'Este es el momento de la institucionalidad y no de imponer la ley del más fuerte': exministro Juan Carlos Esguerra

El exministro de Justicia y exconstituyente Juan Carlos Esguerra habló con CAMBIO sobre el operativo militar con el que Estados Unidos extrajo de suelo venezolano al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y sobre las tensiones que se vivieron en la semana, tras la amenaza del presidente Donald Trump de llevar a cabo algo similar en Colombia.  

Esguerra también se refirió a dos asuntos que marcarán la agenda en este 2026: la propuesta de la Constituyente, que calificó como “necedad” y la emergencia económica. El abogado cuestionó la falta de voluntad del Gobierno de Gustavo Petro para alcanzar acuerdos políticos en el Congreso que permitan aprobar iniciativas sociales.

CAMBIO: Estados Unidos se llevó a Maduro de territorio venezolano en una operación ilegal a la luz del derecho internacional. En la semana Trump amenazó con hacer algo similar en Colombia en expresiones que, por el mismo carácter del presidente de ese país, son impredecibles. ¿Cuál es su impresión?

Juan Carlos Esguerra: Es muy preocupante todo lo que ha venido pasando y lo que podría pasar de aquí en adelante. Es indispensable que en todos los sectores involucrados prevalezca la prudencia, el respeto y la tolerancia. 

CAMBIO: Algunos dirigentes políticos dejaron entrever que no tendrían problemas con avalar una operación militar aquí en Colombia. ¿Qué les dice a ellos?

J.C.E.: Esa sería una actitud absolutamente contraria a la Constitución, lesiva de la soberanía nacional.

CAMBIO: En el fondo estamos ante un debate sobre el multilateralismo. El Consejo de Seguridad al que tendría que haber acudido Trump se reunió y ahí se hizo una manifestación pública de rechazo a algunos Estados. Pero pareciera que ni la ONU ni la OEA ni la misma Corte Penal Internacional son efectivos para atajar en general estas situaciones. 

J.C.E.: Usted tiene razón: tristemente esos organismos multilaterales han dejado de ser lo que estaban llamados a ser y lo que fueron en un momento determinado. Han perdido la autoridad que solían ejercer sobre quiénes son sus miembros y, por consiguiente, la capacidad de hacernos reflexionar y volver a las vías por las que debe transitar el orden internacional. Me parece que ni la ONU ni la OEA son lo que fueron y no son lo que deberían ser. 

CAMBIO: ¿Qué hacemos? La solución no es poner el derecho internacional debajo del tapete…

J.C.E.: Eso estaría muy mal porque el derecho internacional debe seguir prevaleciendo y siendo la regla de las relaciones entre los países, porque lo demás es sumamente arriesgado. Las imposiciones y la arbitrariedad no deben tener cabida en el mundo actual de ninguna manera. Es hora de volver por los fueros del multilateralismo.

CAMBIO: ¿Qué hacer para que esto sea efectivo? No se discute que Maduro sea un dictador, pero lo cierto es que Trump se pasó por la faja la Carta de las Naciones Unidas como lo han advertido y rechazado muchos jefes de Estado.

J.C.E.: Sería deseable, y hay que pedirle a Dios, que se vuelva por los fueros del derecho internacional, que no que siga prevaleciendo la ley del más fuerte ni las imposiciones que pretenden ejercerse por parte de los Estados Unidos y, otras veces, por parte de otros países. Eso no conduce a nada bueno, es muy arriesgado y peligroso. 

CAMBIO: ¿Estamos en un punto de inflexión para el hemisferio con Trump y su doctrina 'Donroe'? 

J.C.E.: Espero que no. Espero que haya de su parte respeto por los demás países, por su autonomía, por su soberanía. Esa interpretación equivocada de la doctrina Monroe, francamente no conduce a ninguna parte distinta de lugares llenos de riesgos y de espinas.

CAMBIO: Por la magnitud del resultado de esta operación de extracción de Maduro, hay muchas personas felices, que insisten en que nadie más iba a hacer nada para frenar al dictador. ¿Cómo sopesar ese reclamo con el hecho de pasarse por alto el derecho internacional?

