Caso UNGRD: La 'vocería' de Wadith Manzur que lo dejó mal parado en la Corte Suprema

—Quería contarte el tema ese que veníamos trabajando. Iba todo bien y de repente se paró y no volvió a avanzar [...] Nosotros ya hicimos todo lo que ellos pidieron.

Con este mensaje del 15 de enero de 2024, el representante conservador Wadith Manzur Imbett le manifestó a María Alejandra Benavides Soto, asesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su preocupación porque los asuntos relacionados con “crédito público” se habían paralizado.

Al día siguiente, Benavides le trasladó a Sneyder Pinilla, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya con un lenguaje directo: “Imagínese que desde diciembre se pararon los tres proyectos”. Ante lo cual, Pinilla refiere que no había nada frenado, sino solo menos personal por el descanso de fin de año.

El 23 de enero, Manzur volvió a hablar con Benavides y le insistió, porque “el otro tema no avanzaba”. Esta vez, ni Manzur ni la asesora lograron hablar con Pinilla al respecto. Los tres proyectos que preocupaban al representante se habrían pactado directamente con el ministro Bonilla a finales de 2023, como una coima para aprobar en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), a cambio de emitir conceptos de operaciones de crédito público que el Gobierno requería con urgencia.

Los proyectos por 92.000 millones de pesos en Cotorra, Saravena y El Salado eran tratados como “temas del ministro” y, desde el 15 de diciembre de 2023, tenían una orden de Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para que se tramitaran de urgencia.

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, este capítulo del escándalo de desvío de recursos de la UNGRD, fue una transacción en la que participaron activamente Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Gallo, Liliana Bittar, Julián Peinado y Juan Diego Gómez, integrantes de la CICP y el gobierno, representado en el ministro Bonilla y sus asesores.

La decisión de 799 páginas de la Sala de Instrucción sobre el caso de los seis congresistas, si bien decidió no enviarlos a la cárcel, es demoledora por varias razones: no sólo dice que sí hay pruebas contundentes de que los representantes aceptaron voluntariamente y a sabiendas de su ilegalidad una promesa remuneratoria a cambio de aprobar los créditos que el gobierno necesitaba, sino que deja mal parados a varios protagonistas del peor escándalo de corrupción que ha tocado al gobierno de Gustavo Petro.

La razón es que, al analizar cada sesión de la CICP, las reuniones previas en el Ministerio de Hacienda, las conversaciones interceptadas legalmente entre los congresistas y los asesores, así como las evidencias de las citas posteriores a las sesiones oficiales, la Corte Suprema no deja duda de que Ricardo Bonilla era el delegado del Gobierno para este asunto, que sí sabía de la transacción y que habría hecho una contraoferta en octubre de 2023.

Esto es relevante porque Bonilla, quien salió del Gobierno en medio del escándalo, ha negado haber cometido delito. Le corresponde a la Fiscalía investigar su caso, no a la Corte, porque no es aforado. Y esa entidad anunció que le imputará cargos, pero hasta el momento no hay fecha para ello. En el análisis de la Sala de Instrucción, que sólo investiga a aforados, Bonilla sí buscó reunirse con estos seis representantes en un escenario distinto al del Congreso y buscó que ellos también se reunieran con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

De hecho, como los congresistas no querían reunirse con Velasco, fue otro congresista que no ha sido mencionado en este proceso quien habría ayudado a facilitar una salida: Mauricio Gómez Amín. Supuestamente, su gestión permitió la reunión del 31 de octubre de 2023 en la sede del Ministerio. Mientras que Velasco reconoció que desde Hacienda le pidieron intervenir.

Al ministerio de Hacienda fueron Manzur, Bittar, Gómez y Peinado. Benavides habló con el también asesor Jaime Ramírez Cobo de esa cita. Allí se “hicieron acuerdos”, dijo.

Al ministerio del Interior, para una cita con Kevin Henao Martínez, director de Asuntos Legislativos, llegaron Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. Dos citas con la misma tarea.

Así, las pesquisas van develando la posible participación de más personas en todas las gestiones que fueron necesarias para materializar la transacción. De hecho, la Sala compulsó copias contra de Velasco, Bonilla y de Carlos Ramón González (hoy prófugo), así como contra el exviceministro de Hacienda para la época Diego Andrés Guevara y en contra Kevin Henao.

Un rol clave

Para la Corte Suprema, los seis congresistas sí habrían participado en un “esquema de negociación criminal junto con funcionarios de alto nivel directivo y asesores de la Rama Ejecutiva” para acordar tres proyectos de obra e interventoría, tramitados a través de la UNGRD, a cambio de votar los conceptos que el gobierno les planteara.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2023. Hubo reuniones informales con agentes del ministro Bonilla el 26 de septiembre, el 4 y 31 de octubre, el 8 de noviembre y el 5 y 6 de diciembre, diferentes a las diez sesiones oficiales de la CICP. Esos proyectos surgieron de los procesados, pasaron por Benavides y se tramitaron por la UNGRD. Los congresistas, además, monitorearon los avances, incluso directamente, en el caso de Karen Manrique.

