Emilio Tapia salpicó a Karen Abudinen: CAMBIO revela el interrogatorio oculto en el que habló de la exministra

El 9 de diciembre de 2020, en una oficina de la calle 93 en el norte de Bogotá, una camarilla de empresarios celebró, con exquisitos tragos de Johnnie Walker Sello Azul, su victoria en el billonario contrato público que, más tarde, el país recordaría como uno de los más duros escándalos de corrupción en el gobierno de Iván Duque Márquez. 

La botella, de más de un millón de pesos, se destapó en una oficina del cuestionado empresario Emilio Tapia Aldana, 15 minutos después de que él y sus socios fueran ungidos con la adjudicación de un contrato por un billón setenta y dos mil millones de pesos ($1.072.552.301.405) que ofertó el Ministerio de las TIC.

En la noche, la fiesta por la adjudicación del ambicioso proceso para la conectividad de las escuelas rurales colombianas se trasladó a un restaurante japonés de autor, en un salón privado donde se degustaron bocadillos en una mesa en la que se destaparon las cartas de una supuesta traición.  

Esa noche, en un país que comenzaba a reponerse por el levantamiento de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, departieron el dos veces condenado Emilio Tapia y su socio Juan Carlos Cáceres Bayona. CAMBIO conoció un explosivo testimonio que advierte de que también habría estado presente un enigmático empresario identificado como Hugo Buitrago, quien habría ejercido una misión en la sombra para la Unión Temporal Centros Poblados.

Lo que pasó esa noche y en los días previos a la adjudicación del escandaloso contrato que entregó el Ministerio de las Tic, en cabeza de la barranquillera Karen Abudinen Abuchaibe, fue relatado por Emilio Tapia a finales de 2021 ante la Fiscalía General de la Nación, para ese momento liderada por Francisco Barbosa Delgado, antiguo compañero de estudios del presidente Duque en la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

CAMBIO accedió a los interrogatorios rendidos por Tapia y Cáceres —señalados como el ejecutor y el ‘cerebro’ del escándalo de corrupción— en torno al billonario contrato que obtuvieron mediante maniobras irregulares y certificaciones falsas, y del cual lograron apropiarse de un anticipo nada despreciable: 70.243 millones de pesos. 

Los interrogatorios revelan un episodio hasta ahora oculto para el país: la supuesta mediación exitosa del empresario Hugo Buitrago, quien habría actuado como lobista entre Tapia y la exministra de las TIC Karen Abudinen, de acuerdo con lo que Tapia les contó a los funcionarios judiciales. Y también develan la supuesta gestión fallida de otro lobista a quien Tapia identificó como El Guajiro que, de acuerdo con su testimonio, supuestamente se relacionaba con la madre de la exministra, Jousetti Abuchaibe, quien falleció en mayo de 2021 producto del Covid-19.

“Generalmente cuando Hugo tenía reuniones con la ministra él me decía en los chats que él se iba a reunir con ella y, cuando terminaba la reunión, él me llamaba o me decía que debíamos reunirnos, porque los temas que trataba con la ministra los charlábamos personalmente”, reveló Tapia ante el investigador Juan Carlos Pinzón y ante el fiscal Carlos Steven Tacha.

Desde el ente acusador le advirtieron a CAMBIO que una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia indaga este capítulo sobre los presuntos lobistas y la exministra, cuya veracidad no se ha comprobado. Pero, al parecer, se ha avanzado poco al respecto, pues han pasado cinco años desde que se mencionaron esos hechos sin que se haya adoptado una decisión de archivo o de imputación. 

En contraste, otras fuentes le dijeron a este medio que la Fiscalía no se habría interesado en esta línea de investigación y que habrían rechazado las pruebas que Tapia les ofreció en su búsqueda de beneficios jurídicos.

La labor para fraccionar la licitación

El 25 de noviembre de 2021, Emilio Tapia, el contratista sahagunense que para esa época ya cargaba una condena de siete años de prisión por el carrusel de la contratación de Bogotá, rindió un interrogatorio ante la Fiscalía, poco después de haber sido descubierto por la periodista Paola Herrera como el cerebro detrás de las empresas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados.

En dicho interrogatorio, Tapia entregó información clave sobre la aparente gestión “exitosa” del empresario Hugo Buitrago con la ministra Abudinen. Tapia también habló de otro lobista, El Guajiro. Según él, esta otra persona trabajaba para su socio Juan Carlos Cáceres y habría actuado como emisario con la madre de Abudinen, pero en vano, pues Tapia destacó, enfáticamente, que “esa gestión no se logró hacer”.

