“No es fácil la relación con el Gobierno del presidente Petro”: Iris Marín

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz (Bogotá, 1977), es actualmente una de las mujeres más influyentes en la estructura del Estado colombiano. Abogada constitucionalista de la Universidad del Rosario; ha trabajado en la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad para las Víctimas. Emite casi a diario alertas fundamentadas sobre la situación del país. La más reciente fue una cruda radiografía sobre las dificultades para acceder a los medicamentos. Con voz suave pero firme, modales respetuosos y argumentos sólidos, la defensora habló con CAMBIO.

CAMBIO: Del informe sobre la crisis de medicamentos que usted acaba de publicar, ¿qué es, a su juicio, lo más delicado y preocupante?
Iris Marín: La regresividad en la garantía del derecho a la salud, particularmente en lo relacionado con el acceso a los medicamentos. Hay un deterioro evidente con un efecto adicional: el empobrecimiento de la gente, especialmente de personas con protección constitucional reforzada y que viven en territorios periféricos, pues no tienen la misma capacidad de acceder a los medicamentos por sus propios medios.

CAMBIO: Pero hay existencias de medicamentos…
I.M.: Mientras el mercado farmacéutico crece, el acceso de la población a los medicamentos disminuye. El problema no es de desabastecimiento, sino de falta de disponibilidad dentro del canal institucional del sistema de seguridad social. Se ha distorsionado la cadena comercial y logística en beneficio del canal privado y de los intereses comerciales, por encima de la salud pública y del acceso a estos productos.

CAMBIO: Ante esto, ¿qué hace la gente?
I.M.: De las cerca de 3.450 personas encuestadas, con seguimiento a uno y tres meses, el 61 por ciento manifestó que acude a realizar compras con sus propios recursos para adquirir los medicamentos que no les son entregados. Este fenómeno, conocido como incremento del gasto de bolsillo, tiene serias repercusiones en la calidad de vida, la pobreza multidimensional y el acceso efectivo y universal a los servicios de salud.

CAMBIO: Ante esta situación, ¿qué se debe y qué se puede hacer?
I.M.: En términos estructurales, es necesario llevar a cabo una reforma. Es urgente. Nosotros hicimos 45 recomendaciones de política pública. Una de ellas es establecer un diálogo continuo con el sector privado para que entienda su función en el marco de la provisión de un servicio público y de un derecho humano fundamental.

CAMBIO: Viendo el nivel de polarización que sigue entre las partes por la reforma a la salud, ¿cree que hay ambiente para una mesa técnica que produzca resultados pronto?
I.M.: Lo que hemos evidenciado es que el ambiente no es el mejor. Un sector no reconoce los esfuerzos del Gobierno por territorializar el sistema de salud, y otro mantiene relaciones conflictivas con la industria farmacéutica, los gestores con capacidad de cobertura y otros actores del sector privado. Esto agrava los bloqueos institucionales.

CAMBIO: Hablando de comunicación, a estas alturas, ¿cómo está su relación con el Gobierno del presidente Petro?
I.M.: La relación institucional con el Ejecutivo enfrenta varios desafíos. La Defensoría del Pueblo ha buscado mantener canales de comunicación fluidos con las diferentes carteras y entidades del orden nacional. El diálogo se mantiene, al menos, con algunos ministros; en otros casos, solo con el nivel técnico, y con otros es prácticamente nulo.

CAMBIO: Ante esto, ¿qué hacer?
I.M.: A pesar de las tensiones, en la Defensoría estamos convencidos de que nuestro deber es coordinar y colaborar armónicamente desde un rol independiente, basado en un trabajo técnico y en lo que resulte mejor para los derechos humanos de la gente, sin consideraciones políticas.

CAMBIO: Pero es una situación muy compleja…
I.M.: No es fácil. El contexto actual es muy desafiante, marcado por el recrudecimiento del conflicto armado y la violencia organizada en múltiples regiones del país. Para garantizar los derechos de las comunidades afectadas se requiere no solo una respuesta oportuna del Gobierno nacional, sino también una mayor articulación interna y externa. La desarticulación repercute negativamente en la capacidad del Estado para responder de manera integral a las crisis de derechos humanos. Nosotros mantenemos una postura de respeto y disposición al diálogo.

