Víctimas confrontan al general (r) Mauricio Santoyo y piden su exclusión de la JEP: “Merecemos respeto”

Los representantes de víctimas le solicitaron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que expulse de esa justicia especial al general en retiro de la Policía Nacional Mauricio Santoyo Velasco, quien fue comandante del Gaula en Antioquia entre 1997 y 2001, y quien fue jefe de Seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Así lo hicieron en audiencia pública realizada este jueves ante la Sala que le abrió un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad al exgeneral -que se sometió a la JEP y goza en este momento del beneficio de la detención en centro militar- por presuntamente no dar suficientes aportes a la verdad. Y específicamente con respecto a la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos que integraban la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), cometida en octubre de 2000, en Medellín (Antioquia).

En la diligencia, ante preguntas de las partes y de la magistratura, Santoyo señaló no saber nada en relación con esas dos desapariciones. Cabe mencionar que, en octubre de 2024, la Fiscalía acusó al oficial por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada indicando que el Gaula Antioquia se volvió una “filial criminal” de las autodefensas, para la comisión de todo tipo de delitos, incluyendo seguimientos e interceptaciones ilegales contra la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (Asfaddes). 

La acusación de la Fiscalía señala que los hechos deben considerarse como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores. Además, apunta que las desapariciones fueron parte de un patrón de violencia estatal, ejercida con colaboración de grupos paramilitares. Para la Comisión Colombiana de Juristas, si Santoyo no reconoce verdad sobre estos casos ni detalla cómo fueron estas acciones, debe ser expulsado para que se ponga en marcha el juicio correspondiente.

“Se ha limitado a lo largo de cuatro años en este proceso transicional a no dar explicaciones detalladas y coherentes. La consistente negativa del compareciente, lejos de aportar elementos de prueba, evidencia su intención de alcanzar un juicio transicional que le sería más favorable que un juicio en la justicia ordinaria”, indicó la representación de víctimas.

“Este es mi padre”: la exigencia de las víctimas

Adriana Patricia Quintero Úsuga, quien es víctima reconocida en este caso, se presentó en la audiencia de forma remota y pidió la exclusión de Santoyo. Primero, mostró una foto de su padre y le dijo:

“Señor Santoyo, este es mi padre (Ángel José Quintero). Quiero que vea muy bien esta foto. Esta fue la última que se tomó él en el cumpleaños de mi hermano menor, meses antes de ser detenido-desaparecido. Hoy, cuando el magistrado le preguntó por la desaparición de mi padre, usted no responde directamente, sino que se va por las ramas hablando de respeto y humildad”, indicó Quintero.

“Se olvida usted que quienes merecemos respeto somos la viuda y huérfanos que llevamos esperando 25 años sus aportes. Para refrescarle la memoria: mi padre es un ser amoroso y comprometido por la vida y los derechos humanos”, indicó la mujer quien, además, le expresó a Santoyo la incertidumbre de la desaparición forzada, la tortura psicológica que esto implica y las implicaciones a la salud.

“Los que dieron la orden siguen libres. Usted fue contactado en Estados Unidos y dijo que respondería en Colombia y lleva desde 2019 evadiendo su responsabilidad. Entonces, ¿para qué se acogió a la JEP? Le recuerdo que la desaparición de mi padre y de Claudia fue declarada de lesa humanidad y eso implica que nunca prescribe, al igual que nuestra lucha. Para cerrar, una pregunta: ¿A quién protege?”, agregó Quintero.

Santoyo dice que solo aceptó pena en Estados Unidos por recomendación de su abogado

Santoyo fue condenado en 2012 en Estados Unidos a 13 años de prisión por nexos con grupos paramilitares, luego de alcanzar un acuerdo con la justicia de ese país. El oficial regresó al país en 2019 tras recibir una rebaja de pena y pagar 92 meses de prisión. Según Santoyo, él aceptó ese acuerdo por recomendación de su abogado ante la amenaza de una pena perpetua y negó haber cometido tales acciones.

“Eso fue lo que me dijo el abogado. Yo firmé el acuerdo por unos hechos genéricos. No son hechos específicos con circunstancias de tiempo modo y lugar. Para mi fue suficiente. Asumí las consecuencias de haber pagado una condena severa por unos hechos que yo acepté un acuerdo de culpabilidad”, dijo.

“Yo tengo que ser claro y honesto. No puedo ponerme a inventar cosas. He ofrecido la verdad que me consta. Lo que viví como oficial de la Policía. Reitero mi compromiso con la verdad, pero la verdad que me consta. Le digo a los asistentes que no puedo ponerme a inventar cosas ni a señalar personas para tratar de obtener beneficios. Asumo las responsabilidades que correspondan pero siempre estaré dentro del marco de la verdad”, agregó Santoyo.

La Procuraduría señaló que Santoyo ha hecho algunos aportes sobre la connivencia de la Policía y los paramilitares y la Oficina de Envigado y ha dado algunos nombres como el del policía Danilo González, quien habría sido el encargado de relaciones con la casa Castaño, entre otros y quien ya falleció. Para la entidad, Santoyo sí ha dado la verdad “que ha estado a su alcance” y, por tanto, no debería ser expulsado de la JEP.

La defensa de Santoyo indicó que en este proceso no han tenido acceso a todo el material probatorio que hace parte en el expediente y apuntó que este tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Además, señaló que el oficial retirado sí ha dado aportes a la verdad y que ha contribuido a la búsqueda de desaparecidos. “Lo cierto es que mi representado se encuentra en imposibilidad fáctica de hacer un aporte adicional, entre otros, por la forma como está configurada la JEP. Sobre las pocas pruebas que se conocen, mi representado ha explicado lo que conoció y recuerda 25 años después”, indicó el abogado.

Tengo mi conciencia tranquila: Santoyo pide su libertad

Para la defensa del oficial, Santoyo es inocente y no puede dar información sobre hechos que no conoce, por lo que no debería ser expulsado de la JEP. En sus alegatos personales, el general retirado le respondió a Adriana Quintero, así:

“Quiero manifestar que lamento mucho esa situación que han vivido, pero yo también soy víctima de ella. La puedo mirar tranquilamente porque tengo mi conciencia tranquila y porque no tuve nada que ver con esos lamentables hechos”, dijo.

Ante la magistratura, Santoyo insistió en que ha dado la verdad de lo que conoce y que la construcción de la verdad implica poder hacer verificaciones. Dijo que entregó a la JEP un mapa completo de sus funciones, lo que probaría que él no tendría relación en hechos que se le endilgaron. “En octubre del año 2000, cuando la Fiscalía me atribuye responsabilidad en desapariciones de miembros de Asfaddes, yo no era comandante del Gaula de Medellín ni tenía funciones operativas: estaba en Bogotá cumpliendo labores antisecuestro”, dijo.

Santoyo también indicó que cuando estaba bajo órdenes de Álvaro Uribe, se limitaba a hacer labores de protección y no podía actuar en temas operacionales en otras regiones e insistió en que las informaciones que entregó, con algunos nombres, es lo que conoce. 

“La verdad debe corresponder con lo que realmente se conoció, no con relatos que no tengan sustento. He permanecido privado de la libertad seis años y eso muestra que no busco a la JEP por atajos. No existe incentivo alguno para distorsionar la verdad”, dijo.

El general en retiro le pidió a la JEP que le conceda la libertad transitoria. La JEP definirá si Santoyo seguirá o no bajo en esa justicia especial.