El contratista afirmó que Buitrago fue un actor crucial para lograr, en primera medida, que la licitación para la conectividad de las escuelas se fraccionara en dos sectores. Este punto es llamativo pues, previo al aterrizaje de Abudinen en el Ministerio de las Tic, en mayo de 2020, el proceso para la conectividad de las escuelas rurales había sido estructurado para que se contratara a un solo oferente, no a dos. Con la llegada de Abudinen se ofertaron dos lotes.

“Como este proyecto de centros digitales del Mintic no era de mi principal interés cuando me lo plantea el señor Juan Carlos Cáceres, él me dice que el proyecto es un solo contrato por 2.3 billones de pesos, pero que había que hacer una gestión para que el proyecto se dividiera en tres o cuatro grupos, porque de esa manera era más tranquila la adjudicación, no iba a tener muchos ojos encima”, relató Tapia.

El cuestionado contratista señaló que aceptó la mediación de Buitrago y que le ofreció una participación en el contrato de Centros Poblados si concretaba la misión de fraccionar la licitación. “Buitrago me dijo que eso podía hacerlo y que debe hacer la gestión para lograr eso y yo le confirmo que eso sería ideal y él me dice que eso lo puede lograr directamente con la señora ministra (...) y que él hacía la tarea con la ministra porque él tenía una comida en la casa de la ministra”.

“Hugo iba a lograr que el contrato se partiera en varias zonas, empezamos con Hugo a elaborar las propuestas (…) la ministra estuvo de acuerdo con el fraccionamiento del contrato en varias zonas, según Hugo. Hugo se reunió con el procurador para que él colaborara con la gestión ante la ministra y viabilizar la segmentación del contrato”, añadió Tapia.

Tapia dijo que acordó con su socio Cáceres que, si la gestión de Buitrago funcionaba, podrían hacer una alianza estratégica con él. “Hugo me informa que la ministra le dijo que ese proyecto solo se podía dividir en dos grupos. El acuerdo iba a ser así, la zona A y la zona B. Y nos presentamos a las dos zonas y si cada uno ganaba una, quedaba igual, pero si uno de los dos ganaba una, era 50 y 50”, añadió Tapia.

El contratista aseguró que, cuando se cambiaron los términos de la licitación, se corroboró la gestión de Buitrago y además contó que, supuestamente y según le reveló Buitrago, el entonces procurador general Fernando Carrillo Flórez le habría colaborado en tal propósito. 

“Inicialmente los pliegos marco que fueron declarados desiertos donde se tenía que estos eran un solo grupo. Después se tiene que se inicia de nuevo el proceso y se da nuevamente unos prepliegos con dos grupos o zonas. En ese momento se corrobora la gestión de Hugo Buitrago, quien además de reunirse con la ministra en la casa de ella y en otras partes posiblemente, en una ocasión se reunió con el exprocurador Fernando Carrillo, de lo cual yo tengo evidencias en los chats con él donde se aprecia que Hugo me decía que se iba a reunir con el Dr. Carrillo, incluso me envió una fotografía en la cual estaba reunido con él”, señaló Tapia.

“Después de la presentación de las propuestas seguimos pidiendo información a Hugo, qué se sabe del proceso, de quién se iba a quedar y a quienes iban a eliminar (...) le dije a Hugo que le transmitiera a la ministra que estos proponentes tienen problemas y que tienen que salir de la licitación”, añadió Tapia.

El supuesto compromiso con la ministra

Tapia afirmó que Hugo Buitrago actuó como un ‘lleva y trae’ de información sobre la billonaria licitación y que, tanto él como El Guajiro, afirmaron que la ministra y su madre pretendían un porcentaje, en caso de que su estructura ganara la billonaria licitación.

“Seguimos pidiendo información a Hugo especialmente con temas de la calificación, incluso me dijo que él se reunía en la casa de la ministra para obtener información privilegiada del proceso de evaluación. Actividad que paralelamente estaba haciendo el Guajiro con la mamá de la ministra quienes aparentemente estaban pidiendo el 5 por ciento para ellas, actividad hecha a petición de Juan Carlos Cáceres Bayona con la mamá de la ministra”, manifestó Tapia Aldana.

El contratista, quien sostiene una relación conyugal con la representante a la Cámara Saray Robayo, también comentó por qué cuestionaron la credibilidad del Guajiro, quien había solicitado un 5 por ciento del valor del proyecto por sus supuestas gestiones con Jousetti Abuchaibe.

