¿Por qué mataron a la joven patrullera Belén Karina?

Los asesinos de la patrullera Belén Karina Durán Ortiz, de 23 años de edad, se desplazaron por las aguas mansas de la Ciénaga Grande de Simití, en Bolívar. Llegaron sigilosamente en un bote en la madrugada, cuando el pueblo dormía bajo las brisas frescas de abril.

Eran las 2:30 de la mañana del pasado viernes. A esa hora, ella estaba de centinela en la estación de Policía junto con los patrulleros Edwin Agustín Feria Mercado e Imanol Javier Escorcia Torres.

Sus verdugos descendieron de la embarcación cerca de la capilla de la Virgen de La Original, a una cuadra de distancia. Iban armados con fusiles de asalto. En cuestión de segundos y desde la distancia, les dispararon y luego regresaron al bote para huir en la oscuridad, entre los manatíes, babillas y caimanes que también guardaban reposo.

La joven, nacida en Cúcuta, murió en el acto. A su lado también yacía Feria Mercado. Escorcia resultó gravemente herido. “Fue un acto de barbarie”, resumió el director de la Policía, general Carlos Triana. El oficial pidió ayuda a la comunidad para adelantar la investigación y ofreció una recompensa de 200 millones de pesos. Hasta el momento, nadie ha hablado.

El cuerpo de Belén fue llevado a su ciudad natal, donde sus familiares, compañeros de bachillerato y colegas de la institución policial la lloraron. Un grupo de agentes le rindió una guardia de honor, mostrando una imagen suya en la que resaltaba el brillo en sus ojos verdes.

Ella es una de las víctimas de una ola de asesinatos contra miembros de la Policía, definida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como un “plan pistola” ejecutado contra integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en varias regiones del país. Aunque el funcionario señala a diversos grupos armados ilegales, los organismos de inteligencia centran la acusación en el Clan del Golfo.

Tras los pasos de Pablo Escobar

Se trata de una estrategia similar a la que empleó Pablo Escobar durante su guerra contra el Estado para evitar la extradición de él y de los demás capos del cartel de Medellín. Por aquellos días aciagos, el Patrón ofrecía un millón de pesos por cada policía asesinado en su propósito de doblegar al Gobierno.

Esta táctica también había sido utilizada por el Clan del Golfo en 2022, durante la administración de Iván Duque. En los primeros meses de ese año fueron asesinados 36 policías.

En esa época, Belén se preparaba para recibir su título como técnica profesional en Servicio de Policía. Al graduarse, fue asignada al Departamento de Policía Magdalena Medio, una de las zonas donde el Clan del Golfo busca expandirse.

Los homicidios recientes comenzaron durante la Semana Santa y se han cometido en Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En este lapso han sido asesinados 18 uniformados.

Pero, ¿por qué matar a los policías? “Porque son la parte más débil de la fuerza pública en términos de blindaje y armamento, y siempre están en centros poblados, en muchos casos desprotegidos frente al nivel de armas que manejan los grupos ilegales”, explica Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.

“El Clan del Golfo ha dicho que actúan en retaliación por las operaciones en su contra: dos bombardeos este año, la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya. Claramente, los ataques son una respuesta a esa ofensiva militar.

Buscan presionar al Gobierno para iniciar un proceso de negociación, mostrando que tienen capacidad de daño. No sabemos si tendrá efecto, pero en esencia, buscan mediante la violencia forzar el diálogo político”, dice Kyle Johnson, analista de Conflict Responses.

Una fría estadística

Los asesinatos, sin embargo, se suman como cuentas de un rosario y caen en el olvido para la mayoría de los colombianos. Las familias, entre tanto, son consumidas por el dolor. “Estas acciones criminales constituyen una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”, subraya el procurador general de la nación, Gregorio Eljach.

Y aunque los muertos se agregan a una fría estadística para los expertos, son el resultado de una violenta respuesta de un grupo armado que ve cómo el Gobierno está dando un viraje del apaciguamiento a la ofensiva militar.

“A partir del nombramiento del nuevo ministro de Defensa, ha habido un incremento notable en las operaciones ofensivas contra todas las organizaciones armadas, en especial contra el Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor Central. Lo que estamos viviendo hoy es la respuesta de esos grupos armados: incrementar el costo para la fuerza pública como forma de enviar un mensaje frente a la nueva estrategia de seguridad”, explica Elizabeth Dickinson.

En este contexto cobra vigencia el análisis de Eduardo Pizarro Leongómez quien, por su parte, escribió en un artículo publicado en CAMBIO, titulado '¿De la paz total a la combinación de zanahoria con garrote?':

“Considero que el nombramiento del general Pedro Sánchez ha sido un acierto en las difíciles circunstancias que afronta el país, pues, lentamente, las Fuerzas Militares comienzan a superar el estado de postración en el que se encontraban. Esto se debe, ante todo, al nuevo enfoque orientado hacia el control del territorio y el debilitamiento de las gobernanzas criminales, a las cuales no se les puede permitir, de ninguna manera, echar raíces aún más profundas en las zonas periféricas del país.”

Crecimiento exponencial

Hoy, el Clan del Golfo es el grupo armado más numeroso del país, según el Ministerio de Defensa, y la Defensoría del Pueblo lo identifica como el que tiene mayor influencia municipal. Desde 2018, su número de integrantes ha aumentado 95 por ciento. Pasó de tener influencia en 179 municipios de diez departamentos, a estar presente en 238 municipios de 16 departamentos.

