Del voto a la transacción: el paso a paso del pacto criminal que tiene en vilo a Wadith Manzur y a Karen Manrique
CAMBIO revela más detalles de la investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que desmenuza cómo se gestó la negociación ilegal, dejando en claro las presiones que habrían ejercido los congresistas, las propuestas iniciales y la contraoferta institucional. ¿Cuál es el rol de liderazgo que habría ejercido Wadith Manzur?
El punto de partida fue el 26 de septiembre de 2023. Ese día, según las pesquisas de la justicia, arrancó la negociación ilegal entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y Wadith Manzur, Juan Diego Muñoz y Julián Peinado. En ese momento, los tres integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), que tomó varias semanas, propuestas y presiones, para convertirse en un capítulo adicional del escándalo de desvío de recursos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Allí empezaron los acercamientos. Las pruebas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, consignadas en un voluminoso expediente, apuntan a que Manzur fue quien le hizo la pregunta clave en esta historia al hoy preso Ricardo Bonilla: qué recibirían los integrantes de la CICP para la votación de operaciones de crédito.
La forma como funcionó la CICP es clave para entender todo este entramado: entre junio y noviembre de 2023 emitió cinco conceptos en tres sesiones oficiales. Luego, entre noviembre y diciembre, evaluó 13 en cuatro sesiones. No se habría tratado de prácticas normales, sino de demoras direccionadas y condicionadas al avance de las negociaciones con el Gobierno. Un ejemplo que llama la atención de los magistrados fue la sesión del 30 de agosto, en la cual se iba a probar un concepto de crédito previsto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 250 millones de dólares.
Ese día, Manzur expresó varias inquietudes sobre el funcionamiento de la comisión y solicitó aplazar la sesión, ante lo cual el senador Mauricio Gómez Amín le respondió que las explicaciones ya estaban dadas y que se podía avanzar. Pero la sesión se aplazó y ese crédito solo fue aprobado hasta el 28 de noviembre. En el entretanto, hubo varias reuniones en el Ministerio de Hacienda en la que hicieron parte, en diferentes sesiones, los protagonistas de este escándalo: Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, el asesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo y la asesora de Hacienda María Alejandra Benavides.
Una cita ocurrió en el Ministerio del Interior el 18 de septiembre. Según el testimonio de Benavides, Bonilla anunció que la CICP “se iba a empezar a mover”, mientras que el resto de involucrados negó hablar de algo ilegal o de la CIPC. El 26 de septiembre se hicieron dos reuniones con Bonilla presente. Una con Benavides, Manzur y Juan Diego Muñoz. Y, más tarde, otra con Julián Peinado porque no alcanzó a llegar a la primera. Ahí, dijo Benavides, Manzur habló sobre cómo serían las ayudas. La defensa de Muñoz usa esto para decir que no se le puede atribuir a él conducta ilegal, pero, hasta el momento, la pesquisa apunta a que ambos fueron con el propósito común de conseguir beneficios.
La investigación del magistrado Misael Rodríguez, consignada en una ponencia de 731 páginas, que fue ya votada por la Sala de Instrucción sin que se llegara a un acuerdo, señala varios elementos importantes de estas gestiones previas. Primero, que en las reuniones quedó claro que solo se iba a tratar con los seis implicados: Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo.
Segundo, que se iba a dejar expresamente por fuera a Imelda Daza, quien también era parte de la CICP. Este hecho se considera clave para entender que las reuniones en el Ministerio no estaban relacionadas con asuntos misionales de la comisión. De hecho, se consideró un patrón de comportamiento.
Tercero, los bloqueos. El 27 de septiembre se realizó la cuarta sesión oficial de la CICP y allí los congresistas implicados se abstuvieron de contestar el llamado de la votación en varios puntos del orden del día, a diferencia de Daza y de Amín, que sí votaron. La sesión se levantó en la noche, pero en realidad no era una sorpresa para el ministerio porque Benavides le escribió en la noche anterior a Bonilla diciendo que no iban a lograr la votación.
Se intentó de nuevo el 4 de octubre, pero la CICP no sesionó ese día, sino que se hizo un desayuno. Ya el ambiente de preocupación en el Ministerio era evidente y así lo probarían las conversaciones obtenidas por la Corte. Al desayuno llegaron los procesados al despacho de Bonilla y, según Benavides el asunto de los auxilios no se pudo tratar, entre otros, porque Juan Diego Núñez llegó tarde y Bitar -al parecer- no se sentía cómoda hablando en su presencia.
“Al llegar el representante Núñez a esta reunión, a este desayuno, el ambiente cambió totalmente. Nadie quiso hablar más, pero el ministro ya sabía que él tenía que, de alguna forma, hablar de lo político con los miembros de la Comisión Interparlamentaria y, como él se iba de viaje dos días después, él necesitaba conocer la propuesta que tenía la Comisión Interparlamentaria para él”, declaró Benavides.