“Durante el proceso Juan Carlos Cáceres Bayona me dijo que el Guajiro le había dicho que cuánto era al fin la cantidad de dinero que se le iba a dar a la mamá de la ministra, pero para esto yo le dije que tenía que verificar de alguna forma qué era lo que el Guajiro realmente estaba haciendo, porque yo para ese momento sentía que ese Guajiro no había hecho nada”, dijo Tapia, señalando que Cáceres Bayona pensaba igual sobre la gestión del lobista.

Tapia también le relató al fiscal Carlos Steven Tacha sobre el episodio de celebración de la adjudicación del segundo lote del contrato de los centros digitales con la costosa botella de Johnnie Walker. “Un día o dos días antes a la adjudicación, Hugo me había dicho que nosotros habíamos hecho una mejor propuesta, finalmente adjudicaron y a los 15 minutos de la adjudicación llegó Hugo a la oficina con una botella de Sello Azul y nos felicitó”, añadió en su testimonio.

A su manera, y sin mencionar sobre la supuesta presencia de Buitrago, Juan Carlos Cáceres confirmó —en uno de los interrogatorios que rindió ante la Fiscalía—, la existencia de la misma celebración por la adjudicación, con el trago de whisky, y sobre la cena que sostuvieron ese mismo día, horas después. “Lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky y después llegó el Dr. Pino Ricci y empezaron a celebrar […] y como a las cinco y media o seis de la tarde nos fuimos a una cena  todos los que estábamos ahí”, indicó Cáceres.

El considerado cerebro del desfalco también confirmó en el interrogatorio sobre la existencia del acuerdo privado del que habló Tapia, en el que se comprometieron a un 50/50, sin mencionar, como sí lo hizo su socio, al empresario Hugo Buitrago. “En el negocio privado los porcentajes eran 50 y 50, 50 por ciento para las constructoras y 50 por ciento para Novotic”, dijo Cáceres. Una mitad era para Tapia, que representaba a las constructoras, y la otra mitad sería para él, como representante de Novotic. 

“Eso se negoció en el transcurso de la licitación y se concertó en el momento en el que nos ganamos la licitación”, señaló Cáceres.

La supuesta traición a Buitrago

Tapia relató en el interrogatorio que el día de la adjudicación, el 9 de diciembre de 2020, Juan Carlos Cáceres puso en duda las supuestas gestiones de Hugo Buitrago y expresó que no debía dársele la mitad de la contratación. Relató un supuesto desaire en la cena en el restaurante japonés. “Cáceres Bayona, cuando Hugo dijo que nos habíamos ganado el contrato, me hizo un gesto que molestó a Hugo y este me hizo el reclamo y me tocó calmarlo”, dijo Tapia.

“Cuando ya empieza la ejecución del contrato Juan Carlos Cáceres Bayona me dice que no se le puede dar el 50% del contrato (...) entonces Hugo se disgustó y dijo que él no era un comisionista y que él entonces iba a formar un problema con la ministra y con el procurador, después de esto llegamos a un acuerdo que se le iba a dar 100 mil millones en ejecución”, dijo Tapia.

El cuestionado contratista también afirmó que, tras las desavenencias entre Cáceres y Buitrago, lograron concretar que Buitrago recibiera un primer pago de 10 mil millones de pesos por su gestión, pero aparentemente Cáceres sólo iba a aportar la mitad de ese dinero, ni un peso más.

“Entonces Hugo decía que si solo le daban 5 mil millones qué le iba a dar a la ministra y a todos los compromisos que él había adquirido, que si no le daban lo que estaba pidiendo él iba a donde la ministra y le decía que esos manes, es decir, nosotros, no estaban colaborando y que nosotros nos teníamos que atener a las consecuencias”, añadió Tapia.

Después, relató que Hugo Buitrago le pidió que le pagaran de inmediato sus 10 mil millones de pesos.  “Él nos preguntó que cómo se los íbamos a pagar, entonces yo le dije que eso iba adelantándose con el avance de las actas, en ese momento yo estaba apalancando el contrato porque estábamos desfinanciados, y Hugo me dijo que él apoyaba con la financiación, entonces yo le dije que no, que ya íbamos viendo cómo se le hacían los pagos".

“Pero él me dijo que mejor ese pago de los 10 mil millones se hiciera durante este año, pero que el primer pago tenía que ser de 2.000 millones para poder él darle el compromiso con la ministra, él nunca me dijo cuanto era ni cómo era, porque eso era un acuerdo que supuestamente Hugo había hecho con la ministra”, añadió Tapia.

