Corte Suprema de Justicia vota en contra del proyecto de Paz Total presentado por el Ministerio de Justicia

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, expresó su rechazo al proyecto de ley que busca establecer un tratamiento penal diferenciado para grupos armados y estructuras criminales de alto impacto, en la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

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La decisión fue comunicada por la presidenta de la Sala Penal, magistrada Myriam Ávila Roldán, quien asistió a la sesión del Consejo Superior de Política Criminal, celebrada este viernes. Durante la reunión, se discutió el borrador de la iniciativa legislativa socializada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Eduardo Montealegre.

Falta de discusión suficiente y análisis técnico

La magistrada Ávila Roldán argumentó que la propuesta “no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación” dentro del Consejo Superior. Afirmó que se trata de un tema de alta sensibilidad para el país, que requiere consensos amplios y un análisis más reposado, especialmente por los impactos que podría generar en términos de política criminal.

Según el comunicado oficial de la Corte, el articulado no contiene una justificación clara sobre los desafíos operativos y el impacto fiscal de su implementación. La iniciativa asigna cargas relevantes a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales del país, sin detallar cómo se atenderán esas nuevas responsabilidades desde el punto de vista administrativo o presupuestal.

Ausencia de coordinación con la rama judicial

Uno de los puntos más críticos señalados por la magistrada fue la falta de acercamientos previos con la rama judicial. “La exposición de motivos no da cuenta de diálogos previos o acercamientos con la judicatura para discutir las posibilidades materiales y los retos administrativos”, se lee en el pronunciamiento.

También se cuestiona la necesidad de una nueva legislación, dado que ya existe un marco normativo definido en la Ley 2272 de 2022, que establece los principios de la política de paz total como política de Estado. Según la Sala, el Ministerio de Justicia no logra justificar adecuadamente por qué el modelo vigente sería insuficiente para alcanzar los fines propuestos.

Preocupación por mezclar justicia transicional y temas de orden público

Finalmente, la Corte advierte sobre la inconveniencia de combinar en un solo proyecto componentes de justicia transicional con aspectos propios de la justicia ordinaria y de la seguridad ciudadana, incluyendo el tratamiento penal para personas procesadas por disturbios públicos o protestas sociales.

Este último punto ha sido uno de los más polémicos del proyecto, en tanto que algunos sectores han advertido que podría interpretarse como un beneficio indirecto para integrantes de la 'primera línea' o participantes en manifestaciones con implicaciones penales.