La Fiscalía desistió de solicitar medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero

Este martes 11 de marzo se había citado, por segunda vez, la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por el escándalo del diploma falso de contadora pública con el que la exfuncionaria buscó posesionarse como viceministra de Juventudes, ante el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, la diligencia tampoco pudo realizarse.

A través de un correo electrónico la joven política solicitó un “último” aplazamiento argumentando que no ha podido encontrar un abogado de su confianza para que la represente en la diligencia. La fiscal del caso accedió al aplazamiento porque dijo que era indispensable que la audiencia se hiciera en contra de los dos citados y no de manera individual. Además, hubo un punto de absoluta trascendencia en la audiencia: la fiscal también anunció que desistió de solicitar medida de aseguramiento en el lugar de domicilio. Es decir, Guerrero y Gutiérrez podrán enfrentar su proceso en libertad.

Hace ocho meses el país conoció las irregularidades en el título profesional de Guerrero, luego de que CAMBIO revelara que en la página oficial de la Presidencia aparecían dos hojas de vida distintas con información contradictoria sobre su formación académica. El escándalo desató una tormenta política dentro del Gobierno y terminó con la salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) de Angie Rodríguez, entonces directora de esa entidad. Aquí usted puede leer la historia completa.

Desde entonces, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si los títulos que Guerrero presentó para cumplir los requisitos del cargo fueron obtenidos de manera irregular. La indagación se concentró en los diplomas de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que la funcionaria acreditó ante el Ministerio de la Igualdad y Equidad.

Los investigadores pusieron la lupa sobre la Fundación San José, institución educativa en la que se habrían expedido los títulos. Según la Fiscalía, decenas de personas —entre ellas funcionarios y contratistas públicos— habrían obtenido certificaciones académicas en condiciones que no cumplirían los requisitos exigidos por la ley, como la presentación de las pruebas Saber Pro o la asistencia regular a clases.

Documentos oficiales de la Dian también llamaron la atención de los investigadores. Según esos registros, algunos pagos asociados a la expedición de los títulos habrían sido facturados cuando los documentos académicos ya habían sido emitidos, un procedimiento que contradice el orden académico habitual en este tipo de programas.

Con base en las pruebas recaudadas, la Fiscalía concluyó que los títulos expedidos en favor de Guerrero y de otro implicado habrían sido utilizados posteriormente como soporte documental dentro de un trámite administrativo ante una entidad pública, lo que dio lugar a la investigación penal. En febrero pasado, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, anunció que el ente acusador ya contaba con los elementos materiales probatorios y la evidencia física necesarios para llevar el caso ante un juez de control de garantías, encargado de definir si se formaliza la imputación de cargos. En ese momento, la funcionaria había anunciado que solicitaría medida de aseguramiento en lugar de domicilio contra los investigados. 

Sin embargo, hoy, la Fiscalía informó que se echaron para atrás, que decidió no pedir esa medida porque no se cumplen con los requisitos de ley y así, los implicados enfrentarán el proceso en libertad mientras avanza la investigación.