J.C.E.: Yo creo que no está bien y, además, no debe procederse de esa forma. No debe prevalecer que alguien resuelva arrogarse, en este caso Estados Unidos, la función de policía de América o de policía del mundo, para efectos de resolver autoritariamente los problemas que pueden tener otros países o problemas que otros creen que existen.

CAMBIO: ¿Cuáles son los pasos a seguir?

J.C.E.: Volver por los fueros de la cordura, por los fueros del derecho internacional y del respeto a la autonomía y a la soberanía de los distintos países. Eso es lo que debe hacerse. Hay que ser institucional. Este es el momento de la institucionalidad, mucho más que cualquier otro. Las instituciones no solo deben funcionar cuando las cosas están bien, sino que están llamadas a funcionar incluso cuando las cosas están mal, para que se compongan de nuevo, por la vía institucional y no a los 'totazos'.

CAMBIO: Claro. Pero hablar de institucionalidad con un presidente tan impredecible como Trump, que ya dejó en claro que le importa 'tres pepinos' las formas, es muy complejo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede dictar sanciones porque Estados Unidos tiene poder de veto. Pareciera que Estados Unidos quiere ser la policía del mundo y que no hay cómo impedirlo.

J.C.E.: El mundo debe hacerlo escuchar, debe hacerlo entrar en razón y que las cosas no funcionen al estilo que él está tratando de imponer, de la ley del más fuerte. Eso no puede ser.

El mundo debe hacerlo escuchar (a Donald Trump), debe hacerlo entrar en razón y que las cosas no funcionen al estilo que él está tratando de imponer, de la ley del más fuerte. Eso no puede ser.

CAMBIO: ¿Esta intervención acaba con el problema en Venezuela?

J.C.E.: No creo. Puede que acabe con algunas de las manifestaciones de ese problema. Pero, ¿cómo así que Trump dijo que van a gobernar a Venezuela durante un tiempo? Eso no puede ser. Ahora, la pregunta es cómo van a proceder de aquí en adelante. Lo único que correspondería es que, a la mayor brevedad posible, se convoquen elecciones libres en Venezuela sin intervención de países extranjeros para que esas elecciones conduzcan a que se cumpla la voluntad de la mayoría de los venezolanos y tener un o una presidenta que realmente enderece el camino.

“Hablar de Constituyente es inconveniente y una necedad de parte del Gobierno”

CAMBIO: El año 2025 terminó con la inscripción de un comité que va a recoger firmas para promover la idea de una Constituyente. ¿Cuál es su opinión? 

J.C.E.: El presidente ha venido hablando de la eventualidad de convocar una Asamblea Constituyente, pero nunca ha precisado qué es lo quiere cambiar en la Constitución de 1991. Por otro lado, paradójicamente, él ha sido uno de los primeros defensores de la Constitución, de manera que no entiendo cómo, al mismo tiempo, se plantea la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y la defensa de la Constitución. Ahora, no se necesita conformar un comité de firmas ni nada por el estilo para efectos de optar por el camino de una Constituyente: basta con presentarle un proyecto de ley al Congreso para que, si este lo aprueba con las mayorías exigidas, se disponga la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

CAMBIO: En efecto, la Constitución solo dice que se debe presentar un proyecto de ley pidiendo convocar al pueblo a votar si quiere o no una constituyente. Eso no necesita firmas…

J.C.E.: No. No necesita un comité de firmas porque basta con la propuesta que se presente ante el Congreso por el propio Gobierno nacional o por un ciudadano para que empiece a tramitarse. Posiblemente, el tema de las firmas tiene como propósito ejercer una cierta presión sobre el Congreso para efectos de la aprobación de la ley.

CAMBIO: El presidente dice que la iniciativa se va a presentar el 20 de julio de 2026, aduciendo que existe un "bloqueo institucional" por las reformas sociales que quiso proponer y que el Congreso decidió no aprobar. Habla de pensiones, de la salud, de hacer universales los servicios públicos, de la educación. ¿Se necesita una Constituyente para ello? 

