Fondo Mixto Sierra Nevada: 289.000 millones de pesos de regalías vigilados por una contratista fantasma y tramposa

Si los contratistas del Estado pudieran elegir un ‘superpoder’, además de la paciencia imperturbable, escogerían el de la omnipresencia. Así, podrían ejecutar contratos simultáneamente en todo el país, aumentando sus ingresos y la experiencia profesional. Pero claro, eso es imposible, una proeza solo presente en la mitología burocrática, ¿o tal vez no? Según un informe de la Contraloría conocido por CAMBIO, hay un caso registrado en Colombia, algo así como un esquivo unicornio que, si bien no redefine las leyes de la física y la metafísica, es tan pintoresco como indignante. Su hábitat es el Fondo Mixto Sierra Nevada, conocido ‘contratadero’ fundado en La Guajira, al que no le cabe un cuestionamiento más.

El Fondo Sierra Nevada apareció en marzo de 2021 constituido por el entonces alcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta Mieles, salpicado en el escándalo de pérdida de recursos del Ocad Paz. Como fundadores del Fondo también aparecen: la firma Intec de la Costa, relacionada con Emilio Tapia y el escándalo de Centros Poblados, así como siete personas del municipio, la mayoría de la misma familia; los hermanos Andrés Felipe y Esteban José Cleves Daza, así como sus primos Alejandra Pérez Daza y Carlos Eduardo Daza Rumbo.

Aunque el Fondo fue pensado para apoyar la ejecución de proyectos en La Paz, rápidamente se convirtió en contratista de varias alcaldías en otros departamentos tan distantes como Casanare o Meta, principalmente con proyectos financiados con plata de regalías. El crecimiento meteórico ha sido tal que, según el Departamento Nacional de Planeación, a corte de agosto de 2024 el Fondo era el contratista que más convenios concentraba del Sistema General de Regalías: 698.000 millones de pesos representados en 164 proyectos tan variados que van desde la organización de festivales y torneos deportivos hasta la construcción de vías.

Esa desbordada concentración de recursos públicos requeriría de una supervisión rigurosa, estricta y especializada para cada contrato. Pero no, el Fondo Sierra Nevada optó por acudir a una ingeniera a quien le cambió la vida en cuestión de meses.

Ingeniera, omnipresente y millonaria

De la larga lista de contratos a nombre del Fondo Sierra Nevada, hubo 45 que llamaron la atención de la Contraloría. El factor común de todos los convenios ⎯que suman 289.000 millones de pesos⎯ no es su finalidad ni el lugar de ejecución, sino la persona encargada de “apoyar la supervisión” de los mismos. Se trata de Érika Andrea Cotes Guerra, una joven ingeniera de Fonseca, La Guajira, quien en cuestión de diez meses se ganó 45 contratos por 2.000 millones de pesos para ser los ojos vigilantes sobre igual número de proyectos. Una hazaña poco vista y muy improbable.

Entre junio de 2023 y marzo de 2024, la ingeniera Cotes fue capaz de supervisar, casi simultáneamente, 45 proyectos en municipios de cinco departamentos: Orocué, Támara, Tauramena, Monterrey, Villanueva y Paz de Ariporo, en Casanare. Así como Puerto Gaitán, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Puerto Rico en el Meta. Y, como si faltara poco, Saravena, Arauca, Mitú, capital del Vaupés y Primavera, Vichada. Una verdadera ‘trotamunicipios’ de la supervisión.

Por supuesto, las dificultades de cumplir tal cantidad de tareas llamaron la atención de la Contraloría, aun más cuando Érika Cotes no debería tener asignadas funciones de supervisión al ser contratista y no funcionaria del Fondo. Para el órgano de control es claro que la ingeniera no cumplió labores de “apoyo” sino que en la práctica ejerció como supervisora de los 45 proyectos. Esto se concluyó luego de encontrar que en todos los contratos las funciones asignadas a Cotes iban mucho más allá de ser una contratista de respaldo. Además, en todos los contratos el objeto y las funciones fueron exactamente las mismas, a pesar de que cada proyecto era diferente.

Las actas e informes de Érika Cotes deberían aclarar la situación y demostrar su capacidad de supervisión. Sin embargo, después del análisis la situación se hace más turbia. Según la auditoría, las firmas de las cuentas de cobro, los contratos, las actas de inicio, los planes de anticipo y la cédula de Cotes no coinciden entre sí.

