Las diferencias que generó la placa develada en homenaje a víctimas del Palacio de Justicia

“Toda exclusión se vuelve una nueva herida y, lo más grave, una nueva forma de impunidad”. De esta forma reaccionó la politóloga Helena Uran, directora de la Fundación Carlos H. Uran a la placa que la Jurisdicción Especial para la Paz develó en la alcaldía de Bogotá como homenaje a las víctimas del ataque al Palacio de Justicia.

La placa quedó ubicada en el Palacio de Liévano, donde queda la alcaldía, en la esquina que colinda con el Palacio de Justicia. La diferencia alrededor de esta placa reside en que no todas las víctimas están de acuerdo con el texto que se aprobó por consignar únicamente el esfuerzo adelantado por un grupo de familiares de víctimas, los que impulsaron el proceso que terminó con la condena de la Corte IDH contra el Estado colombiano. 

El contexto

Uran pidió hace más de dos años a la JEP que inicie un proceso de resignificación de lugares que fueron escenarios de horrores y que hicieron posible la tragedia del Palacio de Justicia: la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur y las instalaciones de la Brigada XX del Ejército Nacional, en donde hoy se buscan a personas desaparecidas.

La petición insistió en que en instancias militares no solo se violentó la ley y la verdad, sino que también “se torturó, se cometió violencia sexual y se humilló de manera sistemática a seres humanos”. Uran explicó que, en respuesta, los magistrados de la JEP hicieron un rastreo para ver qué sitios o placas conmemorativas existían en Bogotá para rememorar los hechos, para darse cuenta de que no había nada.

“Finalmente, dieron con una placa que estaba detrás de una de las columnas que soportan la estructura de la Alcaldía, en la que se leía una adaptación escrita sobre los hechos, pero que ocultaba una parte importante de la realidad”, dijo Uran quien insistió en que “cuando la verdad se niega, también se niega la dignidad humana y el desarrollo democrático de un país”.

Uran planteó que el negacionismo empezó desde el mismo día del ataque cuando el presidente Belisario Betancur se negó a atender el llamado del presidente de la Corte Suprema Alfonso Reyes Echandía que clamaba por un cese del fuego, cuando se ocultaron evidencias de la desproporcionada respuesta militar y, a su juicio, sigue en la actualidad cuando en el discurso se minimizan estos hechos o se presenta la tortura como un daño colateral o la desaparición forzada como una simple “mala entrega” de cuerpos o cuando se maltrata a las victimas.

“Cambiar una placa es un acto simbólico necesario, pero no es suficiente. La memoria solo se dignifica cuando se rompe la impunidad espacial”, señaló Uran al indicar que los espacios de memoria deben contar lo que realmente pasó:

“Que hubo dos actores armados y también un poder civil, y que todos ellos son responsables de las violencias. Que los crímenes cometidos en esos lugares no fueron excesos aislados, sino patrones de tortura, desaparición y ocultamiento que empezaron incluso antes del 6 y 7 de noviembre de 1985 con el Estatuto de Seguridad. Y que estos lugares siguen doliendo, no por su arquitectura, sino porque allí se fracturó la humanidad y aún se sigue negando”, indicó.

Uran manifestó su desacuerdo parcial con este proceso: “yo participo de este cambio de placa, pero he de decir que desde el inicio me opuse a uno de los párrafos del texto allí plasmado. La memoria tiene que ser integral, no selectiva”.

“Cuando se reconoce solo a un grupo de víctimas, cuando se privilegia una sentencia internacional como si fuera la totalidad del dolor, se perpetúa una nueva forma de exclusión. Aceptar una frase que celebra esa decisión, o la de sentencias nacionales, como si fuera el cierre definitivo de todas las heridas, es desconocer a quienes aún no han sido reconocidas ni por el Estado ni por instancias internacionales. Además, inclina la balanza solo hacia un lado de los responsables, desfigurando nuevamente la forma en que sucedieron los hechos”, insistió.

En evento realizado en la alcaldía, Uran apuntó que hoy no se venía a “celebrar” una placa, ni a aplaudir a aquellos que creen haber tenido más resistencia, sino a exigir que lo que se grabe en ella  sea el repudio a todas las formas de violencia.

A diferencia de la posición de Uran, Alejandra Rodríguez, hija del administrado de la cafetería del Palacio Carlos Rodríguez, quien aún está desaparecido, celebró la develación de la placa actual al estimar que sí se reconocen a todas las víctimas.

Saltándose el protocolo oficial, Uran le dio paso a Angie Reyes, nieta del magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien recordó aquel día en que iba camino a casa con apenas 6 años, con un dibujo en mano, y su mamá le dijo que “el abuelo había tenido un accidente en el trabajo y había muerto”. “Llevo 40 años sin saber qué hacer con ese dibujo”, recordó.