Contraloría alerta vacíos en decretos de la emergencia económica y advierte riesgos en manejo de recursos

Tras revisar los 18 decretos derivados de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país por las fuertes lluvias, la Contraloría General halló vacíos en su estructuración, articulación y ejecución. Ante esta situación, la entidad lanzó alertas sobre los posibles impactos de algunos de estos actos administrativos y entregó recomendaciones para evitar errores en los procedimientos contemplados.

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Alertas sobre el traslado de recursos y la imposición de impuestos

La Contraloría advirtió que los decretos que ordenan la reorientación de recursos podrían generar impactos en la financiación, ejecución y continuidad de programas y proyectos en curso. Por ello, le recomendó al Gobierno que dicha reorientación “se realice con el debido rigor jurídico y técnico” y que establezca desde ya la forma en que serán reembolsados los recursos, a medida que se recauden los provenientes de los nuevos impuestos.

Por otro lado, instó al Ejecutivo a revisar su decisión de trasladar los recursos provenientes de fondos de entidades del sector eléctrico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para financiar la recuperación de infraestructura eléctrica y el restablecimiento del servicio de energía en zonas afectadas por la emergencia. Según la entidad, “la UNGRD no tiene la experticia ni la estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad”.

Respecto a los nuevos impuestos decretados, como el de patrimonio y el de juegos de suerte y azar, con los que se proyecta recaudar hasta 8,68 billones de pesos, la Contraloría recordó que el Gobierno tiene la obligación legal de garantizar su recaudo oportuno y adecuado, así como su correcta destinación y uso exclusivo para atender las afectaciones derivadas de la emergencia. Por ello, instó a fortalecer la capacidad operativa de la Dian.

El ente de control aseguró que no tiene sentido ampliar facultades de contratación o de gestión contractual, reorientar recursos o crear nuevos impuestos para adicionar cuantiosos recursos al Presupuesto General de la Nación, si las entidades responsables de su ejecución, como los ministerios, Invías y la propia UNGRD, no mejoran su gestión ni su capacidad para realizar pronta y adecuadamente las inversiones.

Riesgo de adopción de decisiones arbitrarias sobre la operación de embalses

Otra de las advertencias de la Contraloría es el riesgo asociado al Decreto 0177 de 2026, expedido por el Ministerio de Ambiente, mediante el cual “se adoptan medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Según la entidad, podrían adoptarse decisiones unilaterales que “modifiquen, sin el debido rigor técnico, la regla de operación de los embalses de las hidroeléctricas”, lo que podría generar afectaciones o incumplimientos de los contratos de compraventa de energía, impactos nocivos en la porción tarifaria por capacidad de generación y cargo por confiabilidad, inseguridad jurídica y pérdida de confianza inversionista en el sector.

Contraloría pedirá al Gobierno justificar el recaudo de 8,68 billones de pesos

Según la Contraloría, el adecuado traslado, destinación y uso de los recursos recaudados deberá ser coordinado por la UNGRD y se fundamentará en los Planes de Acción Específica (PAE), que deberán diseñar e implementar esta entidad, los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías que reciban los recursos.

“Entiende la CGR que el Gobierno nacional aportará a los ocho departamentos y municipios en emergencia los recursos que estos requieran y que hayan incluido, con su debida justificación, en sus PAE y considerando lo efectivamente certificado en el Registro Único de Damnificados (RUD)”, aclaró la entidad.

También el ente de control solicitará al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a los demás ministerios de los sectores involucrados los soportes que “expliquen satisfactoriamente” la necesidad de recaudar hasta 8,68 billones de pesos y la forma en que se decidió distribuirlos entre la UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados.