Gustavo Petro no borrará ninguna de sus críticas contra el sistema electoral, anuncia su abogado

A través de su abogado Alejandro Carranza y de la ingeniera Liliana del Pilar Zambrano, el presidente de la República Gustavo Petro se defendió este viernes en una diligencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que estudia una acción popular con la que se pretende que se imponga un límite a los comentarios que él ha hecho en contra de la organización electoral y en los que ha alertado sobre un posible fraude. 

“Mi representado no va a retirar ninguna de las afirmaciones que ha hecho ni va a renunciar a su derecho de alertar a la ciudadanía”, sentenció el defensor Carranza, minutos después de que el viceprocurador general Julián Andrés Fernández cuestionara un comentario del presidente en la plataforma X en el que “acusó” al procurador de “estar orquestando un fraude”.

“El registrador y procurador están muy bravos conmigo y buscan que un juez me censure (…) La Procuraduría me quiere silenciar por orden judicial para que no hable de esta empresa y su software de elecciones no auditado (…) Estamos ante un trato de fraude así el procurador de la nación no sepa”, publicó el presidente el 12 de marzo.

El Tribunal estudia una demanda del abogado Ramiro Bejarano en la que alega una vulneración de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que “ha reiterado públicamente su desconfianza respecto de la transparencia del sistema electoral colombiano, sin aportar evidencias que sustenten tal preocupación”.

La demanda de Bejarano persigue que se adopten las acciones necesarias para “cesar la amenaza y evitar un daño contingente” por comentarios como los que ha hecho el presidente en el siguiente sentido: “desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026” o “la empresa que era propietaria privada del software era Thomas and Gregg, y extrañamente, con pliego de condiciones amañado, ahora la trasladan a manejar el kit electoral”, publicados en julio de 2025.

La defensa del presidente y las voces de un posible fraude

Al respecto, el abogado Carranza advirtió que los comentarios que públicamente ha hecho el presidente, desde que se posesionó en 2022, se han referido exclusivamente a un fallo del Consejo de Estado del año 2018 que tumbó tres curules de distintos partidos para que retornaran al partido Mira.

“El 8 de febrero de 2018 la sección quinta del Consejo de Estado declaró parcialmente nula las elecciones de 2014 (…) 1.412 mesas saboteadas, 236.500 votos excluidos, 3 curules robadas al partido Mira”, declaró el defensor del presidente.

“El cumplimiento del fallo electoral de 2018 ordenó un software propio, no de Thomas Greg, no de ningún particular al que nos toque rogarle 3 días que por favor nos deje mirar para ver cómo se protege la democracia (…) un software trazable, auditable, independiente de intereses privados. El señor presidente ha reclamado eso públicamente desde 2022”, añadió Carranza.

La decisión del Consejo de Estado, en efecto, conmina a la Organización Electoral para que “adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad desde el escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección”.

“En estos momentos no tenemos una auditoría completa que nos permita decir que ha auditado todas las líneas de código del software. No es público, no tenemos acceso, no existe una arquitectura de datos que nosotros hayamos podido conocer. Se ha manifestado que los partidos tuvieron la oportunidad de hacer la auditoría”, puntualizó la ingeniera Liliana Zambrano.

El Tribunal deberá definir si, como lo pidió la Procuraduría, dicta o no una medida cautelar con la que se conmine al presidente a cesar sus comentarios contra la Registraduría y el software electoral.