Los hechos por los que le imputarán cargos a Ricardo Roa como gerente de la campaña de Gustavo Petro

La nueva audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, llega como coletazo de un capítulo previo. Se relaciona con el que cerró el Consejo Nacional Electoral, a finales de noviembre de 2025, cuando sancionó a la campaña de Gustavo Petro por violar los topes de gasto de 2022 y por financiación prohibida. En ese documento, se ordenó compulsar copias de la investigación financiera a la Fiscalía para que investigara la eventual responsabilidad penal. Esa determinación terminó empujando el caso al terreno penal. Pero la Fiscalía hizo un recorte: decidió que, por ahora, la imputación contra Roa solo se concentrará en el exceso de gasto y dejará en suspenso el capítulo de financiación con fuentes prohibidas. 

Eso significa que el miércoles no se discutirán la gran cantidad de irregularidades que el CNE puso sobre la mesa. No se abordará, por ahora, la discusión completa sobre el origen de ciertos recursos, ni las preguntas sobre quién puso parte del dinero que entró a la campaña. Tampoco las operaciones que la autoridad electoral consideró ajenas a las reglas. Lo que la Fiscalía llevará a la audiencia ante el juez de garantías es un cargo más delimitado, pero no menor: que Roa, como gerente de la campaña, permitió, o no evitó, que esa aspiración presidencial gastara por encima de lo autorizado por la ley. En otras palabras, que la campaña se movió con más dinero del que legalmente podía usar. 

La violación de topes que la Fiscalía sustentará se concentra en varios frentes de gasto que, al ser contrastados con soportes externos, evidenciaron una contabilidad incompleta. El primero es el de testigos electorales, una de las estructuras más costosas de la jornada electoral. Según la ponencia del CNE, ese componente –que abarca logística, coordinación y operación el día de la votación– no se reportó de manera completa en los informes oficiales de la campaña, aunque implicaba una movilización nacional que debía reflejarse en los topes. A ese rubro se suman gastos asociados a transporte aéreo, entre ellos el uso de aeronaves durante la campaña, cuyos costos no aparecen con claridad en la contabilidad presentada. También figuran eventos masivos y actividades proselitistas que, según el cruce de información hecho por el CNE, tuvieron un costo superior al registrado o no fueron incorporados en tiempo real en los reportes.

El segundo bloque de irregularidades se basa en la forma en que esos gastos fueron registrados. La investigación financiera advierte que hubo subregistro y reporte extemporáneo de operaciones; es decir, gastos que se declararon después o por valores inferiores a los realmente ejecutados. En otros casos, el CNE identificó pagos que no quedaron asociados correctamente a la campaña, lo que impidió que fueran contabilizados dentro del límite legal. Esa combinación –gastos omitidos, subestimados o registrados fuera de tiempo– construye la cifra final: 3.043 millones de pesos por encima del tope permitido, 2.447 millones en primera vuelta y 596 millones en segunda. La Fiscalía se referirá sobre esa sumatoria de gastos el próximo miércoles. 

Lo que queda pendiente en la Fiscalía

La imputación contra Ricardo Roa no cierra el caso de la campaña presidencial porque, como lo informó la entidad, en el inicio de la administración de Luz Adriana Camargo tienen más de seis líneas abiertas. Por ahora, la Fiscalía decidió avanzar por el exceso de gasto –los 3.043 millones de pesos que habrían superado los topes legales– y dejar en suspenso un capítulo que el Consejo Nacional Electoral ya había advertido: la posible financiación con fuentes prohibidas. Ese frente tiene un episodio concreto que sigue sin resolverse y que aparece documentado en el expediente electoral: el uso de un avión durante la campaña presidencial de 2022.

Según lo que consta en esa investigación, la campaña utilizó un avión tipo Beechcraft King Air 350, vinculado al empresario Hernando Sánchez, para varios desplazamientos en plena contienda electoral. El punto no es el uso del avión –que puede ser legítimo dentro de la dinámica de una campaña– sino la forma en que ese servicio fue financiado y reportado. El Consejo Nacional Electoral dejó planteada una duda que, hasta hoy, no ha sido despejada: no existe trazabilidad completa sobre quién asumió los costos de esos vuelos, ni bajo qué figura fueron incorporados en la contabilidad oficial de la campaña. No es un vacío menor. En materia electoral, cada servicio –más aún uno de alto costo como el transporte aéreo– debe estar plenamente soportado: quién lo pagó, cuánto costó y cómo se registró.

Ahí está el punto crítico del expediente. Si ese servicio fue asumido por un tercero y no quedó reportado como donación en especie, o si provino de una fuente que la ley prohíbe financiar campañas, no sería un error contable sino de un ingreso irregular. En términos simples: no solo importa cuánto se gastó, sino quién puso el dinero –o el servicio– y bajo qué condiciones entró a la campaña.

No es el único capítulo que la Fiscalía tiene abierto por la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Con el inicio de la administración de la fiscal Camargo, se conoció que el ente acusador mantiene seis líneas de investigación activas sobre la financiación de esa aspiración presidencial. La primera involucra a la vicepresidenta, Francia Márquez, y se centra en la verificación de donaciones de organizaciones sociales que habrían apoyado su campaña y la de Petro sin quedar plenamente reportadas en la contabilidad oficial. La segunda línea apunta al hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y se enfoca en su presunto papel en la coordinación de vuelos y logística aérea, un frente que busca establecer quién financió esos desplazamientos y si fueron registrados conforme a la ley. La tercera indagación se concentra en los aportes de Fecode, particularmente en recursos que, según las autoridades, no habrían sido reportados de manera adecuada dentro de los informes de campaña.

La cuarta línea involucra a ministro Armando Benedetti, a partir de los audios en los que se refiere a la entrada de dineros a la campaña que no habrían sido declarados, lo que abrió una verificación sobre la posible existencia de recursos por fuera de la contabilidad oficial. La quinta investigación se dirige a los aportes atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO), cuyo origen, monto y forma de registro están bajo análisis para determinar si se ajustaron a las reglas del financiamiento electoral. Y la sexta línea –la más amplia– agrupa apoyos logísticos y operativos utilizados durante la campaña, como transporte, movilización y servicios, cuyo financiamiento no está plenamente acreditado en los reportes entregados al sistema electoral. 

Sea como sea, la audiencia de imputación del 8 de abril marcará un punto de inflexión, pero no el final de la historia. Por primera vez, la financiación de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder entra de lleno al terreno penal. Lo que hasta ahora había sido una discusión administrativa –en el Consejo Nacional Electoral– pasará a ser un proceso judicial en el que la Fiscalía deberá demostrar si el gerente de esa campaña permitió que se desbordaran los límites legales de gasto. 

Pero el expediente llega incompleto. La Fiscalía decidió empezar por la violación de topes –un cargo delimitado y cuantificable– mientras mantiene en reserva el capítulo más complejo: el del origen de los recursos.