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Gustavo Petro en la instalación del Congreso este domingo, 20 de julio.
Poder

Más universidades públicas, 500.000 nuevos cupos y avances en educación: los problemas en las cifras del presidente Petro

En su discurso del 20 de julio en el Congreso, el presidente Gustavo Petro habló de ciencia cuántica, seguridad, salud y educación, que son las banderas de su administración. En el último punto aseguró que han avanzado mucho más que en otros gobiernos. Sin embargo, las cifras no muestran lo mismo y algunas de sus nuevas políticas no están exentas de cuestionamientos. ¿Qué es verdad y qué no en materia educativa?

Por: Claudia Quintero

“La prioridad de la política del cambio es que la juventud pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana y de manera gratuita. Solo así se incrementa el intelecto de la sociedad (…)”, decía el presidente Gustavo Petro en su discurso del 20 de julio. Habían pasado dos horas y seis minutos desde que empezó a hablar y justo cerró su intervención refiriéndose a las medidas que se han tomado en educación.

“¡Mentiroso!, ¡mentiroso!”, se escuchaba decir a algunos congresistas de la bancada de oposición. Mientras tanto, otros independientes gritaban eufóricos: “¡Petro desfinanció al Icetex!” y “¡Afectó a los jóvenes!”. ¿Qué es verdad? ¿Quién tiene la razón: el presidente o los congresistas que lo cuestionaron? Esto dicen las cifras.

Las promesas del presidente y lo que han cumplido

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Gustavo Petro en el Congreso. Foto: Ana Cañón - CAMBIO.

Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño con promesas claras: ampliar la cobertura de la educación superior y que esta sea gratuita, ofrecer 500.000 nuevos cupos en estas instituciones, reformar el Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y entregar más sedes universitarias.

En el discurso del pasado domingo, el jefe de Estado se refirió a los dos primeros temas y aseguró que hay avances significativos en los tres años de su administración. Algunas de las cifras que dio el presidente son ciertas; otras no lo son y carecen de sustento. A esto se suma que los datos reflejan las demoras en los proyectos educativos.

Más recursos sí, pero no los 500.000 nuevos cupos

Así, Petro aseguró que en su administración el monto del sector educativo y la cobertura han crecido. Añadió que se han logrado 150.000 nuevos cupos para que jóvenes entren a las instituciones públicas.

“Ya tenemos el 97 por ciento de la matrícula cubierta para todo el que ingresa a un pregrado de manera gratuita en Colombia. Eso nos ha hecho pasar de 597.000 estudiantes de pregrado en 2022 a 902.000 en el primer semestre de 2025. Ya casi tenemos un millón de jóvenes en Colombia que están estudiando gratis, cuando antes era imposible entrar a estudiar medicina”, dijo.

El primer punto importante es que sí es cierto que el sector educativo es el que más recibe recursos del Presupuesto General de la Nación. Solo lo supera el servicio de deuda. Para 2023 el Gobierno destinó 56,5 billones de pesos; en 2024, 73 billones de pesos, y en 2025, 70 billones de pesos.

Pero aquí hay un problema, como lo han advertido las mismas universidades, líderes estudiantiles y congresistas como Jennifer Pedraza, quien afirma que “esos recursos solo alcanzan para pagarles a los docentes”.

La cifra de mayor cobertura en acceso a universidad pública gratuita también está muy cerca de la realidad. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, hay cerca de 900.000 estudiantes en las instituciones de educación superior públicas. De esta cifra, solo entre 2023 y 2024 se han vinculado 197.000 nuevos estudiantes respecto a 2022.

Sin embargo, no es una política solo de este Gobierno, porque los movimientos estudiantiles han luchado por este derecho desde 2018.

En cuanto a otra afirmación del jefe de Estado, es cierto que durante su administración se han abierto 150.000 nuevos cupos de pregrado en las universidades públicas. De hecho, la cifra exacta es 153.666 nuevos cupos con corte a 2024, según el Ministerio de Educación. Y, con corte al primer semestre de 2025, de 190.000 nuevos cupos.

Pero como lo hemos contado en CAMBIO, la cifra de los cupos está mucho más rezagada de lo esperado. En primer lugar, porque la promesa son 500.000 nuevos cupos. En tres años, no han logrado ni la mitad de la meta. Es decir, están pendientes cerca de 350.000 nuevos cupos y solo queda un año de Gobierno. Además, el escenario para 2026 no pinta favorable, porque aumentar cupos implica más recursos y el país atraviesa por una situación fiscal complicada.

Sin embargo, desde el Ejecutivo se defienden con ese mismo argumento, que el aumento de los cupos depende del tema fiscal y que los recursos son progresivos.

En este punto hay varias alertas: no hay rastros de en qué instituciones están esos nuevos cupos. Además, porque universidades y expertos dicen que la apuesta de ampliar cupos solo se puede poner en marcha con más dinero, precisamente lo que falta.

