El último pulso fiscal entre el Gobierno y el Congreso: ¿por qué Gustavo Petro insiste en una nueva reforma tributaria en plena campaña?
Solo una de las tres reformas tributarias que ha presentado el actual Gobierno han completado su trámite ante su Gobierno
La cuarta reforma tributaria presentada por el actual Gobierno llegará al Congreso en un momento político adverso para su aprobación. Sin mayorías, con la campaña electoral en marcha y a un par de meses del final de su mandato, el presidente Petro vuelve a poner sobre la mesa una iniciativa que provocará una nueva disputa con el Capitolio.
Por: Jonathan Beltrán
La recta final de los periodos presidenciales suele traducirse en un Congreso de baja intensidad: plenarias con escasa asistencia, sesiones levantadas por falta de quorum y bancadas concentradas en la campaña electoral. En 2026, con la mayoría de los partidos ya alineados alrededor de las candidaturas, ese clima pone cuesta arriba cualquier reforma de alto impacto. Aun así, será en ese escenario donde el Gobierno de Gustavo Petro intentará iniciar la discusión de su cuarta tributaria.
El 3 de noviembre de 2022, con las mayorías consolidadas en el inicio de su mandato, el jefe de Estado lideró la aprobación de la primera reforma tributaria de su administración. Con José Antonio Ocampo al frente del Ministerio de Hacienda, el primer Gobierno de izquierda logró tras tres meses de discusión convertir en ley una iniciativa que prometía recaudar 20 billones de pesos. Sin embargo, la fotografía de consenso que marcó el arranque del mandato comenzó a resquebrajarse con rapidez.
Las mayorías que acompañaron al Gobierno de Petro en sus primeros meses se fueron diluyendo en el Congreso, al tiempo que sus ambiciosos objetivos de financiamiento se hicieron cada vez más difíciles de alcanzar. El debilitamiento de coaliciones en el Capitolio derivó en el hundimiento de la ley de financiamiento con la que el entonces ministro Ricardo Bonilla, ahora procesado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, buscaba garantizar el recaudo de 12 billones de pesos.
Lejos de moderar sus aspiraciones, el Gobierno volvió a intentarlo en 2025. En septiembre de ese año promovió una nueva reforma tributaria con la que buscaba obtener 26,3 billones de pesos, una cifra que, ante la falta de ambiente político, terminó siendo reducida en 10 billones durante la discusión preliminar. Ni siquiera ese recorte logró destrabar el proyecto: la iniciativa volvió a fracasar en el Congreso, confirmando las dificultades del Ejecutivo para construir consensos alrededor de su agenda fiscal.
Ante ese nuevo revés, el presidente Petro optó por una vía alterna: la declaratoria de emergencia económica. Bajo el amparo de esa figura, el Gobierno nacional implementó varias de las medidas centrales contempladas en la reforma que naufragó. Pero la Corte Constitucional volvió a cerrarle el paso tras dejar sin piso jurídico sus iniciativas.
El difícil camino de la nueva reforma tributaria del Gobierno de Petro
El presidente Petro anunció que el próximo 20 de junio radicará ante el Congreso una nueva reforma tributaria, la cuarta de su administración. El anuncio estuvo acompañado de una advertencia: si el Legislativo no aprueba la iniciativa, su administración recortará programas que hoy se destinan a sectores con mayor capacidad económica. Con su decisión, el mandatario confirmó su intención de insistir en una nueva apuesta fiscal y volvió a trasladar al Capitolio la presión sobre el futuro presupuestal del país.
Congresistas aliados y opositores del Gobierno de Petro consultados por CAMBIO coinciden en un mismo diagnóstico: el camino de la reforma tributaria será muy complejo y todo apunta a que se sumaría a la lista de proyectos que han quedado a mitad de camino durante este Gobierno. Pero las razones del escepticismo cambian según la bancada. Para los sectores cercanos al Ejecutivo, se trata de una nueva muestra de la resistencia del Congreso a responder a la presión fiscal del Estado. Para la oposición, en cambio, la propuesta amenaza con trasladar nuevas cargas tributarias a sectores económicos.
Una de las voces que anticipa ese desenlace es Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, quien sostiene que el Gobierno no cuenta hoy con el respaldo suficiente para sacar adelante una iniciativa de este calibre. En conversación con CAMBIO, la congresista advirtió que una nueva reforma en plena campaña electoral difícilmente encontrará eco en un Capitolio volcado a las urnas y reacio a aprobar medidas que puedan afectar el bolsillo de los colombianos.
