El Gobierno se juega su última carta para bajar las tarifas de energía con un Congreso ajustado: ¿qué perspectivas tiene?

Hace poco más de un año, congresistas de la región Caribe impulsaron la campaña ‘Comer o pagar la luz’, que se convirtió en una forma de protesta por los altos costos de energía que pagan los usuarios en una de las zonas más calurosas del país. Más allá de la campaña, los carteles y el ruido mediático, la realidad sigue siendo la misma en algunas regiones del país, donde muchas personas no tienen con qué pagar recibos que puedan costar hasta un par de millones de pesos en una familia modesta, y no por gasto excesivo, sino por los sobrecostos.

“Hay quienes que no tienen electricidad y prefieren dormir en el suelo para sentir el frío que se filtra por el piso de la casa”, le contó hace unos meses a CAMBIO Karol Solis Menco, una de las caras más visibles de la lucha ciudadana contra las altas tarifas de energía en la región Caribe. Según datos del índice de Pobreza Multidimensional Energética, en el país hay más de 700.000 personas privadas de este servicio y al menos seis millones viven en municipios que no tienen buena calidad.

El Gobierno prometió un cambio. El Ejecutivo ha intentado emitir decretos y resoluciones, e incluso, el presidente Gustavo Petro trató de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero los precios en este sector, altamente regulado, dependen de muchos factores, y bajar las tarifas no es sencillo.

Los intentos del Gobierno por impulsar el proyecto

A un año de que el gobierno Petro se acabe, las cosas no han cambiado. Por eso, el presidente y su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le apostaron a una artillería pesada: un proyecto de ley para bajar las tarifas de energía. Palma participa desde hace varias semanas en eventos para socializar un borrador de 10 artículos que elaboró su cartera. Ha viajado a varias universidades en la costa para contarle a la gente del proyecto, se reunió con los gremios y ha movido cielo y tierra para explicar su iniciativa.

Hace dos semanas, en el marco del cuarto Foro Nacional sobre Tarifas realizado en Bogotá, Palma anunció que este 11 de agosto iba a radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley. “La ciudadanía está cansada de facturas impagables”, dijo el ministro, quien culpó al modelo tarifario actual por la inconformidad de la ciudadanía. “El nuevo marco legal que presentaremos buscará optimizar la estructura de costos, incentivar el uso eficiente de la energía y hacer más transparente la formación de tarifas”, explicó..

En el papel, la idea suena muy bien, pero al sector no le convencen las formas que quiere usar el gobierno, y al Congreso, que aún no tiene una versión definitiva del proyecto, le genera incertidumbre.

A pesar de los esfuerzos de Palma, fuentes del gobierno y del sector le dijeron a CAMBIO que el proyecto aún no está listo y puede que la iniciativa se tarde más tiempo en llegar al Legislativo.

¡Bajar las tarifas de energía fue una promesa de campaña y la estamos cumpliendo!

Durante décadas los usuarios han padecido tarifas injustas, mientras unos pocos se enriquecían con el sudor del pueblo.

Hoy el cambio es real: enfrentamos los abusos del mercado eléctrico,… pic.twitter.com/DoioBUE8hR

— Minenergía (@MinEnergiaCo) July 25, 2025

¿Qué propone el proyecto?

Bajar el precio de la energía eléctrica puede ser complejo, por los cambios técnicos que hay que hacer en el sistema. Pero también es una propuesta que, a simple vista, es popular entre la ciudadanía.

Entonces, según el borrador que ha expuesto el ministro Palma, el Gobierno tiene la idea de revisar los subsidios de energía que reciben las familias de estratos bajos, y suspender temporalmente, o incluso eliminar, las ayudas a aquellos cuyo consumo sea superior al promedio de este tipo de hogares.

Otra propuesta es cambiar la forma en que se pagará la opción tarifaria, que es la deuda que le quedó a los usuarios con los distribuidores de energía tras la pandemia. En ese momento se congelaron los precios de las facturas, y la deuda hoy alcanza casi tres billones de pesos. Aunque el año pasado el presidente prometió que el gobierno iba a pagarla, luego se echó para atrás, y ahora propone que la asuman los usuarios de estratos 4, 5 y 6, los comercios y los industriales.

Entre varios cambios técnicos, uno de los puntos más polémicos es el que busca cambiar las reglas de juego para la CREG: reducir a la mitad la experiencia que se requiere para formar parte y modificar la forma en que está compuesta, integrando tres nuevos comisionados elegidos por el presidente: un representante de los usuarios, uno de los sindicatos y un académico.

“Si es bueno, lo apoyamos; pero hay que ver de dónde salen los recursos”: así está el pulso en el Congreso

El texto no ha llegado al Congreso, pero el debate ya toma fuerza. Primero, porque es claro que el Gobierno ha intentado dejar a un lado las alertas de los gremios y vender esa iniciativa como una apuesta por “bajar las tarifas de energía”. Una premisa que cae muy bien en época de campaña y de congresistas pensando en su reelección. “¿Quién no apoyaría una iniciativa que tiene respaldo popular en estos tiempos?”, le dijo a CAMBIO el analista político Germán Prieto. Esa es una muestra del buen ambiente que podría tener el proyecto de ley que el Gobierno espera presentar.

Además, el ministro Palma se ha movido para ambientar la discusión del proyecto. Un congresista del Pacto Histórico le dijo a CAMBIO que ya se han adelantado reuniones con asesores y algunos congresistas de la Comisión Quinta de Cámara y Senado, por donde debe pasar el articulado. Esas reuniones las confirmó otro senador del Partido de La U.