De los seis congresistas, quién queda peor parado con la investigación que hasta el momento adelanta la Corte Suprema es Wadith Manzur, a quien se le endilgó un rol de “vocería” del grupo.

Sus actuaciones se revisaron en detalle y se llegó a una conclusión: sí habría aceptado la promesa del Gobierno, tuvo constantes reuniones con Bonilla, así como comunicaciones con Benavides para poner en evidencia sus intereses, preocupaciones, y para entregar directamente los contactos necesarios para el proyecto de Cotorra, basado en obras para la recuperación de drenaje de aguas entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú hasta ese municipio.

El rol de Manzur tuvo varias fases: buscó activamente a Benavides para manifestar los reparos que tenía con el ministro Bonilla, las trató con él directamente, se comunicaba con la asesora para revisar los temas que se iban a tratar en las sesiones oficiales, entre otros. La presunta ilegalidad viene del contenido de esas citas.

Hay dos muy importantes: las del 5 y 6 de diciembre de 2023. Para la primera, Benavides le dice expresamente a Bonilla qué se va a tratar:

—María Alejandra Benavides: Hola, ministro, buenos días. Espero esté muy bien. Me comentaron que usted llega mañana y como tenemos sesión de interparlamentaria el miércoles 6, quería preguntarle si usted está de acuerdo en que el Vice diego (sic) atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR (sic), pero que salen el otro año.

Ricardo Bonilla: Sí, adelanta eso.

Ese mismo día, Benavides habló con Manzur, quien le manifestó su preocupación porque “las cosas no avanzan” y que, “así como estamos, este año no se va a avanzar más”. El día de la cita, Benavides habla con Diego Guevara le propone agarrar primero a “los tigres”, en referencia a Liliana Bittar, Manzur y Peinado, para decirles expresamente que “son a los únicos a los que les ha salido”. La asesora propone que más tarde sean citados el resto de los congresistas para decirles lo mismo.

La cita se dio en la tarde del 5 de diciembre de 2023 en el ministerio. Todo esto quedó en registro del video en el Ministerio y fue reconstruido por la Sala. En esa reunión no participaron funcionarios adicionales del ministerio. Al día siguiente, se hizo la sesión oficial y, para la Corte, esta sirvió como “instancia de ratificación del acuerdo, esta vez en el ministro Bonilla, con dos subconjuntos de sindicados”: Gallo, probable beneficiado del proyecto de El Carmen de Bolívar, y Manrique y Muñoz, posibles beneficiarios del proyecto de Saravena.

La Corte toma nota de la importancia de todo lo sucedido en los siguientes términos: “La asesora Benavides Soto, además de contar con la anuencia del ministro encargado y la explícita e informada autorización del jefe de la Cartera, Bonilla González, recibió del sindicado Manzur varias quejas sobre el poco avance de las gestiones sobre los proyectos de contratación en la UNGRD, y la advertencia de que, si la situación seguía así, en 2023, y en una probable referencia a los asuntos misionales de la CICP, ‘no se iba a avanzar más’”.

El vocero

Ya en específico sobre Manzur, la Corte reseña, además de las interacciones anteriores, el hecho de que fue él quien el 11 y 13 de diciembre entregó a María Alejandra Benavides los contactos de los enlaces regionales de Cotorra: el acalde Guillermo Llorente Petro y el particular Harry Ethiel Bejarano Arroyo. También están las charlas entre él y el viceministro Guevara, en la que el funcionario le dijo que no se preocupara, que confiara en las gestiones de Benavides.

También que Manzur le dijo a Benavides el 15 de diciembre que quería hablar directamente con Olmedo López y, en la tarde, ella les informó que Olmedo López y Ricardo Bonilla habían decidido designar como enlace a Sneyder Pinilla. Ahí quedó la orden dada para viabilizar los proyectos.

Para la Sala, Manzur terminó ejerciendo una vocería y, a través de él, los otros sindicados manifestaban sus inconformidades: lo hizo, antes, el 8 de noviembre, para advertir que no iban a ir a la sesión del día siguiente ante la precariedad del reporte que habían recibido sobre el tema de los proyectos.

Igualmente, porque en la sesión del 12 de diciembre, en la que se votaron cinco de seis conceptos, el último se aplazó a petición de Manzur, respaldada por el resto de los congresistas, ante la molestia que tenía en ese momento con las promesas. Esto, dice la Sala, fue una “estrategia de dilación orientada a dejar un concepto como garantía hasta percibir mejores muestras de cumplimiento”.

La Corte insistió que, a través de lo que sería la vocería del sindicado Manzur, habrían recomendado que la parte gubernamental ganara más tiempo para demostrar la seriedad del cumplimiento de lo prometido, con el fin de reforzar la confianza de la parte legislativa involucrada en la negociación”.

Eso sí, acá no se trata solo de Manzur, sino de todos los sindicados y se insiste en que todos habrían aceptado las promesas. Este caso seguirá en fase probatoria y, luego, se determinará si van a juicio o no. Por ahora, todos niegan los señalamientos.