Cartera de las farmacéuticas llegó a 4,75 billones de pesos en 2025: ¿quién debe el dinero y qué dicen las EPS y el Gobierno?

Cuando una farmacéutica entrega medicamentos al sistema de salud, a una clínica, a una EPS o a un gestor farmacéutico, emite una factura con una fecha de pago acordada. El conjunto de todas esas facturas pendientes de cobro se llama cartera. Y cuando esa factura no se paga en el tiempo pactado, pasa a llamarse cartera vencida: plata que ya se debía y que no llegó.

Con esa explicación, el panorama que reveló la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) sobre la cartera del sector es, para ellos, preocupante. Al cierre del año pasado, la deuda del sistema de salud con las farmacéuticas alcanzó los 4,75 billones de pesos, de los cuales 1,8 billones ya estaban vencidos.

Los números que reveló Afidro

El informe de Afidro permite leer con detalle cómo está distribuida esa deuda y cuánto ha crecido. El nivel de vencimiento de cartera pasó de 17,5 por ciento en diciembre de 2023 a 23,4 por ciento en diciembre de 2024, y alcanzó el 37,4 por ciento en diciembre de 2025. Es decir, en apenas dos años, la proporción de facturas sin pagar en el tiempo acordado se duplicó.

Uno de los indicadores que mejor refleja el problema es el tiempo que el sistema tarda en pagar sus deudas, lo que se conoce como rotación de cartera. Mientras en diciembre de 2023 este indicador se ubicaba en 125 días y en diciembre de 2024 en 134 días, para diciembre de 2025 escaló hasta 196 días. Donde antes se pagaba en poco más de cuatro meses, hoy se tarda más de seis.

Otro dato preocupante para Afidro es el de la llamada cartera castigada: aquella que las empresas ya consideran, en la práctica, irrecuperable. Esa cifra pasó de 5.800 millones en diciembre de 2023 a 311.000 millones en diciembre de 2025. Solo en el último trimestre de 2025 casi se duplicó, al pasar del 3,59 al 6,53 por ciento del total de la cartera.

Para Alejandro Escobar, de la firma Sectorial, las cifras confirman que el sistema no enfrenta una dificultad transitoria, sino una asfixia financiera sostenida. “Este aumento sostenido en la cartera vencida y castigada refleja una crisis de liquidez que dificulta la planeación operativa de todos los actores y pone en riesgo la continuidad en la prestación de servicios y el acceso oportuno a tratamientos para millones de pacientes”, dijo.

¿Quiénes deben, cuánto y qué tan grave es cada caso?

Afidro desagregó la cartera por tipo de deudor, y los resultados muestran que la gravedad no es igual en todos los actores del sistema.

En el caso de las EPS, la cartera total, es decir, las deudas que mantienen con las farmacéuticas, ascendieron a 249.000 millones en diciembre de 2025, con un nivel de vencimiento del 60,87 por ciento: casi dos de cada tres pesos que les deben a los farmacéuticos están vencidos, es decir, pagos atrasados. Pero el dato más preocupante es la cartera castigada: ya representa el 19,36 por ciento de lo adeudado, o sea, prácticamente uno de cada 5 pesos que las EPS les deben a las farmacéuticas ya fue dado por perdido. Esa cifra era de apenas 0,43 por ciento en diciembre de 2023.

Los gestores farmacéuticos, las empresas que operan como intermediarios en la dispensación de medicamentos, son el mayor deudor en términos absolutos. Concentran el 61 por ciento de la cartera total con 2,9 billones, de los cuales 1,17 billones están vencidos, para un nivel de impago del 40,16 por ciento. Su cartera castigada, aunque más baja que la de las EPS en términos porcentuales, ya llegó a 117.300 millones, equivalente al 4,02 por ciento del total.

Por otro lado, las IPS, es decir, las clínicas y hospitales, son las que presentan el panorama más estable, pero también con tendencia al deterioro. Su cartera total fue de 876.000 millones en diciembre de 2025, con un vencimiento del 18,41 por ciento, el más bajo de los tres segmentos. Su cartera castigada es casi marginal: apenas 1.000 millones, el 0,14 por ciento del total.

Ahora bien, Afidro ya había advertido que la deuda no tenía un solo autor, pues el dinero pendiente está repartido entre distintos eslabones del sistema. Y aunque el análisis desagregado solo tiene a las IPS, EPS y gestores como responsables, los gremios explicaron a CAMBIO que el Gobierno también tiene su parte de culpa en el problema, pues uno de los factores que ha afectado la financiación del sistema es la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ajusta cada año el gobierno de turno.

