¿De quién son los animales silvestres en cautiverio que están en el conjunto donde vive el alcalde de Santa Marta?

Una bandada de nueve o diez tucanes surca el cielo de una selva tropical. Buscan aterrizar en la copa de algún árbol con las ramas lo suficientemente fuertes para soportar el medio kilo que llegan a pesar. No se caracterizan por ser parlanchines, pues economizan en graznidos. La mejor forma para detectarlos en libertad es alzar la mirada y ver los majestuosos colores de su pico alargado. Este cuadro es uno de los más soñados por ornitólogos y observadores que aprecian la belleza de esta ave silvestre. Por ello, a cualquiera le sorprendería ver a un par de tucanes encerrados en una jaula con malla plástica, saltando entre un par de palos de escoba atravesados y en un exclusivo sector de Santa Marta.

La escena ocurre en Montecarlos Reservado, un proyecto inmobiliario de estrato seis que arrancó hace unos años para comercializar lotes en la cima de un cerro cerca a El Rodadero. Hasta ahora, el único cliente que compró un terreno, levantó su casa y vive allí es Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta. Como lo reveló CAMBIO en enero pasado, el costo de la vivienda del mandatario oscila entre los 4.000 y los 7.000 millones de pesos, de acuerdo a cálculos de expertos.

En realidad, el lote está a nombre de Bleidys Pérez Riquett, esposa del alcalde Pinedo, quien adquirió el terreno el 7 abril de 2022 a Claudia Patricia Acelas Ballesteros. Acelas es esposa de Manuel Dávila Villarreal, un reconocido empresario samario que hace unos años impulsó en redes sociales el proyecto inmobiliario con el cual se planteó la construcción de 30 viviendas.

Dávila y Acelas adquirieron los terrenos en 2015 y, tiempo después, registraron las matrículas de 13 lotes distintos para hacer una urbanización. Uno de ellos, el Lote 1, fue vendido a la esposa de Pinedo. Allí es donde hoy está ubicada la imponente casa.

Según los denunciantes, cerca de la vivienda del alcalde y de la otra edificación más pequeña, que sirve de residencia a Dávila y Acelas, habría unas seis guacamayas, dos urracas, un mono y los dos tucanes. Los testigos que contactaron a CAMBIO para exponer los hechos alegan que todos los animales están enjaulados la mayor parte del día y se encuentran en la propiedad por lo menos desde noviembre de 2024.

Este medio tuvo acceso a varias imágenes capturadas por fuentes que han estado en la urbanización en varias ocasiones y pidieron la reserva de su identidad. Para corroborar su veracidad se cotejó el material audiovisual aportado por los denunciantes con otras imágenes públicas disponibles en la web y un informe de peritaje hecho por una arquitecta producto de una disputa judicial entre Acelas y el distrito de Santa Marta. Las imágenes de las tres fuentes apuntan a que fueron tomadas en la misma locación. Además, los denunciantes enviaron otras grabaciones que demuestran lo anterior pero no se publican para evitar que sean identificados.

En uno de los videos se logra ver al primate dentro de una pequeña jaula apartada. Por su pelaje rojizo y cara oscura, sería un mono aullador, un animal que emite uno de los sonidos más fuertes de la naturaleza y habita selvas tropicales de varios países como Brasil, Colombia y Costa Rica. Por ejemplo, es común verlos en el Parque Nacional Tayrona ubicado en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Aunque el mono aullador no está entre las especies de primates más amenazadas del mundo, su hábitat se encuentra en riesgo en varias regiones del país por la deforestación y el tráfico de especies. Por ejemplo, en el primer semestre de 2024, al Centro de Atención de Vida Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (CAVR) llegaron ocho monos aulladores rescatados víctimas de comercialización ilegal que estaban en cautiverio como mascotas.

En otro de los videos conocidos por CAMBIO se ve la jaula de las aves. Allí se alcanzan a reconocer seis guacamayas, entre las cuales hay unas de plumaje rojo escarlata (conocidas como bandera por la presencia de plumas amarillas y azules). Las otras son de tipo azul y amarillo. Según informes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, las guacamayas son una de las especies más traficadas en el mundo.

Además, datos del Instituto Humboldt indican que de las 1.821 especies de aves que existen en Colombia, 263 son objeto de comercio ilegal, entre ellas las guacamayas.

En la jaula también se identifican dos urracas de pecho negro que, según las fuentes, responden a los nombres de Mario y María. De acuerdo a los testimonios conocidos por este medio, las dos aves son de las que más permanecen fuera de sus jaulas pues el grado de domesticación les impide escapar. Tanto así, que transitan sin problema entre la casa de Pinedo y la de los Dávila Acelas.

“A veces durante el día las dejan fuera de la jaula y pasan a la casa del alcalde”, dijo una de las fuentes. Los denunciantes consideran que es poco probable que el alcalde Pinedo, quien ingresa a su casa todos los días pasando justo al frente de las jaulas, no se haya dado cuenta de la presencia de los animales encerrados.

Desde los primeros días de su administración, el mandatario puso como una de sus banderas a la protección de los animales. De hecho, en un evento público realizado el 19 de enero de 2024, Pinedo se comprometió a "cambiar la política animal de Santa Marta" en colaboración con organizaciones de animalistas. La capital del Magdalena ha estado en varios titulares de prensa en los últimos años por la lamentable situación de abandono de gatos y perros en instalaciones deportivas de la ciudad como el Polideportivo, en donde el año pasado se rescataron 80 felinos.