J.C.E.: Perfectamente puede convocar a una Constituyente, pero eso implicaría una reforma de algunos aspectos de la Constitución relacionados con el título de los derechos fundamentales. En el fondo, el presidente plantea convertir automáticamente en Constitución Nacional aquellos proyectos de reforma que llevó al Congreso y que no le aprobaron, o aquellas determinaciones que, habiendo sido aprobadas por el Congreso, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Es decir: volver Constitución asuntos que tendrían que aprobarse por ley. Pero lo que ocurrió no fue un ‘bloqueo institucional’, como sostiene el Gobierno, sino el funcionamiento normal de las ramas del poder. En eso consiste la democracia, en eso consiste el sistema, y no tiene sentido pretender que cuando el Congreso o la Corte dicen que 'no', se necesite convocar una asamblea constituyente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. 

CAMBIO: ¿Es peligroso hablar de Constituyente en campaña electoral?

J.C.E: Peligroso, no. Me parece inconveniente y, perdóneme la expresión, me parece un tanto necio de parte del Gobierno nacional. Es una necedad insistir en cosas que el Congreso no aprobó en ejercicio de sus funciones normales. Eso es una necedad. Y también es una necedad pretender convertir en Constitución lo que han tratado de aprobar por ley y no se logró. Eso no tiene sentido. 

Es una necedad insistir en cosas que el Congreso no aprobó en ejercicio de sus funciones normales. Eso es una necedad. Y también es una necedad pretender convertir en Constitución lo que han tratado de aprobar por ley y no se logró. Eso no tiene sentido.

CAMBIO: Es posible decir que el presidente puede tener una frustración real por la no aprobación de reformas, pero de ahí a poner al país en una Constituyente, eso ya es otra cosa...

J.C.E: En la medida en que esos asuntos puedan resolverse mediante la aprobación de leyes por parte del Congreso, en todas las circunstancias se aconseja buscar fórmulas de consenso para que las iniciativas pasen. La búsqueda del consenso en la historia de Colombia ha tenido éxito cuando, en vez de imponer a los 'totazos' una idea, se propone encontrar fórmulas acordadas y convenidas, tal y como fue el proceso de aprobación de la Constitución de 1991. El problema es que el Gobierno no es amigo de conseguir consensos. Mire, por ejemplo, el proyecto de ley de reforma de la salud: en varias oportunidades se lograron consensos y, al día siguiente, el Gobierno se echó para atrás e insistió en su proyecto original. 

CAMBIO: ¿Esta situación es la evidencia de la torpeza política del Gobierno?

J.C.E: Cambiaría la expresión 'torpeza política' por 'terquedad' y me parece que eso no conduce a nada bueno. El presidente debe rodearse de quienes le inspiren plena confianza. Es normal que, cuando se van a discutir temas importantes, se hagan desayunos en Palacio, que se reúnan parlamentarios con el Gobierno, incluido el propio presidente de la república, para discutir los proyectos, para cambiar ideas, para buscar fórmulas que conduzcan a un acuerdo. Eso debería hacerse.

CAMBIO: ¿Fue un fracaso rotundo de Armando Benedetti, como ministro del Interior?

J.C.E: No, no lo personalizaría a ese punto. Diría que es un fracaso del Gobierno porque no ha logrado, o quizás no ha querido encontrar, las fórmulas que permitan el logro de esos consensos. Si pretende imponer tercamente los proyectos que tiene, sin aceptar ningún tipo de modificación o discusión, se va a estrellar con un muro, como ha sucedido.

CAMBIO: La Corte Constitucional es nuestro baluarte y el año pasado varias críticas apuntaron a que se estaba ‘politizando’ un poco…

J.C.E.: Como decían los filósofos escolásticos, distingo: ¿qué se entiende por politizada? Si por politizada se entiende mirar con consideraciones políticas temas que son por su propia naturaleza políticos, pues está politizada porque tiene que estarlo. La Constitución es política pura, política con derecho, y la Corte tiene que meterse con esos temas. Eso no quiere decir hacer política partidista o de una determinada ideología. En la Corte hay diversidad de criterios, de posiciones y de ideologías. Eso está bien. Y el resultado debe ser una decisión sopesada y madurada. Yo confío en los magistrados de la Corte Constitucional. Creo que son serios, maduros, juristas, juiciosos, comprometidos con la vigencia de la Constitución de 91.

