El contrato de vigilancia en la Universidad Nacional: ¿cuáles son los cuestionamientos al millonario convenio?

A principios de este mes, la Universidad Nacional culminó el proceso de contratación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para todas sus sedes. El contrato, por 98.614 millones de pesos, es uno de los más altos firmados por la institución en varios años, y su adjudicación ha sido señalada de tener algunas irregularidades.

Por ejemplo, según los críticos del proceso, los principios esenciales de la contratación estatal como la transparencia, publicidad, igualdad, selección objetiva, moralidad administrativa y libre competencia se habrían vulnerado. Así lo expresó Diego Torres, el representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), en un oficio enviado a la Contraloría y la Procuraduría el pasado 12 de noviembre.

“Estas situaciones, de ser verificadas, podrían configurar escenarios de favorecimiento a determinados contratistas, alterando la objetividad, imparcialidad y legalidad que deben regir todos los procedimientos de selección en el marco de la función pública”, dice parte de la carta enviada por Torres a los organismos de control.

Producto de la alerta, la Contraloría le pidió a la Universidad Nacional todos los documentos del proceso de adjudicación del contrato. La institución, que recalca que no hubo ningún hecho irregular, los entregó para darle transparencia al convenio y certidumbre a la comunidad universitaria. Puede consultar aquí la documentación completa del contrato de vigilancia.

¿Cuáles son las alertas hechas sobre el contrato?

El primer señalamiento crítico que reseña el profesor Torres en su escrito es la supuesta falta de publicidad en el Secop de respuestas a las empresas interesadas. Según el docente, tras la expedición de la cuarta adenda al proceso, y ante las inconsistencias encontradas en las respuestas iniciales al pliego de condiciones, varias empresas del sector presentaron nuevas observaciones.

Sin embargo, el Comité de Contratación no habría atendido dichos reparos, como exige el pliego, sino por la División de Vigilancia de la Universidad Nacional, que respondió directamente a los correos electrónicos de los oferentes. 

‘Esto hechos afectaron el principio de publicidad y contradicción, al omitir su publicación en el portal SECOP II y en la página web oficial de la universidad [...] genera un trato desigual entre oferentes, pues la información no fue pública ni de acceso general para todos los interesados’, dice el escrito del representante profesoral.

Por otro lado, Torres también advirtió sobre la modificación del acta de cierre de la presentación de propuestas. Esta se emitió y se publicó el 17 de octubre pasado a las 12:46 de la tarde. Sin embargo, a las 2:24 de la tarde un oferente solicitó vía correo electrónico hacer correcciones en el valor de su propuesta económica y la garantía de seriedad.

Media hora después, la Universidad publicó una nueva versión del acta argumentando que hubo errores de transcripción. Según Torres, este ajuste se hizo sin un proceso formal de modificación ni una comunicación previa a los demás oferentes. La petición del profesor a los organismos de control es declarar nulo el proceso e iniciar las investigaciones “administrativas, disciplinarias y fiscales”.

Sobre este tema, la Universidad Nacional informó que la modificación sí ocurrió, pero fue porque se detectó un error en la transcripción del valor de la oferta de un oferente (Unión Temporal Unal EAC 2025) y de su póliza de seriedad. La empresa advirtió de la falla a través del correo electrónico y por eso se hizo el ajuste.

“La universidad procedió a corregir el error formal, en concordancia con los principios de eficacia y publicidad [...] no se modificó el contenido sustancial de las propuestas”, dijo la institución a través de un comunicado. La Nacional reiteró que todo el proceso de la millonaria licitación se hizo “dentro del marco legal, con estricto apego a los procedimientos internos de la universidad”.

Al final, de los ocho oferentes, fue la Unión Temporal ANS, integrada por Sepecol Ltda. y Nápoles Ltda, la que obtuvo la mejor puntuación y por lo tanto se quedó con el millonario contrato. 

Hasta el momento, la Contraloría sigue revisando toda la documentación del proceso para corroborar si existió alguna inconsistencia, como alertó Torres, o si la licitación fue llevada a cabo bajo el marco normativo, como dice la Universidad Nacional.

Un proceso que ya había pasado por cuestionamientos

La Universidad Nacional ya había intentado adjudicar este contrato meses atrás. Sin embargo, en febrero de este año lo declaró desierto porque solo se presentó un oferente. Por ese entonces, el profesor Diego Torres también le envió a los organismos de control alertas por supuestas irregularidades. 

Algunas de ellas estaban relacionadas con aparentes requisitos restrictivos, excesivos y ajenos al objeto contractual. Por ejemplo, la visita técnica obligatoria como requisito habilitante. Según el denunciante, esta exigencia fue incluida pese a múltiples fallos del Consejo de Estado y pronunciamientos de la Procuraduría que prohíben este tipo de requisitos por ser restrictivos y ajenos a la capacidad del proponente.

Además, según Torres, hubo certificaciones y requisitos desproporcionados como exigencias de certificaciones ISO y de infraestructura privada para almacenamiento de información audiovisual. Por ese entonces, la universidad también señaló que el proceso se había llevado con transparencia y con el acompañamiento de las instancias pertinentes de la institución.

El profesor Torres confía en que después de la revisión de los organismos de control se pueda tener certeza de la transparencia del proceso.