CAMBIO: ¿Podría interpretarse que el recorte del presupuesto por parte del Gobierno a la Defensoría es una especie de “castigo” por sus posiciones críticas?
I.M.: No interpretamos las decisiones presupuestales del Gobierno nacional como una retaliación o un “castigo”. Somos conscientes de que el país atraviesa un contexto fiscal complejo y que el ajuste del gasto público afecta a diversas entidades. Sin embargo, sí hubo una decisión política de no apoyar las necesidades presupuestales de la Defensoría, y las decisiones se tomaron sin diálogo con nuestra entidad.

CAMBIO: Un tijeretazo que afecta todo su trabajo…
I.M.: La disminución de recursos tiene un impacto directo en la capacidad de la Defensoría para cumplir su mandato constitucional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Por eso, más allá de interpretaciones, debemos contar con recursos, especialmente en los territorios donde el Estado está presente a través de la Defensoría del Pueblo.

CAMBIO: En línea con este tema, ¿por qué cree que los recortes presupuestales no han afectado a otras entidades, como la Procuraduría y la Contraloría?
I.M.: No resultan claras las razones por las que se dio prioridad a las necesidades presupuestales de otras entidades. Tampoco compartimos las prioridades adoptadas según las necesidades del país. No nos corresponde objetar esas asignaciones, pero sí es necesario transparentar las motivaciones de las decisiones presupuestales.

CAMBIO: A propósito, ¿de cuánto es el recorte y cómo afectará a la Defensoría?
I.M.: La Defensoría del Pueblo tendrá un recorte de 59.530 millones de pesos con respecto al presupuesto de 2025, es decir, un 5 por ciento menos para 2026. La reducción más significativa afecta el presupuesto de inversión: 30 por ciento menos en 2026 respecto a 2025. Esto representa 151.222 millones de pesos menos que habíamos solicitado para garantizar adecuadamente nuestro trabajo el próximo año. En total, es un 11,2 por ciento menos del presupuesto requerido.

CAMBIO: Pareciera que los recortes a la Defensoría se están volviendo tendencia…
I.M.: Este sería el segundo año consecutivo de recorte presupuestal. En 2025 se aprobó un 6,9 por ciento menos del monto solicitado, y este año será un 11,2 por ciento menos. En estas condiciones, en 2026 tendremos 47 por ciento menos de presupuesto de inversión que en 2024.

CAMBIO: En otro tema, se ha conocido un informe que indica que hoy Colombia tiene 25.278 personas armadas ilegalmente, un 15 por ciento más que en enero de este año. ¿Por qué cree que se está dando esta expansión de los armados ilegales?
I.M.: La expansión territorial y el fraccionamiento de los grupos armados ilegales obedecen a una dinámica presente en los últimos cinco años, resultado de una débil política de prevención integral y de la falta de implementación oportuna del Acuerdo de Paz de 2016, en especial de la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. Esto ha facilitado la expansión de grupos armados no estatales hacia zonas antes dominadas por las extintas Farc.

CAMBIO: ¿Qué implica, especialmente para la gente de esa Colombia profunda, una gobernanza armada de los ilegales?
I.M.: El aumento de los grupos armados y de la criminalidad organizada genera distintos niveles de gobernanza armada ilegal y control social, además de la coexistencia de órdenes legales e ilegales que regulan la vida social y política de los territorios mediante mecanismos de control de la convivencia, cobros de extorsión y sanciones cuando se desconocen sus reglas.

CAMBIO: ¿El reclutamiento está disparado?
I.M.: Con preocupación, advertimos el aumento del reclutamiento forzado en los últimos años, con 624 casos verificados en 2024 y 123 en 2025. No obstante, estas cifras reflejan un alto subregistro del fenómeno. Frente a los homicidios de líderes y lideresas sociales, la Defensoría ha registrado, a septiembre de 2025, un total de 136 víctimas, lo que evidencia un panorama preocupante.

CAMBIO: Con casi 9.000 integrantes, el Clan del Golfo es hoy la principal amenaza para el país. ¿Cómo debe actuar el Gobierno frente a esta estructura armada mientras no exista una ley de sometimiento?
I.M.: Es necesario combinar una política de seguridad y control territorial sólida con una respuesta seria en prevención y protección, encabezada por el Ministerio del Interior –que termina siendo el más ausente–, el fortalecimiento de la acción judicial frente a los crímenes y una política de inversión social en los territorios que reste gobernanza a los actores armados. Si hay esfuerzos serios y bien planeados de diálogo de paz, estos pueden complementar eficazmente las acciones ordinarias del Estado.

