Así se habrían robado 860 millones de pesos del ICBF destinados a alimentar niños y mujeres gestantes en La Guajira
Siete personas fueron judicializadas por su presunta participación en un esquema de irregularidades en contratos para atender a población indígena y rural en Riohacha y Manaure. Le contamos cómo se habrían robado 860 millones de pesos.
Por: Juan David Cano
Entre febrero y diciembre de 2019, la seccional La Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó tres contratos con una asociación privada. El objetivo era llevar atención y alimentación a niños en primera infancia y mujeres gestantes pertenecientes a grupos étnicos y comunidades rurales de Riohacha y Manaure, en uno de los departamentos con mayores índices de desnutrición del país.
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Según la Fiscalía General de la Nación, esos contratos son el escenario de un presunto entramado de corrupción. Las investigaciones, cuyos resultados se conocieron este 31 de marzo de 2026, llevaron a la judicialización de siete personas: tres exfuncionarios del ICBF y cuatro particulares.
Así habría ocurrido el desfalco a la plata de la infancia en La Guajira
La empresa contratista, cuya representante legal sería Rosidis Barliza Rivera, habría presentado ante el ICBF facturas y cuentas de cobro respaldadas en documentos de tres supuestos proveedores de productos perecederos como carnes y verduras. Los proveedores en cuestión eran Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla.
Dichos documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones suministradas. Con esa información, Barliza Rivera habría inflado los informes financieros que presentaba ante el ICBF para justificar el desembolso de mayores recursos.
Para que el esquema funcionara, era necesario que alguien dentro del ICBF aprobara los pagos. Ahí, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, entrarían los exfuncionarios Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, quienes se desempeñaban como supervisores de los contratos.
La función de un supervisor de contrato es, precisamente, verificar que lo que se cobra corresponda a lo que se entrega. Sin embargo, los tres habrían aprobado actas de revisión y autorizado 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, sin cuestionar las cifras que llegaban en los documentos de los proveedores.
A través de ese mecanismo, según la Fiscalía, se habría generado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos. Es decir, esa sería la diferencia entre lo que el Estado pagó y lo que realmente debía haber costado el servicio de alimentación.
Los delitos a los que se enfrentan los responsables
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó a los siete involucrados, según su posible grado de participación, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La situación judicial de los imputados está pendiente de resolverse ante la autoridad competente. Por ahora, todos son considerados inocentes hasta que un juez determine lo contrario. Sin embargo, la fiscal del caso aseguró que la investigación arrojó pruebas suficientes para establecer la probabilidad de responsabilidad.
“Ustedes conocían que se apropiaban de recursos pertenecientes del ICBF en favor de la asociación. Estos recursos se le habían confiado por sus funciones y que esto era delito, sin embargo, quisieron hacerlo. Además, ustedes conocían que suscribir documentos públicos en donde se consignaron falsedades que sirvieron de prueba para la apropiación de recursos era un delito y aún así quisieron realizarlo”, dijo la fiscal.
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