¿Puede la cámara de su casa o negocio ayudar a reducir la inseguridad en Bogotá y qué implicaciones tiene sobre su privacidad?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó este 5 de marzo una ampliación de las capacidades tecnológicas del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, conocido como el C4, sistema desde el que la ciudad coordina la respuesta a emergencias, incidentes de seguridad y eventos que ocurren las 24 horas del día.

Una de las novedades que más llamó la atención fue la invitación a la ciudadanía de conectar voluntariamente las cámaras de sus casas, conjuntos residenciales, tiendas o barrios al sistema distrital de monitoreo con una condición técnica mínima: ser a color y tener al menos dos megapíxeles.

La propuesta no es nueva en el mundo. Varias ciudades han explorado esquemas similares de colaboración entre ciudadanos y autoridades para ampliar la cobertura de videovigilancia sin los costos que implica instalar infraestructura pública desde cero.

13.000 cámaras y una puerta abierta a los privados

Según explicó la Alcaldía, el C4 integra actualmente cerca de 13.000 cámaras de entidades públicas y privadas, monitoreadas desde el centro principal y desde diez centros de control ubicados en estaciones de Policía. En los últimos dos años se han incorporado 1.676 cámaras al sistema, y durante 2025 se instalaron 310 cámaras multisensor con cobertura de 360 grados. Este año se añadirán 291 más en puntos priorizados.

Para quienes quieran sumarse, el alcalde Galán explicó el proceso de registro: “Una de las apuestas que tenemos para fortalecer las capacidades es conectar las cámaras de privados, de ciudadanos que miran al espacio público, al C4. Si alguien quiere que la cámara de su casa, conjunto residencial, de su tienda o de su barrio se conecte a este centro de control, puede inscribirse en el link: https://argos.scj.gov.co/sic/login_ciudadano.xhtml. Solo necesita que sean a color y tengan mínimo 2 megapíxeles”.

¿Qué corre por cuenta del ciudadano y qué asume la Alcaldía?

Una fuente de la Secretaría de Seguridad explicó a CAMBIO varios de los detalles prácticos que el anuncio oficial dejó sin responder. El primero y más obvio: ¿qué tipo de cámaras podrá usar el C4? La respuesta fue que solo las cámaras externas, las que registran el espacio público. Las que están al interior de una vivienda o de un establecimiento no entran en el esquema, por lo que la privacidad de quienes se sumen a la iniciativa está, al menos en ese aspecto, garantizada. 

Sobre los costos, la fuente aclaró que hay una distinción entre lo que corre por cuenta del ciudadano y lo que asume el Distrito. “La instalación y suministro de los equipos de integración y el costo de llevar la señal de las cámaras al C4 y el mantenimiento de los equipos de integración están a cargo de la Secretaría de Seguridad. (El ciudadano) tiene que mirar si cumple los requisitos”, dijo.

Es decir, la cámara y el mantenimiento de esta siguen siendo responsabilidad del propietario, pero la conectividad con el C4 y los equipos de integración los financia la Secretaría. Finalmente, sobre la pregunta que muchos se hacen —si las imágenes podrían usarse para ‘fotocomparendos’—, la fuente aclaró que no servirán para ese propósito.

Inteligencia Artificial para analizar horas de grabación en minutos

Más allá de las cámaras privadas, el C4 también estrenó herramientas de análisis de video con Inteligencia Artificial (IA). La principal es la plataforma BriefCam, que permite procesar en minutos lo que antes requería que un operador revisara horas de grabación manualmente. El sistema puede identificar características específicas como el color de la ropa de una persona, el tipo de vehículo o la dirección de movimiento.

“Implementamos una herramienta de analítica de videos que nos permite en minutos revisar cualquier situación de inseguridad, de manejo inadecuado de basura y otro hecho relevante que se requiera. Antes, esos análisis tomaban horas y a una persona le tocaba quedarse por un largo tiempo a revisar el contenido. Ahora, con esta herramienta, en cuestión de segundos o máximo minutos, podemos detectar todas estas cosas con especificidad de la zona y hora exacta donde sucedió el hecho a auscultar, lo que permite agilizar las investigaciones que nos lleven a capturar delincuentes”, explicó Galán.

A esto se suma el sistema LPR de reconocimiento automático de placas, instalado en puntos estratégicos de la ciudad, que permite identificar vehículos robados o vinculados a delitos y activar una reacción inmediata de las autoridades. Se trata de otros dispositivos especiales para este propósito específicamente.