La asesora se reunió ese mismo día en la tarde con Manzur y Bitar. Benavides dice que Manzur fue quien le planteó a ella una propuesta para Bonilla, lo que de nuevo pone al representante a la Cámara del Partido Conservador en un rol preponderante.
“La propuesta era unos montos de 20 para el representante Wadith Manzur, 20 para el representante Julián Peinado, 20 para la senadora Liliana Bitar, 10 para la representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y dejaban a discreción del ministro si 10 para el representante (Núñez)”, dijo Benavides. Acá se estaba hablando de entregar cupos indicativos y esa cifra se debe leer en miles de millones. Es decir, se plantearon montos de 20.000 y 10.000 millones de pesos. Se trataba, entonces, de partidas presupuestales que son asignadas a las regiones, direccionadas por los congresistas para obras públicas.
Y Benavides declaró que fue Manzur quien “sugirió que le preguntara el ministro por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Si éste podía ser la entidad o el camino por el cual se diesen esos proyectos”. A esta altura, para el despacho investigador no hay duda alguna de que los implicados ya eran parte del pacto criminal. El 10 de octubre, Benavides se reunió con Karen Manrique y, según ella, la congresista ya sabía de la propuesta de los cupos indicativos. Lo anterior revelaría la continuidad de un esquema de negociación y la existencia de instrucciones para avanzar.
Benavides le habría contado de la oferta a Bonilla dos días después, el 6 de octubre. Luego, el 31 de octubre de 2023, llegó la contrapropuesta del Gobierno. La investigación dice que Bonilla propuso y dio instrucciones para recibir información de los proyectos de obra que se gestionarían con la UNGRD que serían los “beneficios” o coimas para los congresistas. Esto implicó reuniones, una posible participación del entonces ministro Velasco, un interés en que la entidad fuera el Invías y la decisión de que fuera la UNGRD ante la dificultad de hacerlo con la primera. Ahí entró en juego Olmedo López, director de la entidad.
El magistrado ponente le da un especial énfasis al involucramiento gradual del ministerio del Interior en la articulación necesaria para habilitar el cauce de la UNGRD, que es adscrita a esa cartera. Velasco admitió en la Corte que Bonilla, o alguien de su despacho, le solicitó “alguna vez” ayudar o hacer una intermediación para lograr una reunión con la CICP.
“Yo instruí al doctor Kevin Fernando Henao, pues que tenía la relación diaria con todos los parlamentarios de que buscáramos un espacio para esa reunión. Recuerdo que se definió una fecha y recuerdo por la fecha un 31 de octubre, día de las brujas, es decir, sí me acuerdo de la fecha, creo que se habló de hacerla en la Presidencia de la Cámara, luego se movió el sitio y se pensó hacerla en el Edificio de La Giralda, sede del Ministerio del Interior”, declaró.
Hay otros elementos que el despacho instructor considera claves: antes de que el ministro hiciera su contrapropuesta, se evidenció una expectativa de los congresistas mencionados en saber cómo iba a responder el Gobierno a la petición de cupos. Ahí hay conversaciones entre Manzur y Benavides, antes de la sesión del 18 de octubre de la Comisión. Benavides lo explicó así:
“La primera presión que yo sentí fue la hizo la representante Karen Manrique el 10 de octubre…, formal, pero era presión y ese 11 de octubre la volví a sentir” de parte de Manzur, quien le dijo por chat: “Bueno, pero de todas maneras te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático”.
Así, la ponencia que estudia la Sala de Instrucción apunta a que, sin duda, “Manzur Imbett condicionaba su desenvolvimiento al interior de la CICP a la posibilidad de dialogar previamente con el ministro Bonilla González”. Manzur tuvo un encuentro presencial con Bonilla el 17 de octubre, pero se sintió ignorado, según le escribió por chat a Benavides. Luego, cambió todo.
Los participantes de esta historia dejaron de saltarse la pelota. Bonilla hizo la contraoferta y, para el 31 de octubre, el tono de las conversaciones refleja que ya estaba en marcha la negociación. Ese día hubo una cita en el Ministerio de Hacienda con Peinado, Manzur, Bitar y también de Gómez Amín. Este último entró y en los registros de las cámaras se aprecia que entra y sale varias veces a atender llamadas. Benavides dijo: “en esta reunión el ministro me dio la autorización explícita y lo hizo frente a los congresistas de que yo le recibiera proyectos al interior de la Unidad Gestión del Riesgo. No solo eso, el ministro Ricardo Bonilla dijo quince para todos”.
