
¿Por qué el fallo contra Uribe marcará un antes y un después en la política del país?
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia.
Es la primera vez en la historia que se dictará sentencia contra un expresidente de la República que, además, ha sido el más popular, cuenta con el respaldo de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, y ejerce una fuerza decisiva en vísperas de una campaña electoral. Análisis.
Por: Armando Neira
Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 73 años) es el político más influyente del siglo XXI en Colombia. Se le ama o se le odia. No hay término medio. “Salvó al país”, exclaman sus defensores. “Es un criminal”, responden sus detractores.
Este lunes se sentará frente a la jueza Sandra Liliana Heredia, quien deberá decidir si es culpable o inocente de los cargos de fraude procesal en concurso homogéneo (de manera reiterada), soborno en actuación penal también en concurso homogéneo, y soborno simple, como determinador.
El proceso se inició en 2012, cuando buena parte del país aún lamentaba que la Corte Constitucional le hubiera negado la posibilidad de presentarse a un tercer mandato presidencial, que probablemente habría ganado.
Entonces, Iván Cepeda era representante a la Cámara y presentó varios testimonios de presos que vinculaban a Uribe con la creación de grupos paramilitares en Antioquia. En Colombia es tradición que los expresidentes sean intocables, por lo que el caso causó sorpresa. Un grupo de seguidores de Uribe demandó a Cepeda por semejante osadía.
En 2014, Cepeda retomó el tema y realizó un segundo debate, esta vez en su condición de senador, frente a Uribe, quien también había sido elegido para el periodo 2014-2018 cuando encabezó la lista del recién creado partido Centro Democrático, CD, y logró un triunfo arrasador.
Cepeda presentó más testimonios de exparamilitares que afirmaban haber recibido órdenes de Uribe o de su hermano, Santiago Uribe, para cometer delitos.
Para entonces, ya se contaba con otros elementos que había aportado en su debate el hoy presidente Gustavo Petro, en su época de senador, así como con los resultados de la visita a cárceles de Estados Unidos que el congresista Cepeda realizó junto con sus compañeros de corporación, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara.
Durante dicha visita escucharon a Salvatore Mancuso, Don Berna y ‘El Tuso’ Sierra, quienes se comprometieron a seguir aportando a la verdad y a colaborar de forma eficaz con la justicia en los casos relacionados con personas que cometieron graves delitos de lesa humanidad.
El día que Uribe se indignó
Aquel 17 de septiembre de 2014, el entonces senador Uribe se levantó indignado y anunció que lo denunciaría ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos. Su tesis era que esas declaraciones que lo perjudicaban solo podían haber sido obtenidas mediante sobornos. Con esa afirmación caminó hacia el Palacio de Justicia.

Esa imagen aún está fresca en la memoria de muchos colombianos, especialmente entre sus seguidores, quienes celebraron creyendo que, ahora sí, Cepeda iba a recibir un castigo por haberse enfrentado al hombre que ganó en un solo envión las elecciones presidenciales de 2002 y 2006, y que durante su gobierno alcanzó niveles de popularidad superiores al 85 %.
Con el respaldo que Uribe tenía entonces, es muy posible que, si no se hubiera levantado de su curul, la gran mayoría habría olvidado esas acusaciones y el debate de Cepeda habría quedado sepultado, como tantos otros que se pierden en la rutina del Congreso.
Uribe siguió adelante con su propósito, pero el caso dio un giro inesperado. En 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no había pruebas contra Cepeda, archivó la investigación en su contra y, en cambio, encontró indicios de que Uribe y su abogado, Diego Cadena, habrían intentado influir en testigos para desacreditar al líder de izquierda. Así se inició el proceso que ahora tendrá su 'Día D'.
Cepeda ha sido persistente en este caso que él mismo define como una “pelea de David contra Goliat”. No ha descansado un solo día desde hace más de una década. ¿Por qué? ¿Lo motiva un sentimiento de venganza por haber sido víctima del paramilitarismo como hijo del senador Manuel Cepeda, asesinado a tiros en Bogotá el 9 de agosto de 1994?
“Esto no es una venganza, no es la búsqueda de una condena ni de la cárcel. Simplemente es la búsqueda de la verdad, la dignidad y el respeto”, afirma.
Aunque su argumento es comprensible, también es cierto que, a partir de la lectura del fallo, el impacto será monumental. No solo por tratarse de Uribe como figura, sino por el contexto local e internacional.
Donald Trump está pendiente del fallo
Colombia está en vísperas de las elecciones para elegir un nuevo Congreso y votar por quien sucederá a Gustavo Petro —aliado de Cepeda y en las antípodas ideológicas de Uribe— en la presidencia de la República. Además, el expresidente cuenta con el apoyo irrestricto del mandamás global Donald Trump.

