“Corte Constitucional no puede pedir copias del caso UNGRD para definir la reforma pensional”: Agencia de Defensa del Estado

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado le respondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, quien tiene a cargo una de las demandas que cursan en contra de la reforma pensional y que, en días pasados, solicitó copias de todas las declaraciones que han dado los protagonistas del escándalo de corrupción de la UNGRD.

“Ni el magistrado sustanciador ni la Sala Plena de la Corte tienen competencia para modificar el objeto de control de un proceso de constitucionalidad que, en este caso, se circunscribe a los cargos de la demanda que fueron admitidos, los cuales, se reitera, no están asociados a las mencionadas investigaciones penales”, señala el documento conocido por CAMBIO.

Ibáñez pidió copia de todas las declaraciones dadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector de la UNGRD y exsubdirector de la entidad, respectivamente, así como copia del preacuerdo al que llegó Pinilla y copia de la medida de aseguramiento impuesta a la exconsejera Sandra Ortiz, las declaraciones que ella entregó y la petición de ser escuchada en la Corte Suprema.

El magistrado también solicitó copia de las declaraciones de los congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes están siendo investigados en la Corte Suprema. Y copia de las declaraciones de las asesoras del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides y Andrea Carolina Ramírez Olivera.

Además, pidió las declaraciones de Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre; de Carlos Ramón González, exdirector de esa entidad; del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y del exsenador Pedro José Castro Espinosa. Además, pidió copia del documento que envió a la cárcel a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

Según Ibáñez, esta información es necesaria para el trámite de revisión de la reforma pensional, en tanto que los testigos han asegurado que se desviaron recursos de la UNGRD para pagarle coimas a los congresistas Name y Calle, a cambio de que se apoyaran trámites en el Congreso que le interesaban al Gobierno.

“En razón a que en este contexto se enmarcan, entre otras, la reforma pensional, proyecto de iniciativa del Gobierno, que es objeto de la demanda en este proceso, el suscrito magistrado sustanciador advierte que las informaciones se conocieron después de haberse decretado y practicado pruebas en este proceso y, ante su gravedad y trascendencia, considera que es de la mayor importancia y pertinencia que la Sala Plena de la Corte cuente, con la debida reserva, con la información veraz y fidedigna conocida hasta ahora por las autoridades, frente a estos graves señalamientos, acusaciones y determinaciones judiciales, respecto de los que, se insiste, han sido conocidos de manera pública y escalonada por diversos medios de comunicación y que, en últimas, han llevado a la adopción por parte de las autoridades de importantes decisiones judiciales”, dijo Ibáñez en un auto.

Los argumentos de la Agencia Jurídica

Al despacho del magistrado llegó un documento firmado por Mariano Barrios, director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, que asegura que las pruebas solicitadas carecen de pertinencia en tanto la Corte debe limitarse a estudiar los cargos que admitió de la demanda de la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional, esto es, si hubo o no un vicio de forma en el trámite.

Exactamente, acá se cuestiona si la Cámara de Representantes incurrió en un vicio al aprobar, en cuarto debate, el texto entero que venía del Senado, sin discutir más de 500 proposiciones que se habían presentado. Además, hay otro cargo de fondo sobre un artículo que creó un régimen pensional especial para los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y campesinas.

Según la ANDJE, los procedimientos de la Corte impiden que el debate se extienda más allá de estos asuntos.

“Es claro entonces que, en principio, la Corte carece de competencia para pronunciarse respecto de cargos que no hayan sido formulados en la respectiva demanda de inconstitucionalidad o que hayan sido invocados por los intervinientes del proceso. Esto, en aras de proteger el debate democrático y participativo, el cual ‘solo puede predicarse de aquellos argumentos contenidos en la demanda, respecto de los cuales los distintos intervinientes y el Ministerio Público pueden expresar sus diversas posturas’”, indicó.

“Ninguno de dichos cargos está relacionado con un vicio procedimental relacionado con la investigación que se adelanta por los presuntos actos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, agregó la ANDJE.

El memorial señala que, a juicio de la ANDJE, el auto del pasado 8 de mayo en el que se hizo la solicitud probatoria “carecen de pertinencia para el debate y la decisión que debe adoptar la Sala Plena de la Corte Constitucional en el proceso de la referencia”.

Además, según esa entidad, en este caso ninguno de los intervinientes ni la Procuraduría han hecho manifestación alguna a la Corte sobre este tema, por lo cual la petición de esas pruebas “desconocería el debate democrático y participativo que rige las acciones de inconstitucionalidad”. La ANDJE agregó que las decisiones que tome la justicia penal sobre el escándalo de la UNGRD tampoco tienen la potencialidad de “afectar” los trámites en la Corte Constitucional porque son procesos diferentes.