
Fiscalía declara de lesa humanidad la tortura y desaparición forzada de Nydia Erika Bautista: un paso tras 38 años de impunidad
Los crímenes cometidos contra Nydia Erika Bautista, perpetrados el 30 de agosto de 1987, originaron una lucha política y judicial que aún hoy sigue. “Esta decisión rompe, al menos en parte, el largo pacto de silencio”, indicó la Fundación que lleva su nombre y que trabaja por los desaparecidos en el país.
“Los hechos relacionados con la desaparición, tortura y homicidio de Nydia Erika Bautista se encuentran ampliamente verificados todos y cada uno de los requisitos establecidos para caracterizarlos como delito de lesa humanidad”. En una decisión de 80 páginas, la Fiscalía 69 Especializada de la Dirección contra las violaciones a los derechos humanos declaró imprescriptible el crimen contra la militante del M-19, perpetrado por agentes del Estado el 30 de agosto de 1987.
Se trata de una decisión clave en la búsqueda de justicia de uno de los casos tristemente significativos en materia de desaparición forzada en el país: el secuestro y desaparición de Bautista no solo llevó a la creación de una de las primeras organizaciones que velaban por los desparecidos, un crimen atroz que solo se convirtió en delito en el año 2000, luego de años de activísimo de múltiples sectores.
Nydia Erika nació en 1954 en Bogotá en un hogar con seis hermanos. Hacía trabajo comunitario, activismo y militaba en el M-19 en plena época del Estatuto de Seguridad, que sirvió como excusa para múltiples violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y homicidios de personas que ‘olieran’ a izquierda. La mujer fue primero detenida un año antes en la Tercera Brigada del Ejército en donde fue torturada y luego su desaparición se consumó, según testimonios, por parte de integrantes de la Brigada 20 del Ejército, la infame unidad militar.
El cuerpo de Nydia Erika fue encontrado el 13 de septiembre de 1987 en zona rural de Guayabetal, en la vía que de Bogotá va a Villavicencio. Tenía los ojos vendados, las manos atadas, tenía un vestido blanco, no tenía ropa interior y tenía signos de haber recibido un disparo en la cabeza. Fue inhumada. Su identificación se realizó en julio de 1990 luego que el sargento Bernardo Garzón Garzón, integrante de inteligencia de la Brigada 20, se presentara en enero de 1991 ante la Procuraduría para hablar de varios casos de desaparición cometidos por militares.
Garzón Garzón quien trabajó en el Batallón Charry Solano y estuvo infiltrado en las Farc y en el M-19 dijo en su momento que el comandante de la unidad Álvaro Velandia tuvo conocimiento del hecho y que lo aprobó. El oficial habló igualmente del caso de Guillermo Marín quien sobrevivió a un intento de desaparición en abril 1986 y del caso de Avelino Rodríguez, también asesinado en la misma zona en donde fue víctima Bautista.
La justicia no ha llegado 38 años y medio después. En agosto serán 20 años. La decisión que declara su crimen como de lesa humanidad enmarca el hecho en una serie de agresiones a militantes del M-19 que fueron generalizados y sistemáticos y que se presentaron por motivos discriminatorios “dado la posición política que ostentaban para el momento, en oposición al gobierno de turno, en los cuales no creían y fue precisamente estas posiciones ideológicas los que los convirtieron en objetivo de las Fuerzas Militares, aun cuando estos hicieran parte de la población civil, dado que no participaban de las hostilidades presentadas entre estas organizaciones subversivas y los miembros del estamento militar”.
La decisión señala que Bautista “fue objeto de varios ataques por miembros de inteligencia del estamento militar, el cual se tradujo en seguimientos, capturas ilegales, desaparición, tortura y homicidio, entre otros, fue sometida a tratos crueles e inhumanos de carácter físico y psicológico, a violencia sexual y finalmente se le cegó su vida mediante disparo de arma de fuego propinados en la cabeza configurándose una ejecución extrajudicial por parte del aparato militar”.

Según la Fiscalía, el hecho de que Bautista militara en el M-19 no puede usarse para justificar el crimen pues, sí ella incurrió en algún delito -hecho que nunca se ha señalado-se le privó de un juicio y en cambio fue ejecutada y desaparecida. Además, se probó que la mujer hacía labor comunitaria con mujeres y niños en sectores vulnerables de Bogotá. En ese sentido, la Fiscalía encontró que el crimen perpetrado en el marco de una discriminación política.
“Una de las situaciones que evidencia el hecho de que los miembros de inteligencia que ejecutaron estos hechos sabían de la ilegalidad de los mismos, lo constituye el hecho de que ellos previamente concebían acciones encaminadas a ocultar sus acciones, ya fuera alterando registro, creando documentos, desapareciendo objetos con los que cometían sus conductas ilegales, cambiando las placas de los vehículos en los que retenían a las víctimas, presentando testigos falsos para desviar las investigaciones”, indicó la Fiscalía.
Esa decisión tiene varios elementos llamativos, pues reseña testimonios que apuntan a que Irma Franco, guerrillera que salió con vida del ataque al Palacio de Justicia, fue llevada a la Brigada 20, torturada con cables eléctricos, la asesinaron y la enterraron en las lomas de la Brigada. Información similar fue entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz por el testigo José Leonario Dorado, como ha documentado CAMBIO. En la zona se hace una excavación.
Tras dar a conocer la decisión, la Fundación Nydia Erika Bautista señaló que la declaratoria de lesa humanidad “no borra el horror ni devuelve su vida, pero sí rompe, al menos en parte, el largo pacto de silencio, negación y revictimización que durante décadas quiso sepultar la verdad por lo que no es solo una victoria jurídica. Es la reivindicación de una verdad que la familia Bautista Montañez sostuvo durante décadas frente a una justicia que nos cerró las puertas, nos revictimizó y quiso condenarnos al silencio”.
“Nos dijeron que no había camino. Nos enfrentamos a una investigación precluida desde 2004, a una institucionalidad incapaz, negligente y renuente a reconocer la responsabilidad estatal, y a una justicia que se negó por demasiado tiempo a nombrar la violencia sexual como parte de la tortura. Pero nunca dejamos de insistir en lo que sabíamos: que Nydia Erika no solo fue desaparecida y asesinada, sino también perseguida por aparatos de inteligencia militar, sometida a tortura y víctima de violencias basadas en género en el marco de esa sevicia”, agregó la Fundación.
La organización destacó que esta declaratoria de la Fiscalía tiene un sentido profundamente político, jurídico y ético porque no solo honra la memoria de Nydia Erika, sino que “también nombra aquello que durante años el Estado se negó a investigar: que las violencias basadas en género y la violencia sexual hicieron parte de los repertorios de persecución y castigo desplegados contra mujeres consideradas enemigas por la inteligencia militar”.
“Esta declaratoria no cierra la herida. Pero sí reivindica una lucha familiar, política y jurídica de décadas. Honra la memoria de Nydia Erika, la fuerza de Yanette Bautista y la persistencia de quienes nos negamos a aceptar la impunidad como destino. Es un paso de justicia para ella, para nuestra familia y para todas las mujeres cuyas violencias fueron silenciadas. Porque la verdad tardó, pero llegó. Y ahora le corresponde al Estado garantizar que llegue completa, con justicia plena, memoria y garantías de no repetición”.
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