Aunque en Colombia existe independencia de poderes y la jueza actúa conforme al derecho, la visión desde Washington es distinta. En el ala más radical de la Casa Blanca se cree que Uribe es un perseguido por el gobierno de “comunistas” que simboliza Petro.
El mejor espejo está en Brasil. Trump anunció aranceles del 50 % contra ese país a partir del primero de agosto porque, según él, el presidente Lula da Silva está persiguiendo judicialmente al expresidente derechista Jair Bolsonaro.
Según Trump, los aranceles se impondrán debido, entre otras razones, a los “insidiosos ataques de Brasil a las elecciones libres” y al trato que el gobierno le da a Bolsonaro, lo cual considera “una vergüenza” y una “cacería de brujas que debe terminar”.
De hecho, en una reciente decisión de una comisión legislativa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos —que aún debe pasar a plenaria y luego al Senado— se propuso reducir la ayuda no militar a Colombia en un 50 %, usando el caso judicial de Uribe como ejemplo de lo que consideran un “mal gobierno de Petro”.
“Brasil no ha sido bueno para nosotros, no ha sido bueno en absoluto”, dijo Trump. Es la misma frase que se ha repetido, cambiando “Brasil” por “Petro”.
Los halcones que protegen a Uribe
Aunque Trump y Bolsonaro tienen una relación más cercana que la de Trump con Uribe, se vislumbran varios escenarios en los que Estados Unidos podría mostrar su molestia hacia Colombia en caso de un fallo adverso. Además de los aranceles, esto podría ser otro factor para contemplar una posible descertificación del país (una decisión fundamentalmente políticia), acusándolo de hacer pocos esfuerzos en su lucha contra las drogas.
Aunque Petro sostiene que ningún otro gobierno ha incautado tanta droga como el suyo, la certificación se basa más en criterios políticos que técnicos. Washington lo sabe y lo ha hecho notar.
Solo basta revisar las declaraciones de congresistas republicanos como Mario Diaz-Balart y María Elvira Salazar. Habrá que estar atentos a cómo reacciona el Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

De hecho, Rubio fue anfitrión de Uribe en una visita el pasado 30 de abril y, aunque se trató de un encuentro privado, dejaron claro los lazos de amistad y sintonía política que los une.
Y es que el afecto hacia Uribe en los círculos cercanos a la Casa Blanca es tal que, según informó The New York Times, a él se le atribuye un rol importante en la resolución de tensiones diplomáticas entre los presidentes Petro y Trump, cuando se produjo un choque por la política de deportaciones masivas de migrantes y los trinos del líder del Pacto Histórico en una madrugada inolvidable.
Pero si las repercusiones del juicio son enormes en términos de política exterior, en Colombia serán igualmente sonoras. Si ya lo han sido con el juicio que se siguió día a día como si fuera una serie de televisión y lo son en este momento en el que no se habla de otra cosa, ¿cómo será con un fallo definitivo y con la campaña electoral en marcha?
La posición del presidente Petro
“Mi deber es proteger esa decisión”, afirmó la semana que pasó el presidente Petro. “Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad”, agregó. Uribe le respondió: “Presidente Petro, deje el vicio de mentir”. Es una muestra del ambiente polarizado que se avecina, donde ambos serán figuras decisivas en las elecciones.

No solo habrá un intenso debate en redes sociales —donde hoy fluye buena parte de la comunicación política— sobre inocencias y culpabilidades. También es previsible que este lunes se presenten movilizaciones de lado y lado: unos para respaldar al exmandatario y otros para apoyar a la justicia.
Y aunque se trata de un juicio jurídico, es imposible mantenerlo en esa esfera. Por eso se han escuchado mensajes, casi al unísono, de figuras influyentes que sin rubor afirman que esto es un “juicio político” destinado a afectar las elecciones de 2026.
Lo cierto es que hay un asunto que no es nada marginal. Al contrario, es fundamental. Por más dolorosa que sea, necesario que el país conozca la verdad de su historia reciente.
De Santiago Uribe a Chiquita Brands
Por eso, no debe perderse de vista la decisión judicial de otro caso relacionado pero distinto: el que involucró a su hermano, Santiago Uribe.
Ese también fue uno de los procesos penales más esperados. En un fallo de 218 páginas, el juez Jaime Herrera Niño, del Juzgado Primero Especializado de Antioquia, lo absolvió de los cargos de concierto para delinquir agravado —por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles— y homicidio agravado ocurrido en la década de 1990 en Yarumal, Antioquia.

