Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador Alirio Barrera por presunto acto sexual
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente una investigación contra el senador del Centro Democrático por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como gobernador del Casanare.
Por: Juan David Cano
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Alirio Barrera Rodríguez, del Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento. El proceso quedó a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda.
Los hechos se remontan a 2016, cuando Barrera Rodríguez ejercía como gobernador del Casanare. “La denunciante señaló que buscó al entonces mandatario departamental para buscar su apoyo para un evento de juventudes cristianas y fue recibida en su despacho en donde se registró la agresión”, explicó la Sala de Instrucción.
La denunciante le relató a CAMBIO que el entonces gobernador la tomó de las manos y la besó a la fuerza. Tras el episodio, le entregó 400.000 pesos para la actividad que ella había ido a gestionar. “Salí de esa oficina pálida, temblando, y lo primero que pensé fue: 'Esto no lo puede saber nadie'”, dijo.
Sandra* guardó silencio durante una década por miedo a perder su empleo y a posibles represalias. Fue solo a comienzos de 2026 cuando, acompañada de su familia, decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía Regional del Casanare, que posteriormente remitió el proceso a la Corte Suprema de Justicia.
Equipo de Alirio Barrera calificó la denuncia por supuesto acoso sexual como persecución
El equipo del senador Barrera fue notificado del proceso el 26 de marzo. En conversación con CAMBIO, calificaron la denuncia como una “persecución de campaña” y la vincularon a Jorge Enrique Ortiz, conocido como Segurito, un exaliado político convertido en su principal detractor en el departamento, quien figura como denunciante en la radicación original ante la Fiscalía.
“Lo más probable es que sea una persecución de campaña en Casanare (…) es una persecución de Segurito. Estamos tranquilos porque sabemos que es para hacer bulla. Al senador lo van a seguir atacando por su cercanía a Paloma Valencia”, agregaron desde el equipo de Barrera.
El equipo jurídico del senador precisó que la investigación se encuentra en etapa inicial bajo la Ley 600 y que “es importante precisar que una denuncia por sí sola no constituye prueba. A la fecha no existe evidencia objetiva conocida que corrobore los hechos mencionados”, añadieron.
La denunciante, por su parte, reconoció el peso político que rodea el caso, pero insistió en la veracidad de su testimonio. “Sé que el apoyo de él (Jorge Enrique Ortiz) puede generar comentarios y que el senador se va a excusar en que es un ataque político. Pero yo sé que lo que digo es verdad, al punto de que no quise hacerlo público antes de las elecciones porque no me interesa”, dijo.
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