Paz total: MinJusticia presentará borrador de proyecto de ley al Consejo de Política Criminal

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, está preparando un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de los integrantes de grupos armados y de estructuras de crimen organizado que dialoguen con el Gobierno nacional.

Este marco legislativo, que está en fase de construcción, sería usado para sacar adelante la Paz Total, creando un trato diferenciado penal y fijando reglas para la investigación, juzgamiento y sanción de estas personas, así como los financiadores y colabores de estos grupos armados.

El borrador de la iniciativa, que se conoció en medios, apunta que las personas cumplan entre dos y ocho años de prisión y se puedan quedar con el 12 por ciento de los bienes que entreguen, si cumplen con ciertos requisitos.

El Ministerio de Justicia señaló que ese borrador es diferente al “proyecto de Paz Total que será presentado mañana a consideración del Consejo de Política Criminal, integrado por la fiscal general, el ministro de Educación, el director de la Policía, el procurador general, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y los directores del Inpec y de Uspec”.

Lo que dice el borrador

Según el borrador de la iniciativa, los grupos que “en el marco de negociaciones de paz” suscriban un acuerdo de tránsito a la vida civil, deberán enviar un listado con la identificación de todos sus integrantes, señalando roles y detallando quienes les ayudaron. Luego se acogerán al proceso con un acta en la cual se deberán comprometer a no volver a usar las armas, y contribuir a la verdad y a la reparación.

La idea central de la iniciativa es que quienes hayan tenido un rol de mando en grupos criminales y que hayan incurrido en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, se les aplicará una pena entre cinco y ocho años de prisión.

Y quienes no hayan tenido un rol decisivo, pero sí hayan participado en esos graves crímenes, tendrán una pena alternativa entre dos y cinco años. Las personas con un rol menos activo y que solo incurrieron en delitos relacionados con la mera pertenencia, podrán ser beneficiados con la terminación anticipada del proceso.

Los que ya están presos

Un elemento novedoso de esta propuesta es que permitiría aplicarse a jefes de organizaciones criminales que ya estén detenidos.

“Quienes al momento de la suscripción del acta de acogimiento hayan estado privados de la libertad por un periodo inferior a cinco (5) años serán trasladados a pabellones especiales para la paz en las zonas de ubicación temporal o regiones de paz en los cuales permanecerán privados de la libertad”, dice el borrador publicado por Caracol Radio.

“Quienes al momento de la suscripción del acta de acogimiento hayan estado privados de la libertad por un periodo superior a cinco (5) años accederán a la libertad condicional”, agrega el documento.

Los derechos políticos

La iniciativa también tiene un factor clave: permitirá que personas que hayan cumplido la pena alternativa impuesta quedarán habilitados para “participar en la vida política (…), salvo en las modalidades expresamente excluidas en la Constitución”.

En términos de procedimiento, se indica que la Fiscalía hará entrevistas a todas las personas que suscriban el acta, y, usando también las investigaciones previas, deberá hacer una caracterización de los patrones criminales de cada organización y de sus víctimas. Luego habrá una audiencia para pedir una medida de aseguramiento y la Fiscalía tendrá dos años para presentar la acusación respectiva.

Las personas podrán aceptar cargos y los jueces podrán imponer una sentencia colectiva.

El sometimiento y los bienes

Las personas que hacen parte de estructuras de crimen organizado y se sometan, en el marco de la negociación con el Gobierno podrán colaborar con la justicia y conseguir una rebaja de hasta el 60 por ciento de la pena, además de conservar el 12 por ciento de los bienes que hayan reportado al comienzo del procedimiento.

La colaboración debe incluir la búsqueda de personas desaparecidas y la contribución a la reparación de las víctimas.

Los financiadores

El borrador de la iniciativa señala que las personas que hayan tenido un rol “determinante” en la conformación o actividad del grupo armado, tendrán 20 días para acogerse al procedimiento especial, una vez los jefes de las bandas informen de su participación al comisionado de Paz. Tendrán una pena de entre dos y ocho años de prisión, según la gravedad de los delitos y las contribuciones que hagan a la verdad.

Los financiadores deberán entregar los bienes obtenidos de manera ilícita, así como información sobre las redes de apoyo y formar un compromiso para no volver a delinquir.

La detención

El proyecto de ley propone que estas personas cumplan sus penas en “colonias” u otros lugares de reclusión que “podrán estar localizadas en zonas de ubicación temporal y regiones de paz”. La vigilancia estaría a cargo del Inpec.

Además, se permite que los jueces, a petición del Gobierno, suspendan las ejecuciones de las órdenes de captura con fines de extradición durante el diálogo y hasta la extinción de la pena.