CAMBIO: Hemos visto que cuando el presidente no comparte una decisión de la Corte, responde, y no siempre con el mejor tono. La Corte, entonces, sale en defensa de la autonomía e independencia judicial, eso sí en una forma cordial y respetuosa. También hemos visto una confrontación con un tono más político entre el presidente Petro y el presidente de la Corte, Jorge Ibáñez. El presidente Petro personaliza críticas innecesariamente. Y también hay quienes creen que el presidente de la Corte no tiene por qué salir ovacionado de los congresos de los gremios, como sucedió en 2025....

J.C.E.: El lenguaje de la Corte no debe ser altisonante, sino medido, templado, respetuoso y, al mismo tiempo, absolutamente respetable. Que la gente respete porque el tono es el que corresponde, porque los términos son los que corresponden, porque el momento es el que corresponde. Es fundamental que la Corte esté imbuida de prudencia, de buen tino. La Corte no puede dejarse exacerbar ni exaltar porque debe estar por encima de las circunstancias. La Corte no puede prestarse para que termine habiendo una especie de duelo verbal entre el presidente y la Corte Constitucional. Eso no puede existir. 

CAMBIO: ¿Usted cree que el doctor Ibáñez ha sido prudente?

J.C.E.: Lo que le he oído y visto me muestra que ha sido prudente, respetuoso, y que el tono ha sido apropiado. Sí, se percibe emoción clara en él al defender los postulados en los que cree como persona, abogado, magistrado y como presidente, en donde además está expresando la postura de la Corte Constitucional. Entonces, esa emoción, por llamarla de alguna manera, es perfectamente válida y legítima. Es decir, el hecho de que no deba haber excesos o altisonancias no quiere decir que no exista la emoción que siente quien tiene a su cargo, ni más ni menos, la defensa de la Constitución. 

‘La Corte debe meterle el acelerador a la revisión de la emergencia económica’

CAMBIO: El magistrado Ibáñez planteó la posibilidad de reformar el tema de la vacancia que tienen los funcionarios judiciales en diciembre dado que, el presidente Petro decretó la emergencia económica, que es un ‘estado de excepción’, y su revisión solo puede empezar a hacerse ahora que regresen de vacaciones. ¿Hay antecedentes?

J.C.E.: Ordinariamente, no. Los tiempos de la vacancia judicial están establecidos por norma y me parece que la Corte fue prudente al decidir no reunirse en este tiempo para evitar riesgos y que luego se afirmara que se sesionó cuando no se podía. En la medida que la vacancia judicial es un concepto señalado por normas jurídicas, hay que respetarla. Mientras no cambie la norma, yo no alteraría la vacancia.

CAMBIO: Ahí hay un tema de fondo más complejo: el control de constitucionalidad es muy lento. Incluso si hubieran decidido asumir el estudio de la emergencia en vacancia, solo habrían podido repartir el expediente. Una vez avoque el conocimiento del caso después del 13 de enero, el mismo procedimiento exige una serie de pruebas, etcétera.…

J.C.E.: No necesariamente porque, así como la vacancia tiene reglas e impone limitaciones, en ninguna parte está prohibido que la Corte acelere sus procedimientos y resuelva rápidamente lo que a veces se demora un tiempo en resolver. La Corte, en función de determinadas circunstancias, puede considerar que es conveniente o incluso necesario pronunciarse públicamente sobre determinado asunto. Y creo que con la emergencia económica o cualquiera de los estados de excepción, es perfectamente comprensible que en un momento determinado la Corte resuelva que va a proceder con celeridad. Eso no está prohibido en ninguna parte.

CAMBIO: Su mensaje, entonces, es que la Corte debe acelerar sus tiempos para este caso…

J.C.E.: Yo creo que es necesario, porque la emergencia económica se decretó en un momento en el cual no podía haber sobre ella el control jurisdiccional por razón de la vacancia judicial. Entonces el tiempo que se perdió por la vacancia puede ganarse con base en meterle el acelerador al procedimiento.

CAMBIO: ¿La emergencia económica era necesaria? 

J.C.E.: No. La emergencia económica no es un instrumento que deba utilizarse cuando el Congreso toma la decisión de no aprobar una ley. El hecho que el Congreso rechace un proyecto que presentó el presidente de la república es perfectamente normal en un Estado de derecho. Es el funcionamiento de las ramas del poder. Para eso son las ramas del poder, para que, como decía Montesquieu, el poder controle al poder.