CAMBIO: Pero, le insisto, hay muchos reparos a hablar con el Clan del Golfo…
I.M.: Las conversaciones entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia se activaron recientemente y han mostrado avances respecto a intentos previos. La declaración suscrita en Doha, con la mediación del Estado de Catar, marca un avance importante con compromisos verificables, entre ellos la no injerencia en procesos electorales, la protección de la niñez, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la verificación internacional de la MAPP-OEA, el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal de Colombia.

CAMBIO: ¿Y los peros?
I.M.: Persisten retos e incertidumbres por la falta de un marco jurídico claro, lo que no debería frenar los avances en las negociaciones. El verdadero reto está en que los compromisos se cumplan y se traduzcan en cambios reales en los territorios.

CAMBIO: A pocos meses del fin del Gobierno, ¿la paz total es aún posible?
I.M.: Es difícil. Es conveniente seguir avanzando, siempre que se adopten correctivos frente a las distorsiones generadas en los territorios. Es posible que los procesos en curso no concluyan en los meses que restan de Gobierno, y no hay elementos que permitan constatar que los grupos tienen una verdadera voluntad de desarmarse y abandonar las economías ilegales. Por eso, los diálogos de paz no deben ser el único ni el principal medio para reducir las violaciones a los derechos de la población.

CAMBIO: ¿Entonces?
I.M.: A lo largo de su implementación, esta política ha enfrentado diversos retos, pero también ha generado aprendizajes y resultados importantes, como los avances en las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y el Frente Comuneros del Sur, que han permitido acuerdos sobre transformaciones territoriales, zonas de ubicación temporal y destrucción de material de guerra. Estos logros demuestran la relevancia de mantener canales de diálogo y reconocer la complejidad de las dinámicas armadas en los territorios.

CAMBIO: ¿Qué opinión le merece el nombramiento de exjefes paramilitares como gestores de paz?
I.M.: Esto genera serias preocupaciones por el uso inadecuado de esta figura y las posibles afectaciones a los derechos de las víctimas. Su designación excede las funciones legales establecidas por la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1175 de 2016, que limitan el rol de los gestores a contribuir en la estructuración o acompañamiento de procesos de paz.

CAMBIO: ¿Y además les dieron tareas adicionales?
I.M.: Así es. Como participar en la elaboración de balances y recomendaciones sobre el cierre de Justicia y Paz, en actividades de reparación y difusión de verdad, lo que va más allá del marco jurídico previsto. No vemos un fundamento jurídico sólido en el decreto. Por el contrario, creemos que el Gobierno se ha extralimitado en sus competencias y está poniendo en riesgo los derechos de las víctimas.

CAMBIO: Se le ve preocupada con este tema…
I.M.: Nos preocupa que se vulneren especialmente los derechos de las víctimas a la verdad y a la participación. No se contempla su intervención ni la de otros actores clave, como los magistrados del proceso de Justicia y Paz, en los espacios donde estos gestores tendrán voz. Además, inquieta que entre los designados haya personas excluidas del proceso por incumplir sus compromisos o reincidir en delitos, y que ahora tengan permisos para salir de los centros de reclusión sin supervisión judicial, incluso con el interés declarado del Gobierno en que participen en campañas electorales.

CAMBIO: ¿Cómo se verá esto en las comunidades afectadas?
I.M.: Permitir que el relato de la verdad se construya solo desde la voz de los responsables representa un riesgo de revictimización y una distorsión en la memoria colectiva.

CAMBIO: La Defensoría ha constatado el sometimiento de actores armados a la población en varias regiones del país. ¿Se trata de un fenómeno que volvió o de algo que nunca se ha ido?
I.M.: El sometimiento de la población por parte de actores armados ilegales no es un fenómeno nuevo, sino una realidad que nunca se ha ido y que se ha transformado con el tiempo. La Defensoría, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha constatado que en distintas regiones persisten dinámicas de control social y territorial por parte de grupos armados no estatales, que imponen normas de conducta, restringen la movilidad y sustituyen las instituciones del Estado.