Mientras el ministro mueve sus fichas, congresistas del Pacto y aliados habituales del Gobierno defienden la iniciativa, al considerarla clave para ofrecer soluciones a usuarios que enfrentan situaciones complejas y que, en muchos casos, tienen dificultades para acceder a un servicio que debería ser continuo.

A todo el escenario favorable se suma que en esta última legislatura el Gobierno logró influir en la elección de los presidentes de Cámara y Senado. Una victoria que le puede servir para acelerar el trámite de los proyectos. Sin embargo, las alertas de los gremios también se han trasladado al Congreso y podrían convertirse en una excusa de la oposición y los independientes para hundir el articulado.

Como le dijo a este medio la representante Julia Miranda, del Partido Alianza Verde, en medio del contexto muchos podrían votar sin pensar, “pero habrá que ver de dónde sale la plata para bajar las tarifas”.

Con eso coinciden otros congresistas independientes y de la oposición, quienes dicen que solo tomarán una postura cuando el texto definitivo llegue al Legislativo. “Con la demagogia del Gobierno hay que ser muy cuidadoso. Nosotros preferimos esperar el texto completo para sentar nuestra postura”, le dijo a CAMBIO el representante del Centro Democrático Andrés Forero.

Pero la política es dinámica y cualquier cosa puede pasar. Como dice el analista Germán Prieto, algunos elementos crítico del proyecto, como cambiar las reglas de juego de la CREG, podrían darle alas a los congresistas que ahora quieren marcar distancia con el Ejecutivo. Una estrategia que suelen utilizar para hacer campaña y ser reelegidos. Esta postura podría tomar más fuerza en el Senado, donde la oposición es mucho más sólida.

En todo caso, para Prieto es clave que el proyecto que presente el Gobierno tenga en cuenta la discusión que se ha generado frente a los componentes de riesgo y que no aumente proporcionalmente al crecimiento de los costos. Pero destaca que desde el Ejecutivo se intente cambiar la fórmula de la CREG. “Creo que debería generarse un mayor control para que no haya esa puerta giratoria entre los comisionados, gerentes y directivos de las empresas prestadoras de energía. Pero, en general, es una reforma que si bien puede tener mucho respaldo popular, el Congreso puede ser hacerle oposición”, aseguró.

Los reparos de los gremios

A inicios de julio, ocho gremios y asociaciones del sector le mandaron una carta al ministro. En la misiva, aunque reconocieron la intención del gobierno, aseguraron que la forma en que está planteada la iniciativa hasta ahora “no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo para los usuarios”.

Por eso, el pasado martes el ministro se sentó con su equipo y los representantes de las asociaciones y gremios del sector para buscar un consenso sobre el proyecto.

¡Se viene un cambio real en las tarifas de energía, para lograr una #JusticiaTarifaria!

El Gobierno de @PetroGustavo y @PalmaEdwin 🌴con su equipo, se sentaron con los gremios del sector eléctrico, a conversar y construir consensos para lograr algo urgente: bajarle el voltaje a… pic.twitter.com/WMK8P0ZcxM

— Minenergía (@MinEnergiaCo) August 5, 2025

“Le contestamos las preguntas y le mostramos que varios de los artículos no requieren ley, se deben hacer por medio de decretos y de la CREG. Se están equivocando en varios temas”, le dijo a este medio Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). Sánchez cuestionó los cambios que se están proponiendo en mecanismos.

“Es una locura presentar un proyecto de ley en este momento. Cuando entra al Congreso no sabemos cómo sale, estamos en época electoral. En tres años no sacaron ninguna ley, y decir que en el último año sacamos un frankenstein puede ser peligrosísimo en este contexto”, dijo el dirigente gremial.

A su parecer, radicar un proyecto de este tipo en esta coyuntura envía malas señales a los inversionistas porque “cambia las condiciones en la mitad del juego” mientras el sistema se alista para una nueva subasta de cargo por confiabilidad para garantizar el suministro de energía entre 2029 y 2030. “Se pueden afectar las inversiones, y ojalá no nos tiremos la subasta. Eso sería muy malo para el futuro”, dijo.

En esa misma línea está José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), quien defendió que el país no requiere acudir a una ley, porque “muchas de las cosas que se están planteando se pueden hacer a través de la CREG”, y debería usarse el organismo técnico para ello.

“La CREG es un ente autónomo e independiente. No estamos de acuerdo con que algunos actores o terceros de interés participen. Lo conveniente podría ser fortalecer las ligas de usuarios, y que sean más activas”, propuso.

Los servicios públicos son un tema complejo y querer modificarlos implica un desgaste desde el punto de vista político. Por eso el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, cree que el cuarto periodo de un gobierno no es el momento para hacer grandes reformas en el sector.

“Yo creo que Palma tiene buenas intenciones desde el objetivo que busca, lo que no tiene claro es cómo hacerlo. Los dos ministros anteriores no hicieron nada, él está arrastrando tres años de no haber hecho las cosas antes. Los anteriores tuvieron el tiempo y la capacidad para hacer cambios, pero no supieron hacerlo”, cuestionó.

Para el ministro puede que la forma de solucionar el problema de las tarifas sea con un proyecto de ley, los representantes del sector creen que no es por ahí, y que deberían usarse otras instancias. El Congreso, por ahora, tampoco tiene mucha claridad sobre el articulado que va a recibir, y en un año en el que el capital político estará concentrado en las elecciones y otros proyectos fundamentales para el gobierno, puede que esta iniciativa no logre ver la luz.