Ese juicio, como el del expresidente, fue largo y extenuante. Duró diez años, comenzó en 2010, y el juez tardó otros cuatro en emitir sentencia.
Pero si en ese proceso el expresidente respiró aliviado, su nombre volvió a estar en boca de muchos por otro caso que, en este contexto, juega en su contra: la condena contra los empresarios de Chiquita Brands.
A pocos meses de que prescribiera el proceso, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos de Chiquita Brands a once años y tres meses de prisión por concierto para delinquir agravado, relacionado con el financiamiento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“La financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y a la paz social. (...) El aporte de esos recursos prolongó la capacidad operativa de las AUC y, con ello, el riesgo de más crímenes”, expresó el juez.
El desmadre de las Convivir
El fallo también incluyó una fuerte crítica a la Fiscalía: “Su actuación fue sumisa, superficial y carente de rigor (...) vulnerando no solo los derechos de las víctimas, sino también los principios de eficacia y buena fe que rigen la función pública”. En el fondo lo que se sentenció es cómo lograron las Convivir, grupos de seguridad privados impulsados por Uribe, para que se salieran de madre y terminaran cometiendo un baño de sangre.

Estos y otros casos judiciales, como la búsqueda de restos humanos de personas desaparecidas en La Escombrera de Medellín, muestran que una parte importante de la sociedad exige conocer la verdad sobre esos años tan estremecedores como oscuros, en los que políticos, empresarios, militares y hacendados, entre otros sectores, se aliaron con bandas criminales de extrema derecha para cometer masacres y otros crímenes atroces.
Volviendo al caso de Uribe, como afirma el analista político Gabriel Cifuentes, “el impacto es incalculable, al margen de cuál sea la decisión”.
Si esta es adversa al expresidente, surgirán voces que hablarán de una persecución política orquestada desde sectores afines al gobierno. Si es absolutoria, los sectores antiuribistas cuestionarán fuertemente el fallo, señalando que no hubo independencia judicial y que, en Colombia, los poderosos siguen siendo intocables.
De ser declarado culpable, Uribe podría enfrentar una condena de entre 6 y 12 años de prisión. Sin embargo, por su edad y trayectoria, probablemente no irá a la cárcel, pero eso sí, sus mensajes políticos serán aún más amplificados.
Dependiendo del fallo de este lunes, no solo se sabrá cuál será el futuro político del expresidente, de su colectividad y de buena parte del país que comparte su ideario.
¿Uribe en una lista al Senado?
En el plano estratégico se había planteado la posibilidad de que Uribe integrara las listas al Senado para fortalecer al Centro Democrático, pero esa decisión está congelada hasta este lunes.
De hecho, se dice que, si lo absuelven, Uribe iría en una lista cerrada, aunque en una posición secundaria, ya que la intención no sería que él regrese al Congreso, sino recuperar las mayorías.
Y aunque el proceso actual contra Uribe es menor en comparación con otros que lo relacionan con masacres, una condena sería un golpe muy fuerte a su figura política y marcaría un hito sin precedentes en la historia del país.
“Será el hecho político del año, que marcará el futuro electoral del país”, pronostica la analista María Jimena Escandón. Para ella, el precedente histórico que dejaría la primera condena a un expresidente de la República enviará múltiples mensajes.
Para algunos, será una señal de fortaleza institucional y de límites al poder. Para otros, será la muestra de una justicia politizada. Uribe, su partido y varios medios promueven la idea de una persecución política y de que la jueza no ofrece garantías si no acoge los argumentos de la defensa.
Y aunque se trata de una condena en primera instancia, el juicio deja más dudas que certezas y, sin duda, exacerbará la división del país. Aunque el proceso continúe, centro, izquierda y derecha usarán el fallo de la jueza Heredia como munición para fortalecer sus narrativas.
Si lo condenan, Uribe intentará posicionarse como víctima de una persecución. Si lo absuelven, dirá —como suele hacer— que resistió más de una década de acoso y, pese a ello, ha vuelto a demostrar, según sus seguidores, que es el líder político más importante de este siglo, y que pese a todo, tiene cuerda para rato.
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