre global. 6,6 millones de personas en inseguridad alimentaria. La Contraloría además de su importante función académica y de análisis sobre el futuro nos podría contar cuánto vale el desfalco de la comida para los pobres en Colombia”.

A lo que el presidente Gustavo Petro respondió con un extenso mensaje. CAMBIO examinó sus argumentos uno por uno con las voces de expertos.

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Afirmación 1: “El hambre no es inseguridad alimentaria”

Lo que dijo Petro: “El hambre no es inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria se refiere a un riesgo, a una alarma hacia el futuro”.

Veredicto: parcialmente cierto.

Para los expertos, Petro tiene razón en que se trata de conceptos distintos. El hambre, tal como la miden la FAO y otros organismos, alude a una condición persistente de subalimentación, mientras que la inseguridad alimentaria es una categoría más amplia que incluye diferentes grados de dificultad para acceder a alimentos suficientes, nutritivos y seguros.

Sin embargo, hay un matiz que el presidente omitió para los expertos y es que el indicador que reportó el PMA no es inseguridad alimentaria genérica, sino inseguridad alimentaria aguda, que corresponde a la fase 3 o superior en la escala IPC (Integrated Food Security Phase Classification). Eso implica una condición presente y severa, no una mera alarma futura. Las personas en esta categoría ya tienen dificultades reales para acceder de forma regular a alimentos suficientes y nutritivos.

“El hambre suele medirse como una condición más persistente de subalimentación, mientras que la inseguridad alimentaria aguda captura crisis más inmediatas y severas en el acceso a los alimentos. La distinción puede ser válida en términos metodológicos, pero no debería restarle importancia a la gravedad de la situación", explicó Felipe Roa-Clavijo, ecólogo de la Universidad Javeriana y profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

Daniel Eduardo Castillo Melgarejo, nutricionista, magíster en Políticas Públicas e investigador del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional (OBSSAN), agregó que en Colombia el concepto utilizado es el de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), que se entiende como la realización del Derecho Humano a la Alimentación.

“La inseguridad alimentaria aguda es una situación que pone en alerta la salud pública por hogares en el país con brechas o problemáticas en acceso, consumo, disponibilidad y aprovechamiento que impiden a una porción de la sociedad gozar de este derecho humano”, dijo Castillo.

Desde el equipo de OBSSAN, ampliaron esta perspectiva: “Cuando el informe FAO-PMA habla de inseguridad alimentaria aguda, no está hablando de un malestar general ni de pobreza en abstracto, sino de un deterioro severo de corto plazo que amenaza vidas o medios de vida y que se clasifica en fases: 1) mínima, 2) estresada, 3) crisis, 4) emergencia y 5) catástrofe/hambre. Esa clasificación sirve justamente para alertar dónde puede haber deterioros rápidos por choques como conflicto, desplazamiento, clima extremo o colapso de acceso a alimentos”.

En resumen, para los expertos, la distinción conceptual existe, pero usarla para minimizar los 6,6 millones de personas clasificadas como en crisis alimentaria aguda es un argumento que no se sostiene.

Afirmación 2: “No bajaría la pobreza si aumentara el hambre”

Lo que dijo Petro: “No bajaría la pobreza como demuestra el Dane si aumentara el hambre. Ha bajado la pobreza, por eso ha bajado a la mitad la tasa de mortalidad por desnutrición infantil”.

Veredicto: los datos de pobreza son reales, pero el argumento tiene fallas.

Según los expertos, es cierto que Colombia ha registrado una reducción en los indicadores de pobreza monetaria en los últimos años, y que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) reportado por el Dane se encuentra en sus niveles más bajos en ocho años. Ese es un logro medible y verificable.

El problema está en la inferencia que hace el presidente sobre que una reducción en pobreza implica necesariamente una reducción en hambre o inseguridad alimentaria. “No. Esa correlación no es válida como argumento concluyente. Pobreza monetaria e inseguridad alimentaria están relacionadas, pero no son equivalentes y pueden moverse en direcciones distintas, sobre todo cuando intervienen choques territoriales, violencia, desplazamiento, precios de alimentos, interrupciones de mercado o eventos climáticos”, dijeron desde OBSSAN.

Para Roa-Clavijo, esa correlación tampoco es automática: “La pobreza monetaria mide ingresos, mientras que la inseguridad alimentaria refleja la capacidad real de los hogares para acceder de manera suficiente y estable a los alimentos. Por eso, sí es posible que una mejore y la otra no lo haga al mismo ritmo, especialmente en contextos de aumento en precios de alimentos, conflicto y desastres naturales”.

