“No hay derecho a la alimentación si no hay redistribución sostenible”: Martha Carvajalino, ministra de Agricultura

El 25 por ciento de los hogares colombianos -unas 13 millones de personas- sufre de inseguridad alimentaria. Por ello, en el foro de CAMBIO 'Derecho Constitucional a la alimentación: un compromiso inaplazable 2025', representantes de las altas cortes, el Gobierno, el Congreso y organizaciones sociales hablaron sobre los pasos necesarios para garantizar una verdadera inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución.

Miguel Polo Rosero, magistrado de la Corte Constitucional, afirmó en el foro que el derecho a la alimentación va más allá de lo que un gobernante puede hacer. “Este derecho se tiene que convertir en una política de corresponsabilidad, ello implica que todos nos tenemos que sentir vinculados con él. Si logramos obtenerlo es porque le otorgamos un reconocimiento importante y nos importa mejorar la calidad de vida de las personas”, enfatizó.

Por su parte, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, afirmó que para garantizar el derecho de alimentación se debe poner la lupa sobre la redistribución y la producción agrícola. "No hay derecho a la alimentación si no hay una redistribución sostenible y si no logramos que los sistemas agroalimentarios sean justos. La producción agropecuaria es la esencia de este derecho”, destacó la jefa de cartera.

La coordinadora general de proyectos de Fian Colombia, Paola Romero Niño, reflexionó acerca del significado del derecho a la alimentación. Al respecto, afirmó que este término se ha transformado a lo largo de los últimos años gracias a la participación de la sociedad civil.

“Al principio, entendíamos el derecho como la mera ausencia del hambre o como la capacidad de recibir una alimentación adecuada. Sin embargo, gracias al trabajo de la sociedad civil hemos reconocido que el derecho a la alimentación tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria, así como también con la protección al sujeto campesino, a la biodiversidad y a los pueblos indígenas", destacó la experta.

Romero también afirmó que el derecho a la alimentación implica tener una política pública que avance en un corpus armonioso. “Colombia no tiene una política pública clara de derecho a la alimentación. Aquí la inseguridad alimentaria es muy alta y ello implica el reconocimiento de otros sujetos políticos como las mujeres cuidadoras, quienes hacen el trabajo del cuidado alimentario", señaló.

La alimentación como un derecho, un hito en Colombia

Eduard Sarmiento, representante a la Cámara, reflexionó sobre el trabajo del Congreso para que el derecho humano a la alimentación se convirtiera en un derecho constitucional: “Lograrlo implicó, más que cualquier cosa, lograr un consenso político en el que se reconociera el derecho a la alimentación como un asunto que va más allá de consumir la suficiente cantidad de energía, si no el reconocimiento de la soberanía y la seguridad como pilares fundamentales”.

Sarmiento también recalcó que la discusión sobre la seguridad alimentaria debe enfocarse “en la soberanía y no en el mercado”.

“Tenemos que entender que, si el país no es capaz de construir una política alimentaria acorde a nuestras necesidades, vamos a seguir en crisis de hambre permanente. De ahí que este derecho en Colombia se entienda en clave de soberanía y no de mercado", afirmó el congresista.

Sergio Andrés Coronado, defensor delegado de la Defensoría del Pueblo, afirmó que haber logrado el Acto Legislativo 1, con el que se reconoce el derecho humano a la alimentación como un derecho constitucional, es un hito histórico.

“Este acto recoge las tradiciones del marco internacional y nacional en torno al derecho a la alimentación. Además, reconoce este derecho humano como un acto agroalimentario”, destacó.

Coronado también recalcó que el Acto Legislativo 1 es importante porque logró construirse con la influencia de los movimientos sociales agroalimentarios y el movimiento por la soberanía alimentaria. “El acto cuenta con fuentes que se articulan entre sí y en tres párrafos, nos dice de qué se trata el derecho humano a la alimentación y nos ayuda a definir sus obligaciones, contenido y políticas públicas”, destacó.

Ruta del Gobierno para la reglamentación del derecho a la alimentación

Al final del foro, los expertos reflexionaron sobre las acciones que hay que llevar a cabo para garantizar este derecho. Al respecto, Carvajalino informó que el Acto Legislativo 1 implica un reto inmenso. “Este nos impone la necesidad de construir un proyecto de ley en torno a la alimentación”.

La ministra de Agricultura también recalcó que ese proyecto de ley no puede dejar en lado distintas discusiones como las inequidades de producción o la crisis climática. “No podemos hablar de derecho a la alimentación sin discutir las consecuencias que ha tenido la crisis climática en los productores agropecuarios”, destacó.

Por su parte, Romero defendió la ruta planteada por el Gobierno pues tiene en cuenta aristas como la producción agrícola. Sin embargo, destacó que debe pensar un poco más en temas como la disponibilidad de alimentos, los caminos para las futuras generaciones y el cuidado del planeta.

“Desde nuestra parte, el Ministerio de Agricultura puede contar con nosotros para construir una ley estatutaria. Sin embargo, queremos que también tengan en cuenta la posibilidad de una comisión e instancia de participación que sea redactora y que pueda apoyar el Gobierno. Ustedes han avanzado en el tema de la justicia agraria, pero necesitamos encontrar un camino propio en torno a la alimentación y ello implica un fortalecimiento de los mecanismos de participación", destacó.

Por su parte, Coronado reiteró el apoyo de la Defensoría del Pueblo en relación con la implementación de una Ley Estatutaria con la que se pueda garantizar el cumplimiento de este derecho. “La entidad, en el marco de sus funciones constitucionales, participará en el proceso legislativo y por supuesto, asistirá a las audiencias que sean necesarias”, destacó.