En 2018 contaba con cuatro bloques y 22 frentes; hoy posee seis bloques y 34 estructuras. Hoy sus principales zonas de expansión actuales son Chocó, Magdalena Medio, el sur de Bolívar y la costa Atlántica.

En palabras de Elizabeth Dickinson la situación de violencia con los grupos armados ilegales está entrando en una nueva fase. “Creo que lo estamos viendo de manera bastante interesante: el conflicto ha tomado su propio ritmo, y no es un fenómeno limitado a ningún grupo específico, sino que está afectando a todos los grupos; todos ellos están respondiendo”.

Según su lectura, en el caso específico del Clan del Golfo, resulta interesante porque es la segunda vez en abril que observamos una paradoja: las comunidades y los hechos reportan una amenaza en el terreno, pero el mismo Clan del Golfo niega tener tal estrategia.

El primer ejemplo fue después del caso de Chirimoya, cuando las comunidades informaron que recibieron órdenes de cerrar establecimientos en las zonas donde este comandante tenía influencia, como una especie de paro armado. Sin embargo, en un comunicado oficial, el Clan del Golfo negó haber ordenado tal plan. Ahora hay una situación similar: es evidente el incremento en los asesinatos de policías en zonas con presencia del Clan del Golfo, pero nuevamente el grupo rechaza oficialmente tal uso de violencia.

El lenguaje de los fusiles

Para los expertos se debe tener en cuenta que existen tres audiencias principales a las que se les habla con el fuego de los fusiles: la local (en la comunidad), la de la Policía y la del público en general. Al nivel de la comunidad, el mensaje es claro: imponer el silencio mediante la dominación.

A nivel de la Policía, el mensaje de la fuerza pública es un rechazo a la nueva estrategia y al incremento de operaciones. Para el público en general, es importante considerar que el Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), sigue en conversaciones previas a una posible negociación con el Gobierno, por lo que también envían mensajes dirigidos a su audiencia nacional.

Luis Trejos, analista de paz y profesor de la Universidad del Norte, sostiene que hay dos hipótesis que podrían explicar esta andanada contra la fuerza pública. Por un lado, durante algunos de los planes pistola confirmados, el Gobierno colombiano ha anunciado la neutralización de liderazgos estratégicos del clan.

En ese sentido, es posible que los planes pistola no siempre respondan a una directriz organizacional, sino a decisiones de mandos medios. Esto podría explicar por qué a veces tienen un carácter localizado, buscando enviar mensajes específicos y no extenderse a todos los territorios donde actúan EGC o el Clan del Golfo.

La segunda hipótesis, que complementa a la anterior, es que con esta estrategia buscan desincentivar la actuación de la fuerza pública en su contra y, más bien, promover la cooperación. Ser miembro de la fuerza pública en territorios con presencia sostenida de las del Clan resulta considerablemente riesgoso.

Actuar contra los intereses de esta organización puede llevar a ser considerado un objetivo militar. Por ello, las muestras de poder a través de los planes pistola buscan la inacción de las autoridades, que podrían llegar a ver como más conveniente permitir su operación que enfrentarlos. No se trata solo de un asunto de venganza, sino de una estrategia clara para doblegar al Estado.

¿Es posible una negociación?

El plan pistola es solo uno de los repertorios de actuación del clan con el fin de fortalecer su posición en eventuales escenarios de negociación. La incapacidad mostrada por el Estado colombiano para contener estas expresiones de violencia evidencia que la seguridad no está bajo su total control y que, aunque resulte chocante para algunos sectores, es necesario incluir a estos grupos armados en cualquier proceso de resolución pacífica del conflicto. El clan parece ser consciente de ello, lo que hace urgente pensar tanto en estrategias de contención como en eventuales mecanismos de interlocución, dice Trejos.

Pero, ¿cuál es la realidad hoy de esta organización? En los últimos años se han evidenciado varias facetas de su operación a nivel financiero, militar y político, las cuales varían según la región.

Siguen desempeñando un papel determinante en los distintos eslabones de la producción y tráfico de cocaína, tanto nacional como internacionalmente, pero también han incursionado en otras economías. Las dos más relevantes son la minería ilegal de oro –con mayor control en zonas de minería de aluvión como el Bajo Cauca y en minas subterráneas como en Buriticá– y el paso migratorio por el Darién hacia Panamá. La extorsión a empresas y proyectos de infraestructura también representa una fuente significativa de ingresos.

A nivel militar, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) anota que el clan ha reasumido el control directo en diferentes regiones del país, relegando a un segundo plano el modelo de “franquicias”, al tiempo que absorbe o elimina a las bandas delincuenciales locales y despliega una amplia red de informantes. También ha mantenido sus métodos de control territorial, como los homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas contra líderes comunitarios y étnicos.

En el ámbito político, el clan ha dado pasos para construir una plataforma propia. Sus estatutos y documentos, tanto internos como públicos, lo presentan como una organización “antiestatal” y “resistencia civil en armas” a favor de las comunidades.

Bajo esta narrativa, pasó de denominarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Así mismo, ha buscado ampliar su base social cooptando Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales, y realizando obras como el arreglo de vías terciarias, la construcción de viviendas en Unguía (Chocó) y la entrega de una ambulancia fluvial y un puesto de salud en Tierralta (Córdoba).

Es en este escenario en el que se producen muertes tan estremecedoras como la de la joven Belén Karina Durán Ortiz, que en cuestión de días ya ha sido olvidada por la mayoría, incluyendo al Gobierno nacional.