Desde el C4 también opera la Línea 123, que incorporó nuevas capacidades como videollamadas para ver en tiempo real lo que ocurre en el lugar de un incidente, un chat silencioso para personas en riesgo que no pueden hablar y sistemas de geolocalización para enviar ayuda con mayor rapidez.

¿Más cámaras equivale a menos delito?

La lógica detrás de iniciativas como esta es que mientras más ojos sobre el espacio público, implica más posibilidades de detectar delitos, reaccionar a tiempo y recolectar evidencia. Sin embargo, la relación entre videovigilancia y reducción del crimen no es automática, y los expertos consultados por CAMBIO coinciden en que el valor de las cámaras depende en gran medida de factores que van más allá del número de dispositivos conectados.

Germán Darío Flórez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech, reconoce los antecedentes internacionales de este tipo de esquemas, pero explica que no deben sobrestimarse: 

“En términos de efectividad, la evidencia internacional muestra que las cámaras pueden ser útiles para investigación criminal y reconstrucción de hechos, pero por sí solas no reducen automáticamente el delito. Su impacto depende de factores como la capacidad de respuesta policial, el análisis inteligente de los datos y la coordinación con otras estrategias de seguridad. Por eso, más que una solución definitiva, este tipo de iniciativas debe entenderse como una herramienta complementaria dentro de una política integral de seguridad urbana”, señala.

Ahí donde Flórez señala las condiciones para que la herramienta funcione, Sergio Esteban Quevedo, experto en ciberseguridad y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, identifica un problema que la iniciativa todavía no resuelve: la finalidad con la que fueron instaladas esas cámaras privadas ya no corresponde al uso que se les daría al conectarlas al C4 y toca la privacidad.

“Normalmente, cuando nosotros filmamos a una persona en un conjunto residencial, en un establecimiento de comercio, debemos informarle a la persona que está siendo grabada y cuál es la finalidad por la cual se está grabando, que normalmente muchas veces es por seguridad. Entonces necesitamos hacer un seguimiento de las personas que visitan el lugar, que visitan el conjunto, que visitan el centro comercial, y la manera en que la persona autoriza es cuando la ella ve el letrero que dice 'Sonríe, te estamos grabando y estamos utilizando nuestros datos de acuerdo con la ley de protección de datos, ley de habeas data'. Lo que debería pasar acá es que esa finalidad cambiaría totalmente. Como esa cámara ahora también la va a tener la Policía, el Estado, la Alcaldía, esa finalidad cambia y ya se vuelve vigilancia estatal, monitoreo policial. Entonces, se tiene que cambiar en la Ley de Protección de Datos Personales la finalidad por la cual se está capturando ese dato sensible que tienen las personas”.

El rostro es un dato sensible. Eso significa que su tratamiento está sujeto a condiciones más estrictas que las que aplican a otros tipos de información. Cuando una cámara de conjunto residencial graba a quienes entran y salen, lo hace bajo un propósito específico: la seguridad de ese espacio privado. Al integrarse al C4, ese mismo dato empieza a ser procesado con una finalidad distinta, sin que los transeúntes que aparecen en las imágenes hayan sido informados del cambio.

Flórez comparte el diagnóstico y añade que el riesgo no se limita al incumplimiento formal de la norma, sino que puede derivar en formas de uso indebido mucho más concretas: “Esta medida plantea retos importantes en materia de privacidad y protección de datos personales. Aunque se trate de una conexión voluntaria, es necesario garantizar reglas claras sobre quién puede acceder a las imágenes, bajo qué circunstancias, durante cuánto tiempo se almacenan y con qué fines se utilizan. Si no existen protocolos estrictos de gobernanza de datos, auditoría y control, hay el riesgo de que un sistema diseñado para seguridad termine generando formas de vigilancia excesiva o uso indebido de la información”.

Más allá del marco normativo, Quevedo menciona otro tema importante: el efecto psicológico de saber que la cámara de una tienda de barrio está conectada a la Policía. “Eso también puede generar incomodidad en la ciudadanía, saber que la cámara de una tienda está conectada con la Policía y que muchas veces también nos podemos llegar a sentir invadidos. Puede existir ese sentimiento de invasión por parte de las otras personas y también se puede prestar para que nuestro rostro quede registrado sin saber. ¿Quién sabe qué controles se tengan? Porque ya no sabemos qué manejo le vayan a dar las autoridades a la información de nuestra cámara”, concluye.