Pero hay un hecho más grave. La auditoría también encontró que durante 2023 el Fondo Sierra Nevada le pagó a la ingeniera Cotes 1.000 millones de pesos en honorarios sin que hubiese pagado aportes de seguridad social. La contratista solo pagó todas sus planillas atrasadas hasta abril de 2024. Además, entre 2024 y 2025, la ingeniera Cotes no hizo aportes a riesgos laborales. Aun así, el Fondo le pagó ⎯con plata de regalías⎯ otros 1.000 millones en honorarios sin ningún problema.

Adicional a lo anterior, la Contraloría encontró que Érika Cotes reportó como ingreso base de cotización en 2023 la suma de 5 millones de pesos mensuales, cuando en realidad siempre superó el tope de cotización, que es de 25 salarios mínimos mensuales. En 2024 el desfase es mucho mayor; Cotes informó un ingreso mensual de cotización de apenas 2 millones, a pesar de que hubo meses en que alcanzó a percibir ingresos por 237 millones.

La auditoría concluye que la contratista dejó de hacer aportes al sistema de seguridad social por más de 100 millones de pesos:

Este hallazgo es uno de los más graves. Por un lado, demuestra serias fallas del supervisor de la señora Cotes, quien es el mismo representante legal del Fondo: Andrés Felipe Cleves Daza. Y por otro, podría haber incidencias penales y disciplinarias. De hecho, la Contraloría trasladó las irregularidades a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), la Procuraduría y a la Dian.

Poca experiencia laboral, pero amplia en hacer 'conejo'

Los cuestionamientos de la Contraloría no solo fueron hacia la inexplicable labor de Érika Cotes, sino también a su idoneidad y experiencia laboral. Según el informe, la contratista se graduó como ingeniera civil de la Universidad de Pamplona en enero de 2023, apenas cuatro meses antes de empezar su maratónica firma de contratos de supervisión con el Fondo Sierra Nevada. En la hoja de vida que presentó a esa entidad, Cotes no acreditó un solo día de experiencia laboral.

Sin embargo, al ser consultados por la Contraloría sobre esta situación, el Fondo remitió dos certificados laborales de la ingeniera Cotes. Allí se indica que, supuestamente, Cotes trabajó en la empresa Proyectos y Soluciones de Arquitectura e Ingeniería como auxiliar entre 2019 y 2020. También habría pasado por Ingen&ar Ltda. como residente de obra entre enero de 2021 y mayo de 2023. Estos certificados fueron expedidos en abril y mayo de 2025, dos años después de la entrada de Cotes al Fondo Mixto.

Lo que no pudo explicar el equipo auditor de la Contraloría es que, si Cotes se graduó en enero de 2023 de la Universidad de Pamplona, ¿cómo trabajó en esas dos empresas que tienen sede en Riohacha estudiando bajo modalidad presencial?

Para la Contraloría, los directivos del Fondo Sierra Nevada habrían violado los principios de selección objetiva y transparencia al suscribir 45 contratos sin verificar la experiencia e idoneidad de Érika Cotes.

Además, CAMBIO encontró que el representante legal de Ingen&ar Ltda es José Antonio Berardinelli, un poderoso contratista de la costa Caribe que ha concentrado la ejecución de varios proyectos de regalías. De hecho, Berardinelli fue investigado por la Procuraduría junto a la exalcaldesa de Santa Marta Virna Jhonson por irregularidades en la remodelación del centro de salud de Gaira.

La empresa de Berardinelli también ha hecho parte de consorcios con la otra firma que certificó la experiencia de Érika Cotes, cuya representante es Lenis Paola Quintero, exempleada de Berardinelli y también egresada de la Universidad de Pamplona.

Finalmente, el cierre de esta historia no puede ser otro que un episodio que explica por qué Cotes terminó estudiando en Pamplona, Norte de Santander. CAMBIO conoció que, tanto la contratista como su hermana, Esmeralda Cotes Guerra, salieron de la Fundación del Área Andina en 2015 porque fueron descubiertas dando plata a cambio de alterar notas. Así lo revela esta resolución en la que se confirma la expulsión de Jaime Eduardo Bornacelly Vásquez, otro de los implicados en el fraude. Bornacelly Vásquez es hijo del exconcejal de Valledupar Jaime Bornacelly Figueroa, destituido por la Procuraduría en 2019 por irregularidades en la elección del contralor municipal.

La insólita historia de Érika Cotes y su inverosímil capacidad de supervisar decenas de contratos simultáneamente demuestra que miles de millones de regalías siguen a merced del Fondo Mixto Sierra Nevada, una entidad sin control y con apariencia más política que técnica.