Aunque Manrique no fue, Benavides le contó lo acordado en una cita en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, el 2 de noviembre. “Le conté lo que había sucedido el 31 de octubre en la reunión con los otros miembros de la Comisión Interparlamentaria. Recuerdo que ella también estaba molesta, como el representante Juan Diego, porque no se les había notificado que la reunión había tenido un cambio y, pues, porque se había dado la reunión sin que ella estuviera. Ahí fue cuando la representante ya sabía lo que había pasado en la reunión”, dijo Benavides.
Así, en este punto, según Benavides, ya estaba el aval del ministro Bonilla para tramitar los proyectos, de “15 para cada uno”. El 1° de noviembre, los integrantes de la CICP recibieron una comunicación sobre 13 proyectos que se iban a discutir en la siguiente sesión del 9 de noviembre de 2023, pero ahí los congresistas todavía están incrédulos sobre si les iban a cumplir, según declaró la misma testigo que fue citada por varios de los procesados el día anterior para hablar de lo que iba a pasar en la sesión.
Para Benavides, eran presiones. Afirmó que Manrique le manifestó que “había problemas”, y que Manzur dijo que no estaban tranquilos. Ese chat dice, entre otras frases: “No estamos tranquilos. No vemos nada claro. (…)No hay como empezar a gestionar”. Y Benavides le respondía que no podía empezar gesiones si no le pasan los datos para arrancar. El 9 de noviembre la CICP no aprobó ninguno de los conceptos presentados.
Ya fue a partir del 15 de noviembre de 2023 cuando se reactivó la relación entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas, porque Manrique le entregó a Benavides la información que la beneficiaría a ella y a Muñoz en Saravena; Manzur también le entregó los datos del proyecto con el que iban en conjunto con Liliana Bitar y Julián Peinado en Cotorra. Lo mismo hizo Juan Pablo Gallo, que llegó a la CICP en noviembre para un proyecto en El Salado, y Jhon Fredy Núñez, pero en su caso específico no se habría adelantado ningún trámite.
Es ahí donde aparecen los proyectos de obra, que en total sumaban 92.000 millones y empezaron a tramitarse con ayuda de Olmedo López y Sneyder Pinilla, creándose un canal de comunicación con Benavides, y sobre los cuales los congresistas hicieron constante presión.
Benavides recordó la insistencia de Manrique en preguntarle sobre qué había pasado con los dos cupos indicativos que ella tenía en el Invías, así como que fue Manzur quien consiguió el proyecto de Cotorra, y que Ricardo Bonilla, en persona, le dijo que no iban a incluir a Juan Diego Núñez, quien le insistió en múltiples ocasiones a la asesora.
Fotoilustración: Yamith Mariño -CAMBIO.
Antes de finiquitar todo, el 27 de noviembre se dio el denominado cónclave en el Dapre, en el que, supuestamente, Carlos Ramón González fue quien dio el visto bueno de la estrategia para cooptar el Congreso por la preocupación que tenían de que las reformas de interés del Gobierno no se movían, según declaró Olmedo López.
La investigación apunta a que, en las últimas tres semanas noviembre de 2023, “actores de la Rama Ejecutiva probablemente desplegaron acciones de articulación institucional dirigidas a gestionar proyectos de interés de algunos congresistas integrantes de la CICP”. Y al día siguiente, en sesión de la CICP, se aprobó el concepto que no se había avalado en agosto, tras lograr el retiro de José Roberto Acosta de la cita. El orden del día tenía nueve conceptos y se aprobaron seis.
Ya en tres citas del 5 y el 6 de diciembre de 2023 la negociación se concretó. Ahí es cuando Benavides y Guevara, con autorización de Bonilla, hablan de mover los proyectos y las pruebas apuntan a que la dádiva se terminó de aceptar el 5 de diciembre y que fue allí cuando los congresistas aceptaron la promesa remuneratoria que hoy los tiene investigados. El voluminoso expediente revela factores más conocidos de este asunto como las presiones de los congresistas por la demora para concretar los proyectos que se extendió hasta 2024.
Lo que sigue
Estos detalles que CAMBIO revela fueron los estudiados por la Sala de Instrucción en pleno. El magistrado ponente Misael Rodríguez considera urgente que todos, menos a Muñoz, sean detenidos al estimar que con su actuación afectaron el desarrollo normal de la CICP, que son personas con un capital político importante y con suficiente influencia regional y a nivel central. Se trata, según la ponencia discutida, de un sofisticado entramado de corrupción en que el se privilegiaron iniciativas particulares, vendiendo en últimas la función de congresista.
En la Sala no hubo acuerdo. A Rodríguez lo acompaña el magistrado Héctor Alarcón plenamente. Luego, los otros magistrados apoyarían situaciones diferentes como llamar a juicio solo a Manrique y a Manzur, unos consideran necesario capturar solo a ellos, mientras que otros apoyan llamarlos a juicio a todos, pero sin detención. Los conjueces que resolverán este lío son Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca.
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