Entonces, si se abren cupos, pero no hay recursos, más estudiantes podrían matricularse en las universidades públicas. No obstante, las condiciones podrían empeorar. ¿La razón? Si no hay dinero para pagar más, serían los mismos profesores dictando más horas de clases, más estudiantes en los salones y campus más desgastados.

Un ejemplo es el de la Universidad de Antioquia. Esta institución lleva años creciendo: tiene más sedes, reciben más estudiantes, más profesores, etcétera. Pero justo por ese aumento en sus servicios, y sin los recursos suficientes, hoy atraviesa una crisis financiera sin precedentes.

“Esto puede acabar con la calidad de la educación pública, porque muchos estudiantes van a terminar recibiendo clases en contenedores o sentados en el piso. Al final, esto puede derivar en que las universidades privadas sean las únicas que ofrezcan educación de calidad”, explicó la representante Pedraza.

“No más plata para universidades privadas”: la apuesta con Icetex

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Manifestaciones de estudiantes en Bogotá. Foto: Colprensa.

El presidente mencionó que en su Gobierno no van a seguir financiando a las universidades privadas con el erario. Con esa afirmación se refería al Icetex, que les presta a jóvenes para que puedan estudiar en la universidad que prefieran. Muchas veces son personas que no lograron un cupo en una institución pública y se vieron obligados a tomar un crédito con esta entidad. Pero es claro que el Icetex tiene múltiples críticas.

Por esas críticas los jóvenes reclaman que se reforme a esta entidad para que las deudas no sean eternas e impagables o que se permita un subsidio al crédito, como pasaba antes. Pero muchos tienen claro que ese camino no pasa por la eliminación. Sin embargo, el presidente no está de acuerdo con esa apuesta. “Esa política no se puede hacer, porque darle una beca o un crédito a un estudiante en la universidad privada equivale a quitarles el cupo a 100 jóvenes en las universidades públicas”, aseguró.

El Gobierno mencionó hace unos meses que van a presentar un proyecto de ley para reformar el Icetex y “convertirlo en una banca de primer piso”. El articulado aún no ha llegado al Congreso, pero el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que la fuente de financiación sería el ahorro público, inversiones de la empresa privada, gestión de nómina, entre otros.

Pese a que no ha llegado al Legislativo, ya hay algunos cuestionamientos, porque se piensa que puede ser una apuesta que termine desfinanciado al Icetex. Además, porque el presidente y el ministro de Educación han dejado claro que no quieren seguir financiando a las universidades privadas a través de esta entidad.

Para Laura León, economista y experta en políticas educativas, “desfinanciar al Icetex es mostrar una antipatía por las diferentes formas de llegar a la educación. Hoy en Bogotá 52 de cada 100 estudiantes entran a programas de educación superior, pero ampliar esta cobertura es imposible sin el trabajo articulado con el sector privado”.

Además, la apuesta de financiamiento que se ha mencionado no es una buena solución, porque no resuelve los problemas de las altas tasas de interés, las condonaciones y demás problemas que enfrentan los estudiantes. Esto le han dicho a CAMBIO economistas como José Manuel Restrepo y Luz Karime Abadía.

El segundo punto de este tema se centra en la afirmación de quitarles el cupo a 100 estudiantes de universidades públicas. Es cierto que una carrera en una universidad privada es más costosa, pero eso no implica que se afecte directamente a las universidades públicas.

León, por ejemplo, menciona que el costo real de un estudiante en una universidad pública en Bogotá puede estar entre 12 y 16 millones de pesos. Pero que las familias no sean las que pagan esos recursos no implica que ese no sea el costo de la canasta educativa.

“Los valores que compara el presidente al decir que la relación es 1:100 es porque no está tomando en cuenta el valor real de la canasta, sino solo el valor nominal de matrícula que pagaban los estudiantes. Ese valor no es lo que realmente les cuesta un estudiante a las universidades públicas”, dice León.

En otras palabras, la educación pública no debe reñir con la educación privada.

“Más universidades”: ¿en qué va la promesa?

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Estudiantes reclaman más recursos para las universidades públicas. Foto: Colprensa.

En el discurso del pasado domingo, el presidente no habló directamente de la construcción de nuevas universidades, pero fue una de sus promesas. En 2023, cuando solo llevaba un año en el cargo, el jefe de Estado dijo que destinaría 3 billones de pesos para construir 100 sedes universitarias.

Dos años después, la promesa cojea. A corte a 2025, el Gobierno solo ha destinado 1,7 billones de pesos para la construcción, mejoramiento y dotación de sedes universitarias en todo el país. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, entre 2023 y 2025 solo hay 11 proyectos en contratación y 12 están finalizados. Aun así, muchas de las instituciones que supuestamente están listas tienen problemas técnicos, como la sede de la Universidad del Valle en Suárez, Cauca.

En ese sentido, hay varios avances en materia de educación, pero son más los pendientes. Incluso, muchas de las promesas no se van a alcanzar a cumplir.

A lo anterior se suma la falta de impulso a la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que soluciona algunos problemas que tienen que ver con la financiación de las universidades públicas.

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