“El déficit fiscal se ha venido ampliando año tras año. El Gobierno nacional se ha venido endeudando y ha tomado decisiones de política económica difíciles de sostener, que podrían representar réditos electorales, pero también podrían producir efectos negativos para el desarrollo económico en el próximo cuatrienio”, explicó la representante de la Alianza Verde.
El escepticismo frente a la nueva tributaria ya empezó a traducirse en posiciones concretas. Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, anunció desde ya que su colectividad votará en contra del eventual proyecto. Pero las alertas no provienen solo de la oposición: el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, también advirtió que no comparte la idea de tramitar una nueva reforma sin que antes exista un plan claro de ajuste de las cuentas públicas.
La reforma tributaria en tiempos de urnas: ¿por qué insistir en el proyecto en plena campaña?
Más que anunciar una nueva apuesta fiscal, el presidente Gustavo Petro pareció abrir un nuevo capítulo de confrontación política en plena campaña. Al confirmar su intención de radicar su cuarta reforma tributaria, el mandatario sostuvo que la iniciativa también servirá para que el país y los electores identifiquen con nombre propio a los congresistas que decidan oponerse al proyecto. “Aún hay que dar una última oportunidad, que es presentar al Congreso actual la reforma tributaria”, insistió.
Una lectura similar planteó Paulino Riascos, senador elegido por el Pacto Histórico que se apartó de esa colectividad a comienzos de 2025. En diálogo con CAMBIO, el congresista reconoció que la justificación del Gobierno apunta a la necesidad de conseguir recursos para financiar programas sociales, pero advirtió que la coincidencia temporal de la iniciativa con la campaña electoral, sumada a las tensiones previas entre el Ejecutivo y el Legislativo, abre interrogantes sobre la verdadera conveniencia política de insistir en este momento.
“El pueblo colombiano está asfixiado con la carga tributaria actual. Desde mi experiencia en el Legislativo, es poco probable evidenciar un avance significativo en tan corto tiempo, debido a que es un tema sensible que requiere un estudio profundo y un ánimo de concertación difícil de obtener en medio de las campañas electorales”, reiteró el senador.
La senadora Angélica Lozano también considera que la insistencia del Ejecutivo en una nueva reforma tributaria apunta a reactivar su confrontación con el Congreso, en un momento en que la campaña presidencial entra en su fase decisiva. La apuesta, según esa lectura, sería convertir el eventual hundimiento del proyecto en un nuevo argumento para movilizar a un electorado que durante estos años ha cuestionado los bloqueos del Legislativo a las principales reformas sociales impulsadas desde la Casa de Nariño.
En la otra orilla, voces del Pacto Histórico rechazan la idea de que se trate de una jugada de campaña. Para su bancada, el deterioro de las finanzas públicas se ha agudizado por los repetidos cierres del Congreso a las iniciativas de recaudo impulsadas por el Ejecutivo. Bajo esa lectura, la nueva tributaria no solo buscaría aliviar la caja en el corto plazo, sino comenzar a ordenar unas cuentas que heredará el próximo gobierno.
El pulso final entre el Gobierno de Petro y el Congreso por la reforma tributaria
Las tensiones entre la Casa de Nariño y el Capitolio se han ido agudizando en las últimas legislaturas, hasta convertir su relación en uno de los ejes centrales del cierre del mandato y de la actual campaña presidencial. Lo que comenzó como el desgaste natural de unas mayorías iniciales terminó escalando a un pulso político abierto: el presidente ha promovido movilizaciones en respuesta a decisiones adversas e incluso ha puesto sobre la mesa la idea de una eventual asamblea constituyente.
Más allá de las disputas entre el Ejecutivo y el Congreso, informes de organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que las finanzas públicas enfrentan un momento de alta presión. De hecho, un reciente reporte de la Contraloría reveló que el servicio de la deuda en 2025 ascendió a 105 billones de pesos, equivalentes al 23 por ciento del gasto total, frente a los 83 billones registrados en 2024.
A ese complejo panorama se suma otro frente de tensión institucional: la disputa entre el Gobierno nacional y el Banco de la República. La reciente decisión de la Junta Directiva de elevar nuevamente las tasas de interés hasta 11,25 por ciento desencadenó un choque sin precedentes con la Casa de Nariño, al punto de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la sesión y el Gobierno habló de un “divorcio institucional” con el banco central.
“En este momento tan decisivo para las finanzas públicas, todo apunta a una estrategia electoral para profundizar una narrativa de que la crisis fiscal es culpa de otros actores y no de decisiones del actual Gobierno. Esta nueva reforma nace muerta. Tiene más futuro la semana pasada”, explicó a CAMBIO la representante Catherine Juvinao.
Lea los comentarios