CAMBIO: ¿Es percepción o realidad que el problema se está agravando?
I.M.: Están creciendo modalidades relativamente nuevas de intimidación sobre las poblaciones, presionadas para oponerse al ingreso y los operativos de la fuerza pública. Esto constituye, además, una infracción al Derecho Internacional Humanitario, porque viola el deber de no involucrar a la población civil en el conflicto armado. Es muy cruel: quienes tienen las armas utilizan a la población civil como escudo. Estas formas de gobernanza armada ilegal vulneran la autonomía comunitaria y socavan los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.

CAMBIO: ¿Los actores armados ponen de escudo a la población para sus intereses?
I.M.: La Defensoría ha observado cómo los grupos armados instrumentalizan a las comunidades, en especial a líderes y defensores de derechos humanos, utilizándolos para difundir sus normas o ejercer control social. Este escenario demuestra que el control armado sobre los territorios es una expresión de la ausencia estatal y de la fragilidad de las políticas de prevención.

CAMBIO: De manera similar ocurre con el secuestro. Cada vez hay más noticias sobre este delito. ¿El país está retrocediendo?
I.M.: En distintas zonas del país el secuestro ha crecido, no solo como forma de control de la población civil y mantenimiento del dominio territorial, sino también mediante la modalidad de secuestro extorsivo. Muchos civiles permanecen secuestrados y cada vez se reportan nuevos casos en varias regiones.

CAMBIO: En este tema hay un punto aparte: el secuestro de militares. Se ha dicho que la población es cómplice de este delito. Usted, que conoce el terreno, ¿cómo lo ve?
I.M.: Hoy hay 138 alertas tempranas con seguimiento activo en las que se ha documentado la imposición de normas de conducta y amenazas que afectan directamente a comunidades y líderes sociales. En ese contexto se han observado hechos relacionados con la gobernanza armada ilegal, asociados a la coacción y presión sobre comunidades rurales con el fin de restringir la acción institucional. Esto incluye la retención de integrantes de la Fuerza Pública.

CAMBIO: De cara a 2026, ¿qué está en juego en las elecciones?
I.M.: Lo que está en juego es la calidad del proceso electoral: que todas las personas interesadas puedan hacer proselitismo sin limitaciones en el discurso, recorrer las regiones para adelantar campañas, no tener que retirarse por amenazas y evitar la infiltración de recursos provenientes de economías ilegales.

CAMBIO: ¿Será posible?
I.M.: Hemos impulsado el “Compromiso por unas elecciones libres y en paz”, suscrito por varios aspirantes presidenciales, movimientos y partidos políticos, aunque no por todos. Eso es grave. Los compromisos son básicos y algunos los objetan alegando falta de garantías, pero todos los actores políticos tienen el deber de contribuir a un debate electoral sano, sin violencia, estigmatización ni difusión de información falsa.

CAMBIO: Finalmente, le pregunto por un tema que sé que a usted le interesa mucho: la lucha contra el machismo. ¿El país ha retrocedido en esto?
I.M.: En Colombia vivimos una tensión compleja entre los avances logrados en el acceso a derechos de las mujeres y la resistencia que proviene de un sistema institucional y cultural que siempre ha operado bajo lógicas de discriminación. El empoderamiento de las mujeres es evidente: avanzamos en campos históricamente cerrados para nosotras, pero el precio es alto y la resistencia del sistema es fuerte.

CAMBIO: En este aspecto, Colombia legalmente ha avanzado bastante, ¿pero la vida diaria es a otro precio?
I.M.: Tenemos un marco legal robusto, con leyes para prevenir, atender y sancionar las violencias basadas en género; normas sobre paridad política, igualdad salarial y autonomía económica. Sin embargo, la realidad cotidiana sigue marcada por el machismo. Lo ilustran los 607 feminicidios registrados hasta septiembre de 2025, los retrocesos en la participación de mujeres en las altas cortes, la feminización de la pobreza —especialmente en mujeres indígenas o afrodescendientes—, los estereotipos disfrazados de humor, el control en las relaciones de pareja y la sobrecarga del trabajo doméstico. Esas conductas, aún socialmente toleradas, perpetúan desigualdades que las instituciones no siempre logran enfrentar con eficacia. Las mujeres sobrevivimos en medio del desconocimiento sistemático de nuestro derecho a la igualdad.