Caso UNGRD: Karen Manrique y Wadith Manzur enfrentarán una nueva investigación por estos cuatro proyectos
La decisión de la Corte Suprema que ordenó su captura y los llamó a juicio detalla que los congresistas reelectos se habrían interesado indebidamente en proyectos que no estaban en el radar de la justicia.
Las pesquisas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de seis congresistas que integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, CICP, en 2023, que ahora responderán en juicio se centraron en una negociación criminal para pactar dádivas -representadas en proyectos de obra- a cambio de su voto en operaciones claves para el gobierno de Gustavo Petro.
No obstante, en medio de las investigaciones que lideró el magistrado Misael Rodríguez, se recopilaron testimonios que indicarían que los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique -los únicos que recibieron orden de detención-, se interesaron en otros proyectos que no han estado en la mira de la justicia en este escándalo.
Este jueves 12 de marzo, CAMBIO conoció que se expidieron las boletas de captura. Manzur llegó al búnker de la Fiscalía alrededor de las 5 de la mañana a la espera de que fuera emitida la boleta de su captura, la cual se oficializó después de las 8 de la mañana. Por su parte, Manrique coordinó con la Sijín de Tame (Arauca) su sometimiento a las autoridades para cuando una vez fuera emitida la boleta de captura. Esta se formalizó antes de las 9 de la mañana.
La testigo María Alejandra Benavides, quien fue asesora de Ricardo Bonilla cuando era ministro de Hacienda, aseguró que ambos hicieron gestiones para la tramitación de dos procesos contractuales —cada uno de obra e interventoría— y su eventual interés en ellos, a través de la UNGRD, así:
Por el lado del representante Manzur Imbett, Benavides dijo que el aforado se habría interesado en los siguientes contratos:
-Obras de emergencia para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, hasta el casco urbano del municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. El valor de la obra se estimó en $ 44.522.719.282.
-Interventoría técnica jurídica financiera del proyecto de obras de emergencia para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, hasta el casco urbano del municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. El valor de la interventoría se estimó en $ 2.226.135.964.
Por el lado de la representante Manrique Olarte, según la testigo, su interés se habría dado con ocasión de las siguientes iniciativas contractuales:
-Construcción de obras de emergencia para el control de inundaciones sobre el río Bojabá en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. El valor de la obra se estimó en $ 32.559.865.243.
-Interventoría técnica jurídica financiera del proyecto de construcción de obras de emergencia para el control de inundaciones sobre el río Bojabá en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. El valor de la interventoría se estimó en $ 1.627.993.262.
En este caso, Benavides señaló que Manrique le pasó una hoja en un sobre que contenía el proyecto: “Ella me lo manifestó en múltiples ocasiones. Me dijo que era necesario, que era de su región, que ya había una declaración de emergencia y que con una declaración de emergencia es importante que los pasos a seguirse…, lo antes posible. Entonces, yo sí recuerdo que ella me lo volvió a enviar ese día [el proyecto] con esa justificación, que esto era lo que hacía que fuese necesario hacerlo lo antes posible”.
En diálogo con CAMBIO, la defensa de Manrique aseguró que la representante hizo gestiones, pero respecto de proyectos para mitigar el riesgo que representaba el río Bojabá en Saravena y por el paro cívico que fue convocado por distintas organizaciones sociales de Arauca en junio de 2023 pidiendo la declaratoria de emergencia manifiesta.
“Karen Manrique se comprometió con las comunidades a sacar las obras adelante. Por eso insistió y gestionó la ejecución de dichas obras para su departamento al punto que las reuniones con funcionarios de la UNGRD, entre ellos Olmedo López Y Sneyder Pinilla, tuvieron presencia de delegados sociales de la comunidad araucana”, señaló el abogado Andrés Garzón.
“Las solicitudes que hizo a los funcionarios del Gobierno frente a los avances del proyecto para la intervención del río Bojabá se hicieron en razón a la facultad otorgada por ley a los congresistas para intervenir o gestionar ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad”, agregó.
Al acusar a los dos congresistas, la Sala de Instrucción compulsó copias para que se investigue en un nuevo radicado estos hechos. La Sala también hizo referencia a la declaración del subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, según la cual, esos contratos sobre los que habló la testigo Benavides Soto, en el marco de un enlace para gestionar y sacarlos adelante —y que involucraban a los representantes Manzur Imbett y Manrique Olarte— iban a ser direccionados en favor a ciertos contratistas.
“La doctora María Alejandra Benavides me envía los contactos de las personas con las que… yo a ellos les pedía después con qué contratista se hacía y efectivamente eso lo hizo. Lo que pasa es que no tengo es a la mano cuáles fueron las empresas que [se] inscribieron, porque nunca lo pude ver, pero estaba direccionado su señoría a los nombres de las personas que ella me envió. Ellos me decían los nombres y yo sacaba el contrato a nombre de esa persona, después que se hubiese alcanzado a llegar a ese punto”, dijo Pinilla.
El exfuncionario señaló que tuvo una reunión con Manrique y su esposo Gustavo González Ruiz el 14 de diciembre de 2023 en la cafetería de la UNGRD en donde la congresista le preguntó por una contratación en Saravena y en donde habría dicho que ese contrato en particular lo iba “a manejar yo a través de mi esposo”.
La Sala consideró que las referencias testimoniales de Benavides Soto y Pinilla Álvarez aparecen corroboradas por la información extraída de los teléfonos celulares que utilizaron para la época de ocurrencia de los hechos, en los que aparecen interacciones entre ellos y de ellos con otros funcionarios de diferentes agencias del Ejecutivo, con enlaces regionales y con congresistas.
Una vez la secretaría de la misma Sala de Instrucción reciba esta compulsa de copias, se abrirá de oficio una nueva indagación.
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