JEP cierra fase territorial por 'falsos positivos' y ahora examinará el rol de la cúpula del Ejército: citará al general (r) Mario Montoya

La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que ya terminó la fase de investigación territorial en el macrocaso 03 que tiene que ver con los denominados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales. Ahora, se centrará en finalizar la fase nacional y en encontrar si los patrones macrocriminales que permitieron que estos crímenes de lesa humanidad se presentaran en todo el país, fueron fortalecidos, avalados o direccionados desde la cúpula del Ejército y de las Fuerzas Militares.

Este caso se ha llevado en varias fases. Primero se hizo una priorización territorial en Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, seleccionado a ciertas unidades militares y periodos de tiempo específicos y en las cuales ya se hicieron las respectivas imputaciones. Luego, se puso en marcha una fase nacional en el que se están haciendo audiencias de reconocimiento con unidades militares y regiones que quedaron por fuera.

Con una imputación a 30 militares, incluidos tres generales, por 209 ejecuciones en el Meta ocurridas entre 2002 y 2007, la Sala de Reconocimiento de Verdad terminó la fase de investigación territorial del macrocaso 03. En todos los casos, la JEP encontró la existencia de un patrón criminal claro: asesinato de civiles que fueron presentados como integrantes de grupos criminales abatidos en combates que no existieron y que respondieron a una de presiones por resultados operacionales que venían de unidades superiores.

La fase nacional, que está por terminar, busca igualmente determinar si esos patrones que ya se encontraron se permitieron o se fortalecieron desde la cúpula del Ejército y de las Fuerzas Militares. “Hoy podemos decir que fue un patrón macrocriminal nacional. Estos hechos ocurrieron en todo el país. Y ese patrón está ligado y se explica por una política de identificar la baja, el muerto, como el indicador real del éxito militar”, dijo la magistrada Catalina Díaz.

“Sin esa decisión estratégica de que ‘el muerto es lo que cuenta’, los ‘falsos positivos’ no hubieran existido. Está probado que esa política fue implementada en todo el país por batallones, brigadas y divisiones. La pregunta ahora es cuál fue la responsabilidad del máximo nivel del Ejército”, agregó la jurista. 

Ante la pregunta de medios de comunicación, el magistrado Óscar Parra explicó que el general en retiro Mario Montoya será llamado nuevamente a versión voluntaria, al igual que el excomandante de las Fuerzas Militares, general en retiro Fredy Padilla de León. En esas versiones que se citarán en 2026 se les cuestionará a los oficiales sobre los hallazgos que se hicieron en los casos territoriales y la fase nacional.

“Esperamos volver a llamarle en un momento posterior para preguntarle de eso que se ha encontrado”, indicó. Montoya dio una versión en febrero de 2020 y fue imputado en 2023 como máximo responsable por 118 asesinatos y desapariciones hechos perpetrados entre 2002 y 2003 en Antioquia cuando era comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional. 

Montoya o aceptó su responsabilidad y en diciembre de 2024 la Sala de Reconocimiento decidió remitir su caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que no ha definido aún si acusa o no al militar retirado. Si esto sucede, Montoya irá a juicio transicional como ya ha pasó con el caso del coronel retirado Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del Batallón La Popa de Valledupar. Ese juicio ya terminó y la sentencia se conocería este año.

“Mis colegas me dicen que este año”, dijo el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli al ser preguntado por esa sentencia. La JEP explicó que se han escuchado a más de 800 comparecientes, lo cual implica un material probatorio importante y que apuntaría a la participación de la cúpula del Ejército en este fenómeno criminal.

El magistrado Parra explicó que en la fase nacional se han hecho 14 versiones voluntarias y seis declaraciones juradas. “Llamamos como testigos a algunos funcionarios que trabajaron en el Ministerio de Defensa y conocieron de primera mano lo que estaba pasando y las medidas que se impulsaron para frenar este fenómeno. Llamamos a militares de alto rango de la Inspección del Ejército, a la Dirección de Operaciones y nos falta cerrar con la comandancia de la época”, dijo.

La magistrada Catalina Díaz señaló que también se ha hecho una investigación en los archivos militares y del Ministerio de Defensa en relación a las órdenes que se dieron en su momento y sobre las investigaciones internas que se hicieron en 2008 y que terminaron con la destitución de 27 militares cuando Juan Manuel Santos lideraba esa cartera. 

“Hemos acopiado todos los documentos relacionados, entre otras cosas toda la participación que tuvo la oficina de Naciones Unidas en Colombia que fue fundamental para la toma de decisiones que terminó con el fin de los falsos positivos. Esta Sala está contrastando esa información para explicarle al país como terminaron los falsos positivos con acciones lideradas desde el propio Ministerio”, indicó.