
Los 7.886 millones de pesos embolatados por irregularidades administrativas en la Universidad Tecnológica del Chocó
Una auditoría de la Contraloría General destapó presuntas irregularidades fiscales, disciplinarias y penales en la Universidad Tecnológica del Chocó. La omisión en la recuperación de estampillas y fallos administrativos se traducen en un detrimento millonario para la institución.
Por: Juan David Cano
Durante años, nadie en la Universidad Tecnológica del Chocó pareció alarmarse por una cifra que crecía en silencio. Una deuda que, aunque visible en los registros contables, fue ignorada por la administración hasta que ya no hubo forma de reclamarla. Hoy, ese descuido tiene un elevado precio: más de 7.000 millones de pesos perdidos.
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Así lo reveló una auditoría financiera realizada por la Contraloría, que destapó una serie de irregularidades en la vigencia 2024 de esta institución educativa. En total, el informe arrojó 21 hallazgos, de los cuales seis tendrían incidencia fiscal por un total de 7.885 millones de pesos. Además, 14 hallazgos podrían derivar en procesos disciplinarios, cuatro en investigaciones penales y dos en indagaciones preliminares. Uno más fue trasladado a la Contaduría General de la Nación.

Fue un viejo mecanismo de financiación lo que encendió las alarmas: la estampilla Pro UTCH. Desde 2018 hasta 2020, entidades como la Gobernación del Chocó, el Hospital San Francisco de Asís, CodeChocó y el municipio de Quibdó recaudaron estos recursos como agentes retenedores. Sin embargo, la universidad no actuó legal ni administrativamente para recuperar esos recursos, dice la Contraloría. El resultado: se caducó el tiempo para cobrar y la institución perdió 7.013 millones.
Servicios contratados sin supervisión, viáticos millonarios y multa por no pagar a tiempo los impuestos, los otros hallazgos fiscales
El informe no se detiene ahí. También se identificaron pagos hechos por la universidad sin tener pruebas claras de que los servicios contratados se hubieran prestado. Es decir, se giró dinero sin verificar si lo contratado realmente se cumplió. Eso le habría costado a la institución unos 480 millones.
Y hay más. Otra de las fallas tiene que ver con los viáticos: recursos que se entregan a funcionarios o trabajadores para cubrir gastos de viajes por trabajo. La universidad no hizo seguimiento ni dejó constancia de que al menos 36 de esos viáticos se hubieran usado correctamente, lo que representa otra pérdida cercana a los 380 millones de pesos.

La Contraloría también encontró que la universidad pagó casi 12 millones en multas por presentar tarde sus declaraciones de impuestos, una señal más de los problemas de organización interna y de manejo financiero.
Lo que preocupa no es solo el monto de las pérdidas, sino la persistencia de fallas estructurales en el control y supervisión de los recursos públicos. La Contraloría ha prometido seguir vigilando de cerca a la universidad, mientras esta intenta adoptar medidas correctivas para garantizar su estabilidad financiera. Pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿cómo se dejó caducar una cartera por 7.000 millones de pesos sin que nadie levantara la voz a tiempo?
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