Qué es la UPC y por qué está en el centro del debate

La UPC es la suma de dinero que el Estado le reconoce a cada EPS por cada afiliado que tiene, para que esa entidad cubra los servicios de salud del plan básico. Es, en la práctica, el ingreso principal con el que las EPS operan. Si la UPC no alcanza para cubrir lo que el sistema realmente gasta, la EPS empieza a quedarse sin plata, deja de pagar a tiempo y la deuda se acumula.

Una fuente de Acemi, el gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo, explicó a CAMBIO que, en su criterio, la insuficiencia de la UPC es una de las causas estructurales del crecimiento de las carteras entre los actores del sistema, es decir, entre EPS, IPS, farmacéuticos y gestores.

No es una posición nueva. A finales de 2025, Acemi advirtió que el ajuste aprobado para la UPC de 2025 resultó insuficiente y que repetir esa situación en 2026 asfixiaría aún más al sistema. La agremiación estimó que al cierre del año el déficit del periodo alcanzaría 9 billones, a lo que se sumarían deudas acumuladas de años anteriores y carteras atrasadas con múltiples actores.

La presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, aseguró que el 9 por ciento aprobado para el contributivo es insuficiente. “El 9 por ciento está muy lejos del 17,3 que fue el que calculamos desde Acemi con base en la información de gasto de las EPS de este régimen”, explicó y añadió que este desfase podría traducirse en costos adicionales, lo que agrava el desequilibrio financiero.

La lógica financiera que explica cómo esa insuficiencia se convierte en cartera vencida para las farmacéuticas está documentada en el balance financiero del sistema de salud 2025, elaborado por Acemi. Según ese informe, cuando la UPC no alcanza, las EPS empiezan a alargar los tiempos de pago como mecanismo de supervivencia.

El indicador de rotación de pasivos, es decir, cuánto tarda el sistema en reconocer y pagar sus deudas, pasó de 122 días en 2024 a 190 días en 2025. En las EPS intervenidas por el Gobierno, ese indicador llegó a los 270 días: casi nueve meses para pagar una factura. Ese alargamiento se transmite hacia abajo en la cadena: si la EPS no paga al gestor farmacéutico, el gestor no le paga a la farmacéutica. Así se acumula la cartera vencida que hoy denuncia Afidro.

“Estamos ante una crisis de liquidez que no solo impide que los actores del sistema cumplan oportunamente sus obligaciones financieras, sino que además se profundiza mes a mes, estrechando cada vez más el margen de operación. Esta situación responde, en buena medida, a problemas estructurales de financiamiento y sostenibilidad que hoy se han convertido en el principal obstáculo para garantizar el acceso efectivo a la salud”, explicó Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.

La respuesta del Gobierno: la Adres ya pagó

Ahora bien, una fuente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la entidad estatal encargada de recibir y distribuir los recursos del sistema aseguró a CAMBIO que el Gobierno cumplió con sus obligaciones de giro en 2025, es decir, no les deben dinero a las farmacéuticas.

Los datos que respaldan esa posición están en el boletín técnico de UPC de diciembre de 2025, publicado por la propia Adres. Entre enero y diciembre de 2025, la Adres giró directamente 68,66 billones a IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, previa programación de las EPS.

El Gobierno también destaca que, en comparación con el mismo periodo de 2024, en el que los recursos girados a IPS y proveedores correspondieron a 48,12 billones, el de 2025 representó un incremento del 42,68 por ciento en el giro directo. 

Esta es la lógica que ha manejado el Ejecutivo frente a las diversas críticas que se le han hecho sobre la insuficiencia de la UPC. El propio Ministerio de Salud argumenta que los ajustes que han hecho a la UPC responden a criterios técnicos, y que el problema estructural no reside en la cantidad de recursos asignados, sino en la administración realizada por las EPS. “El problema no es el giro, sino el uso de esos recursos por parte de las EPS, y la falta de resultados acordes con el dinero público recibido”, afirmó el ministerio.

Pese a esa lógica, lo cierto es que la Corte Constitucional ha reconocido en varias ocasiones que los ajustes realizados no han sido suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Incluso, ha llegado a abrir incidentes de desacato contra la cartera que no ha cumplido cabalmente las órdenes de revisar y aumentar el monto del giro, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento estructural del sector.

Más allá de quién tiene la razón, los datos desglosados del informe de Afidro muestran que el deterioro es más severo precisamente en el eslabón donde el problema de la UPC es más agudo: las EPS. Con casi uno de cada 5 pesos que les deben ya castigado como irrecuperable, la pregunta ya no es solo cuándo se paga, sino si se va a pagar. Y si el Estado finalmente dará los recursos que pide el sector.