Castillo, por su parte, da ejemplos: “¿De qué nos sirve tener dinero para comer en una región como La Guajira donde no podemos acceder a frutas y verduras frescas? ¿De qué me sirve tener dinero y verduras frescas si el agua no es potable en mi vereda? ¿De qué me sirve tener todo lo anterior si no tengo acceso a un profesional que me oriente sobre educación nutricional?”.

El experto también habla sobre el “hambre oculta”, que son las deficiencias de micronutrientes, vitaminas, calcio, hierro, zinc, que pueden persistir incluso cuando una persona come tres veces al día. “La reducción de la pobreza y el hambre pueden coexistir, pero en su medición hay matices y de allí la necesidad de un consenso sobre ello”, concluye.

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Afirmación 3: “La principal causa de inseguridad alimentaria es la crisis climática y los conflictos”

Lo que dijo Petro: “La principal causa hoy de inseguridad alimentaria es la crisis del clima y los conflictos violentos”.

Veredicto: coincide parcialmente con el diagnóstico del PMA.

En este punto, Petro está en terreno más firme. El informe del PMA y los análisis globales del Banco Mundial señalan al conflicto armado y los choques climáticos como los principales motores de la inseguridad alimentaria a nivel mundial. En el caso de Colombia, el propio PMA ha documentado que el 11 por ciento de los hogares encuestados fueron víctimas de algún hecho violento, y que los departamentos con mayor vulnerabilidad climática como La Guajira, Córdoba, Sucre y Chocó concentran los índices más altos.

Sin embargo, para Roa-Clavijo, esa explicación deja afuera factores estructurales que el Gobierno no aborda con suficiente énfasis: “Existen otras dinámicas que generan inseguridad alimentaria como desigualdad, desplazamiento, migración, fragilidad de los medios de vida rurales, choques socioeconómicos, el aumento de los precios de los alimentos y la vulnerabilidad económica de los hogares”.

Por su parte OBSSAN piensa: “Decir que clima y violencia son ‘la principal causa’ no es falso, pero sí es incompleto si borra factores estructurales como la desigualdad territorial, la precariedad de ingresos rurales, la dependencia de mercados frágiles, el desplazamiento prolongado y la vulnerabilidad económica de los hogares. El propio PMA en Colombia subraya que muchos hogares siguen recurriendo a crédito, reducción de comidas y sacrificio de otros gastos para poder comer”.

Castillo Melgarejo también hace una anotación importante: el PMA construyó sus estimaciones a partir de los departamentos con mayor conflictividad y desde allí sacó la cifra de 6,6 millones. Eso invita a leer el dato con cuidado, “con minucia”, en sus palabras, pero no lo invalida como señal de alerta.

Afirmación 4: La reforma agraria y las emergencias económicas como respuesta climática

Lo que dijo Petro: “En la adaptación nos movemos tratando de producir más alimentos en todo el país, para eso hacemos la reforma agraria, para eso recuperamos los flujos naturales y el territorio del agua”.

Veredicto: la orientación de las medidas es reconocida, pero la deuda en implementación es histórica y no resuelta.

La reforma agraria como herramienta estructural para combatir la inseguridad alimentaria es una propuesta que cuenta con respaldo académico amplio. El acceso a tierra se correlaciona directamente con el acceso a alimentos en zonas rurales, y esa relación está documentada desde el Acuerdo de Paz de 2016.

Pero el reto no está en el diagnóstico, sino en la implementación efectiva de las políticas. En ese terreno, los resultados del Gobierno actual siguen medidos. “La deuda del Estado en este tema es histórica y no solo del Gobierno de Petro”, dice Castillo.

“Aquí conviene ser prudentes. Sí hay evidencia de avance en implementación, pero todavía es limitada la evidencia pública de impacto causal sobre inseguridad alimentaria aguda en los territorios más afectados”, concluyen desde OBSSAN.

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Lo que el debate dejó sin responder

Más allá del intercambio entre Petro y sus detractores, los expertos consultados coinciden en señalar que no se tocó el problema de fondo, que no es solo quién tiene razón sobre los números, sino qué hace el país con ellos.

“A mí me preocupa e insisto en las formas de medición del hambre en el país, el uso en política pública que les damos a esos datos y el presupuesto público que se invierte en ellos, mientras siguen apareciendo datos alarmantes”, dijo Castillo.

Para los expertos, Colombia sigue sin consenso sobre cómo medir el hambre. Distintas organizaciones usan metodologías e indicadores diferentes, lo que genera lecturas fragmentadas y dificulta la construcción de respuestas articuladas. Mientras ese vacío persiste, el debate público tiende a reducirse a cifras que cada actor interpreta según su conveniencia política.