Tapia afirmó que antes de que el Ministerio de las Tic les girara el anticipo de 70.000 millones de pesos, y en un momento en que tenían problemas por la consecución de las garantías falsas que presentaron en el proceso, hubo una tensión con Buitrago, pues estaba cobrando con urgencia la tarifa de su gestión de lobby. Y conversaron lo siguiente, como si se tratara de unos dulces:

“Yo le dije a Hugo que aún no nos habían pagado el anticipo y que teníamos problemas con el manejo de los dineros, entonces él me dijo que le ayudara con mil millones, yo le dije que yo podría hacer un esfuerzo personal, pero que no podía ser menos de mil porque él tenía que ir donde Karen y decirle, mire acá hay 600, pero a los pocos días fue que se estalló el problema y por esto no le entregué ningún dinero”, señaló Tapia Aldana.

El condenado contratista también refirió que la deuda con Buitrago persistió, incluso después de que el escándalo estalló en los medios de comunicación por la presentación de las garantías falsas con el Banco Itaú. Por esa razón, refiere, no se le pagó a Buitrago y, por ende, tampoco se le entregaron recursos a la ministra.

“Cuando estalla el escándalo después de la audiencia, como a la semana, Hugo me visitó en mi casa y me dijo, después de contarle todo el tema de la garantía porque el primer mes se buscó fue la consecución de las garantías con Laverde y otras empresas, eso está muy difícil porque con el ruido del escándalo, además me dice que con la ministra no se puede tratar ningún tema porque como no se le había dado nada ella, ella no iba a tratar el tema con nosotros, nosotros le hubiéramos dado los primeros 600 millones, yo habría ido donde ella”, añadió Tapia en el interrogatorio conocido por CAMBIO.

¿Qué dicen Abudinen y los demás mencionados?

A través de sus apoderados, CAMBIO contactó a todas las personas que mencionó Emilio Tapia en la llamativa versión, cuyos hechos continúan indagándose en una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, según le confirmaron fuentes de la Fiscalía a este medio. 

Hasta el cierre de esta edición, no hemos obtenido un pronunciamiento de Emilio Tapia o de su exsocio Juan Carlos Cáceres. 

La exministra Karen Abudinen expresó, a través de su apoderado, que “se trata de declaraciones falsas de Emilio Tapia, a quien ella no conoce y tampoco le gustaría conocer. Tampoco conoce a quien en esos fragmentos aparece mencionado como Hugo Buitrago. Se trata de afirmaciones que hacen parte de la misma infamia que se ha querido construir en su contra”.

El exprocurador Fernando Carrillo aseguró que lo relatado es “completamente falso”, pues indicó que él no tuvo relación alguna con la exministra Abudinen y que no conoce al empresario que Tapia mencionó. “No tengo recuerdo alguno de una reunión de esa naturaleza. Ese nombre no me es familiar. No sé quién es. Nunca lo había oído”, señaló.

El contratista Tapia Aldana, quien goza de libertad condicional desde diciembre del año pasado, tampoco se pronunció sobre su propia versión. Tras su elocuente silencio, no fue posible establecer a ciencia cierta la identidad del enigmático empresario, que supuestamente ejerció como intermediario entre la corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados y la ministra. Tampoco pudimos establecer la identidad del señalado Guajiro. 

Le corresponde a la Fiscalía General de la Nación establecer las identidades de estos lobistas y determinar si incurrieron o no en delitos, de acuerdo con lo relatado por Tapia.

Hay que recordar que ninguna autoridad ha vinculado directamente a Abudinen por hechos de corrupción asociados al escándalo de la billonaria contratación de los centros digitales y que ella se ha defendido, con vehemencia, insistiendo en que nada tuvo que ver con la corruptela. De hecho, la Procuraduría la exoneró en 2024, advirtiendo que no cometió ninguna conducta irregular, y lo mismo hizo la Contraloría General de la República. 

La Fiscalía dictó, a finales del año pasado, medidas cautelares sobre un apartamento de propiedad de la exministra, aunque no la ha vinculado directamente por la presunta comisión de ilícitos ligados a este grave escándalo por el que hoy hay varios condenados y por el que siguen en curso algunos juicios.

Si Abudinen no tuvo responsabilidad alguna en los hechos relatados por Tapia, ¿por qué la Fiscalía dictó un embargo sobre su apartamento relacionado con el caso de corrupción? CAMBIO estableció que la fiscal Ana América Pereira la vinculó al caso por las siguientes razones:

“…si bien no fue encontrada fiscalmente responsable por parte de la Contraloría General de la República, ni fue investigada penalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, esta Delegada no puede pasar por alto la falta de diligencia y cuidado como ordenador del gasto en su calidad de Ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, asistiéndole responsabilidad solidaria en el detrimento al Estado de más de $84 mil millones de pesos”.

ana.cuesta@cambiocolombia.com