El viaje a Israel que abrió un debate sobre si se cometió un delito: ¿hubo apología del genocidio o antisemitismo?

A comienzos de noviembre, cuando los bombardeos sobre Gaza volvieron a acaparar la atención mundial, un grupo de creadores de contenido digital colombianos aterrizó en Israel. El viaje, aparentemente financiado por la embajada de ese país, reunió a figuras como Kika Nieto, Johanna Fadul, Nicolás de Zubiría, Mauricio Mejía y María Clara Rodríguez, entre otros, quienes publicaron contenidos desde Jerusalén, Tel Aviv y zonas afectadas por los ataques terroristas de Hamás.

En otras circunstancias, ese material habría pasado por una campaña más de influencer marketing: fotografías en paisajes, mensajes espirituales y turismo religioso. Pero el contexto bélico y las denuncias internacionales de genocidio en contra del pueblo palestino lo cambiaron todo. El viaje se convirtió rápidamente en un episodio político. Otros influenciadores y figuras públicas denunciaron que se trataba de una estrategia para limpiar la imagen del gobierno israelí en medio de los señalamientos por el asedio en Gaza que dejó más de 60.000 personas muertas.

“Lo que hicieron los influencers colombianos no fue un viaje inocente a Israel: fue prestarse para una estrategia de soft power destinada a blanquear el genocidio contra el pueblo palestino”, dijo en redes sociales la creadora de contenido Laura Camila Vargas.

Esos mensajes críticos se propagaron rápidamente. En cuestión de horas, las redes sociales se polarizaron: quienes veían en el viaje una operación de propaganda en pleno conflicto y quienes consideraban que las críticas eran injustas. Sin embargo, en medio de esa discusión, emergió un ángulo jurídico inesperado. El abogado Daniel Sanín fue el encargado de introducirlo: “Por si no lo sabían el antisemitismo es un delito en Colombia”.

Con ese breve mensaje en los comentarios ya no se discutía solo la participación de influenciadores en un viaje diplomático, sino la posible comisión de delitos graves de quienes viajaron o de quienes criticaron el viaje: apología del genocidio y antisemitismo, ambos contemplados en el artículo 102 del Código Penal colombiano. Las acusaciones comenzaron a circular en ambas direcciones:

• Algunas personas discutían que ciertos influenciadores que viajaron presuntamente “justificaron” la ofensiva militar de Israel y, por tanto, podrían haber incurrido en apología del genocidio. Johanna Fadul específicamente dijo: “Esto es una guerra que pasa allá. Entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar”.
• Otras personas afirmaron que quienes criticaban el viaje y calificaban a Israel de “Estado genocida”, por tanto, podrían estar incurriendo en antisemitismo.

En medio del ruido, surgió la pregunta central: ¿hubo delito de alguno de los dos lados? Tres expertos consultados por CAMBIO abordaron esta polémica.

¿De qué trata el artículo 102 del Código Penal?

Antes de entrar en la discusión jurídica, conviene recordar de qué habla el artículo 102: penaliza la apología, promoción o justificación del genocidio, y penaliza también el antisemitismo, entendidos ambos como discursos que incitan al odio, difunden doctrinas o defienden prácticas genocidas.

“El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”, dice la norma.

¿Hubo apología al genocidio por parte de los influenciadores que viajaron a Israel?

El penalista Iván Cancino fue categórico al asegurar que: “No, el delito implica un dolo y una intención de cometer el genocidio o el antisemitismo. ¿Qué es la apología? Manifestar que una guerra es una guerra y que gane el que gane no es tomar ni siquiera partido. Podrá ser rechazado desde muchos puntos de vista, pero no tiene ninguna implicación jurídica que lo hayan pagado y que hayan viajado a esos países. Tampoco tiene absolutamente nada de malo”.

Cancino desmonta dos afirmaciones que circularon en redes: que el viaje financiado era en sí mismo cuestionable penalmente; que justificar la postura de Israel equivale automáticamente a justificar un genocidio.

El abogado penalista Juan Felipe Criollo coincide: “En el caso de los influencers que viajaron a Israel, no existe ningún tipo de conducta punible. No se puede hablar de apología del genocidio, pues el delito lo que manifiesta es que se difundan las ideas o doctrinas que promueven o propicien ese genocidio masivo o antisemitismo, pero en este caso lo único que hay es una promoción de la cultura, del turismo, de las situaciones atractivas de ese país y por ende esas conductas sería absolutamente atípica”.

Para ambos penalistas, el derecho castiga la intención real de promover un genocidio, no el acto de publicar apoyo a un Estado, ni siquiera si el contenido es sesgado. En ese sentido, los discursos de los influenciadores se ubican en la zona de la opinión política, no del acto delictivo.

¿Hubo antisemitismo por parte de quienes criticaron el viaje?

La otra mitad del debate recae sobre quienes usaron expresiones como “Estado genocida” o “blanqueamiento del genocidio” para referirse al viaje. ¿Podrían estas expresiones constituir antisemitismo penalmente sancionable?

Cancino lo descarta con claridad: “No. Tampoco veo ese delito. Más allá de manifestaciones que pueden gustar o no y se pueden mirar, pero en parámetros de moral, de ética propia personal, pero no del penal”.

La clave está en el objeto de la crítica: No se criticó la identidad judía, sino las acciones de un Estado. El derecho penal distingue entre ambas.

Criollo también lo explica: “No es una conducta antisemita porque no se les estaba juzgando por la condición de ellas, por la calidad de personas, por lo que representaran ellos, sino simplemente por una conducta particular que era ese viaje. Y, en ese orden de ideas, no veo reproche alguno tampoco por quienes lo criticaron, pues es una simple crítica a un comportamiento en específico y no a una raza o una cultura”.

La mirada académica: la ética de quienes viajaron sí puede juzgarse

La académica Astrid Jaimes Mejía, secretaria general de la Universidad EAN, introduce un nuevo elemento al debate: el impacto ético y social de las narrativas creadas por influenciadores.

“Este debate ha migrado de las esferas políticas y académicas a las redes sociales, donde los influenciadores se han convertido en actores clave en la formación de la opinión pública”.

Jaimes no afirma que los influenciadores hayan cometido delito, pero advierte sobre otro fenómeno. “Narrativas distintas, conocidas como 'Genocide Washing', en virtud del cual niegan o minimizan el genocidio mediante la justificación de acciones militares o promoción de una versión unilateral del conflicto que podría deshumanizar a las víctimas”.

Su aporte introduce matices relevantes: jurídicamente no todo es delito, pero éticamente sí puede haber responsabilidad, especialmente cuando quienes emiten los mensajes tienen millones de seguidores.