Rotorr-Motor de Innovación desmiente acusaciones de corrupción y defiende su gestión

CAMBIO: Recientemente, el rector de la Universidad Nacional (UNAL), Leopoldo Múnera, ha hecho declaraciones en diversos órganos colegiados de la UNAL sobre la pérdida de participación de la universidad en el Consejo Directivo de Rotorr, argumentando una supuesta ausencia de control. ¿Cuál es su posición frente a estas afirmaciones?

Jaime Restrepo: Como lo he manifestado en pronunciamientos anteriores, debo reiterar que fue el propio rector quien revocó intempestivamente el nombramiento de los profesores designados ante el Consejo Directivo. Además, en una comunicación oficial manifestó su decisión de no asistir a las reuniones del Consejo. Por lo tanto, a los designados por el rector Ismael Peña les asistía el deber legal de continuar cumpliendo sus funciones como miembros del Consejo Directivo, acogiéndose a la presunción de legalidad de sus nombramientos como representantes de la UNAL. Es importante señalar que estos nombramientos no han sido desestimados por ninguna autoridad administrativa ni judicial. (Ver oficio N.1-770-24 y documentos relacionados)

CAMBIO: El rector también ha hablado de un supuesto ocultamiento de información por parte de Rotorr. ¿Qué nos puede decir al respecto?

J.R.: El rector omite comunicar que tres providencias judiciales confirman que Rotorr ha entregado la totalidad de la información solicitada por su Rectoría (ver fallos judiciales). En particular, el fallo de una acción de tutela en la que se negaron las pretensiones de la Rectoría señala: “La anterior contestación no denota una actitud evasiva por parte de la entidad accionada (Rotorr), y ha de entenderse como suficiente para satisfacer el derecho de petición del extremo accionante (la Rectoría de la UNAL) y si bien es contraria a los intereses de la convocante, porque no se habilita la posibilidad de descarga, es suficiente para atender los requerimientos constitucionales”.

El juez incluso reconoció que para mantener la reserva de la documentación —a efectos de su seguridad— se habilitó una carpeta electrónica exclusiva en la plataforma SecureDocs. Sin embargo, los intereses de la Rectoría son que dicha documentación no tenga ningún tipo de restricción: quieren copia, impresión, descarga, reproducción total o parcial, almacenamiento en cualquier medio y hasta su publicación o distribución. Esto va en contravía del régimen de reserva contemplado por la Constitución y por normas como la Ley 1712 de 2014, el Código de Comercio, y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades (Oficio 220-164483 de 2018).

CAMBIO: ¿Por qué es tan importante mantener estas restricciones de acceso?

J.R.: Porque se trata de información estratégica, de interés nacional, contractual, secretos empresariales o que compromete derechos de terceros, y que por tanto está amparada por reserva legal. Esto exige medidas de acceso controlado como SecureDocs, que permiten consulta íntegra y trazable, pero evitan su divulgación indiscriminada, que —según se entrevé— parece ser la intención del señor rector. Una divulgación de este tipo causaría un daño irreparable a la Corporación y a los aliados del ecosistema de innovación, integrado principalmente por entidades públicas.

CAMBIO: ¿Cómo responde Rotorr a los cuestionamientos sobre corrupción?

J.R.: Reitero nuestro compromiso con la transparencia. Como el mismo rector ha manifestado en múltiples ocasiones, no se han identificado actos de corrupción en nuestra Corporación. Rotorr rinde informes oportunamente ante la Contaduría General de la República, la Contraloría General, la Dian, la Comisión Legal de Cuentas, la Auditoría General y la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá. Ninguna auditoría ha arrojado hallazgos fiscales, disciplinarios ni penales.

CAMBIO: Usted ha mencionado una “politización” de esta situación. ¿Podría profundizar?

J.R.: El rector ha llevado esta disputa al plano político. Políticos afines a su ideología se han involucrado en la controversia, requiriendo la misma información solicitada por el CSU. Esto, a nuestro juicio, induce la vulneración de la autonomía universitaria. No obstante, hemos suministrado la información, implementando medidas de seguridad para evitar su uso político, ya que ha sido instrumentalizada dentro de la UNAL para perseguir a profesores vinculados a proyectos con Rotorr. Algunos de ellos, junto con estudiantes y colaboradores, han manifestado sentir miedo.

CAMBIO: ¿Cuál ha sido el resultado de las acciones legales emprendidas por la Rectoría?

J.R.: No ha habido éxito. Se han negado pretensiones en seis actuaciones administrativas ante la Cámara de Comercio y la Supersociedades. La demanda que solicitó la disolución y liquidación de Rotorr fue inadmitida por el Juzgado 59 Civil del Circuito de Bogotá D.C., y no puede ser subsanada. Otra demanda, ante el Juzgado 16 Civil del Circuito, solicitó la nulidad de los estatutos y fue remitida a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, reconociendo que Rotorr es una entidad pública. Esto contradice el discurso político del rector, quien insiste falsamente que a través de Rotorr se está privatizando la UNAL. Ambas entidades son públicas y se rigen por el derecho privado.

CAMBIO: Se ha mencionado una supuesta transacción con la Procuraduría. ¿Qué hay de cierto?

J.R.: Nada. El rector rechazó una conciliación ante la Procuraduría, y en el Comité Nacional de Representantes Profesorales del 6 de diciembre de 2024 afirmó falsamente que Rotorr había propuesto una “transacción con la Procuraduría, con la cual ha contratado”. Esto es completamente falso. Rotorr no ha suscrito ningún contrato o convenio con esa entidad. Pareciera que el rector quiere cuestionar al Ministerio Público porque este ha emitido múltiples conceptos ante el Consejo de Estado solicitando declarar la nulidad de su elección como rector por ilegalidad.

CAMBIO: ¿Qué consecuencias ha tenido esta controversia en los proyectos sociales?

J.R.: Lamentablemente, la campaña de desprestigio sí ha tenido consecuencias. Se ha afectado a 140 familias campesinas, víctimas y desmovilizados, que hacían parte de cinco laboratorios de paz en Bolívar, Antioquia y Meta. La directora saliente de la Unidad para las Víctimas decidió no renovar el contrato con Rotorr, a pesar de que hay un convenio marco vigente. Hoy, estos campesinos están desempleados y las plantaciones se deterioran y pierden sus cosechas.

CAMBIO: ¿Ha habido afectaciones en la comunidad universitaria?

J.R.: Sí. Algunos directivos de la UNAL, que han solicitado anonimato por temor, informan que después de que se hizo público que Rotorr contribuye al Fondo de Apoyo Estudiantil (FAE), las áreas de bienestar universitario han dejado de aplicar para esos recursos, aparentemente por temor o instrucción de la Rectoría. Esto ha reducido drásticamente los apoyos alimentarios. Es inadmisible politizar un área tan sensible. Por eso, hemos solicitado un informe al director ejecutivo del FAE sobre los beneficiarios de los recursos y las acciones para que sedes y decanaturas los utilicen. Queremos seguir apoyando financieramente al FAE.

CAMBIO: ¿Qué mensaje final le gustaría enviar al rector?

J.R.: Extiendo una sincera invitación al rector de la UNAL para que dejemos de lado nuestras diferencias y construyamos juntos el modelo de universidad que el país necesita, priorizando las comunidades vulnerables de la Colombia profunda.