Secretaría de Transparencia advirtió posible volteo de tierras en proyecto Accesos Norte a Bogotá: estos son los hallazgos
La dependencia reveló una serie de presuntas irregularidades contractuales, que podrían configurar un detrimento patrimonial para el municipio de Chía. Los cambios en el uso de suelo se habrían realizado sin concertación ni soporte técnico, para beneficiar a particulares.
Por: Jonathan Beltrán
La Secretaría de Transparencia emitió este 25 de agosto una advertencia por presuntas irregularidades relacionadas con un posible caso de volteo de tierras en el proyecto Accesos Norte a Bogotá, el millonario proyecto vial con el que se busca mejorar la conexión y disminuir el flujo vehicular entre la capital y varios municipios aledaños en Cundinamarca.
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La entidad, encargada de implementar políticas contra la corrupción, reveló que en febrero de este año recibió múltiples denuncias sobre posibles incumplimientos de normativas ambientales en el avance del proyecto. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, también se encontraron presuntas irregularidades contractuales y administrativas.
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, explicó que el proyecto vial corresponde a una Asociación Público-Privada sin recursos públicos. En ese sentido, desde el inicio de la iniciativa, la propuesta se presentó estableciendo como una condición fundamental que el proyecto se completaría sin aportes económicos o en especie por parte de entidades públicas.
En la rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño, Idárraga reveló que, pese a que el contratista no debía recibir aportes estatales, la Alcaldía de Chía (Cundinamarca) habría entregado terrenos públicos que debían ser destinados a vías terciarias. En su alerta, el funcionario enfatizó en que esos bienes no podrían utilizarse para favorecer intereses privados.
“Al parecer, se realizaron cambios en el uso del suelo sin soporte técnico ni concertación que podrían derivar en un fenómeno de modificación con fines de lucro urbanístico. Los cambios podrían haber beneficiado a particulares, con posibles afectaciones prediales en Chía que comprometerían el interés público”, explicó Idárraga en su advertencia pública.
Los hallazgos de la Secretaría de Transparencia sobre presuntas irregularidades contractuales en Accesos Norte
En su evaluación preliminar de las denuncias, la entidad encontró que bienes públicos de Chía se incluyeron en la Asociación Público-Privada Accesos Norte sin la existencia de estudios técnicos que fundamentaran la decisión. Según la dependencia, la entrega de esos predios al concesionario se habría efectuado mediante una modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El secretario Idárraga informó que el primer paso para los cambios realizados de forma exprés al POT fue la concertación en solo 12 días, del 18 al 30 de diciembre de 2015, entre la administración municipal y la Corporación Autónoma Regional (CAR) para ajustar la iniciativa a la normativa ambiental y habilitar el uso del suelo en zonas que antes estaban destinadas a otros fines.
En abril de 2016, la Alcaldía de Chía convocó a sesiones extraordinarias del Concejo para la revisión y ajuste del POT. Seis semanas después, la corporación municipal aprobó los cambios en el uso del suelo en hechos que ahora son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con un posible detrimento patrimonial.
En 2019, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Zipaquirá suspendió el POT tras considerar que su aprobación se presentó sin socialización adecuada con las comunidades del municipio. En su decisión, con la que se estableció qué municipio debe regirse por el POT anterior del año 2000, se consideró que las modificaciones representaban riesgos ambientales y urbanísticos para Chía.
“Un poco más de 104.000 metros cuadrados del municipio de reserva vial, bienes públicos que no se podían conceder, se entregaron al concesionario de acceso norte. Esta práctica es posiblemente ilegal debido a que tenían una destinación específica, sumado a que se trataba de una concesión vial sin recursos públicos”, explicó Idárraga sobre los hallazgos.
Alcaldes, notarios y concejales: los funcionarios investigados por presunto volteo de tierras en Chía
La Secretaría de Transparencia informó que el concesionario del proyecto Accesos Norte a Bogotá – Unidad Funcional 3 adeuda al municipio de Chía cerca de 200.000 millones de pesos, debido a que la iniciativa no debería recibir recursos o bienes públicos que ahora podrían representar beneficios económicos para particulares.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, confirmó el envío a la Fiscalía y a órganos de control de todo el expediente del caso para establecer presuntas prácticas con implicaciones penales, disciplinarias y administrativas. Según el funcionario, los involucrados podrían enfrentar procesos por prevaricato por acción u omisión, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.
En el expediente del proceso, la Secretaría de Transparencia señaló como presuntos responsables del volteo de tierras y el posible detrimento patrimonial al director de la CAR, Alfred Ballesteros; al exalcalde de Chía Leonardo Donoso, y al exvicepresidente de Gestión Contractual de la ANI Luis Eduardo Gutiérrez.
Idárraga informó que en la lista de involucrados en presuntas prácticas irregulares estarían también exconcejales, notarios, asesores jurídicos y exfuncionarios de la administración municipal de Chía. En ese sentido, pidió a entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelantar las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.
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