CAMBIO consultó al alcalde Carlos Pinedo sobre las denuncias a través de su número personal y la oficina de comunicaciones de la Alcaldía. Esta última confirmó la recepción de las preguntas pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

En total, según las evidencias conocidas por CAMBIO, en la urbanización campestre habría cuatro especies silvestres en cautiverio, algo que está prohibido según el artículo 101 de la Ley 1801 de 2016:

“Los siguientes comportamientos afectan las especies de flora o fauna y por lo tanto no deben efectuarse [...] colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar, o poseer especies de fauna silvestre (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental”, dice parte del Código de Convivencia Ciudadana.

Este medio también se comunicó con la señora Patricia Acelas, quien negó rotundamente que en su propiedad estuvieran animales silvestres enjaulados. “No tengo ningún animal silvestre en jaulas [...] solo tengo perros, gallinas, gatos y gansos”, dijo Acelas. La mujer manifestó que desde su llegada a Montecarlos se ha encargado de reforestar partes del terreno y por eso allí han llegado varios animales. Sin embargo, fue enfática en señalar que nunca ha puesto en cautiverio a ninguna especie silvestre y se considera “ambientalista”.

Acelas pudo ver las imágenes de los animales conocidas por este medio y sostuvo que no corresponden a su residencia. También se le mostraron fotogramas de los videos aportados por las fuentes en donde se puede ver la que sería su casa. Sin embargo, Acelas no confirmó ni negó que las imágenes correspondieran a su vivienda.

Por otro lado, la señora Acelas cree que la denuncia obedece a ataques políticos en contra del alcalde a pesar de que ni ella ni su familia han participado en política. Además, explicó que ser vecina de Carlos Pinedo le ha traído más problemas que beneficios. “Yo nunca me he beneficiado de nada por ser vecina del alcalde, al contrario, me ha traído problemas [...] al igual que la historia de la casa, esto puede obedecer a intereses políticos”, agregó Patricia Acelas.

Para demostrar que su cercanía geográfica con el alcalde no le ha beneficiado en nada, Acelas mencionó dos pleitos que ha tenido con el distrito de Santa Marta. CAMBIO indagó en estos episodios y encontró una historia que combina conflictos por tierras, procedimientos irregulares por parte de las autoridades y una millonaria indemnización que la ciudad se salvó de pagar.

El millonario pleito con el distrito

Como parte de una paradoja, la señora Acelas y su esposo no solo son los vecinos del alcalde de Santa Marta y quienes le vendieron el lote para su casa, también llevaron un pleito legal con la ciudad desde hace varios años.

La enredada disputa comenzó en 2016 cuando la empresa Inversiones Gaira Mar y otras firmas presentaron varias querellas policivas alegando que Patricia Acelas, Manuel Dávila Villarreal y otras personas se habían apropiado irregularmente de algunos terrenos en el sector donde se planificó levantar la urbanización Montecarlos Reservado.

Acelas y sus abogados acudieron a la Personería de Santa Marta y la Procuraduría General de la Nación para alertar de las supuestas irregularidades en la que estaba incurriendo la Secretaría de Gobierno de la ciudad, la cual avocó conocimiento de las solicitudes de las empresas. Sin embargo, el 24 de mayo de 2017 el inspector de Policía de El Rodadero ordenó el desalojo de los terrenos y la demolición de la sala de ventas del proyecto inmobiliario.

En noviembre del mismo año, y producto de la nulidad solicitada por la señora Acelas, la Alcaldía de Santa Marta declaró parcialmente nula la inspección y demolición que ya se había realizado. Además, se ordenó que los bienes le fueran restituidos a Acelas y sus socios. Esa decisión surgió del análisis que hizo la Secretaría de Gobierno en el que se hallaron varias irregularidades en los procedimientos que se efectuaron meses antes. En resumen, la Inspección de Policía no habría tenido en cuenta la documentación que acreditaba la propiedad de Acelas sobre los terrenos.

Con la confirmación del error, la señora Acelas y sus apoderados decidieron demandar al distrito de Santa Marta, pues, según dijeron, la ciudad no solo tenía que responder por el costo de la sala de ventas sino de todo el proyecto de urbanización que aparentemente se frustró por los líos con la Inspección de Policía. En la demanda conocida por CAMBIO, la señora Acelas llegó a pedir como reparación directa una suma superior a los 30.000 millones de pesos.

En una sentencia de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena falló a favor de Acelas al considerar que el distrito de Santa Marta sí era responsable de los daños causados a la propietaria de Montecarlos Reservado. Sin embargo, no se accedió a la gruesa suma de dinero que pidió como reparación. En cambio, solo se ordenó calcular el valor de la sala de ventas que fue demolida (alrededor de 300 millones de pesos).

Como era de esperar, ninguna de las partes quedó satisfecha. Por ello, el distrito de Santa Marta y la señora Acelas apelaron la sentencia. El recurso fue concedido y fue así como el proceso pasó al Consejo de Estado.

Finalmente, en octubre de 2024, el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal del Magdalena. Sin embargo, lejos de darle la razón a la señora Acelas, esa corporación negó las pretensiones de su demanda. Es decir, ni siquiera se ordenó el reconocimiento del costo de la sala de ventas demolida. Según el fallo, no se acreditó con ningún documento que dicha construcción estuviera allí cuando se hizo el procedimiento por parte de la inspección de Policía de El Rodadero.

A pesar del revés judicial, los Dávila Acelas insistirán en conseguir la reparación que consideran justa desde hace varios años. Mientras tanto, todo apunta a que Mario, María y los otros animales continuarán en la vivienda privada hasta que las autoridades no tomen decisiones. Varios ambientalistas de Santa Marta, que por amenazas sufridas en el pasado prefieren el anonimato, coinciden en que en la ciudad se volvió costumbre mantener en cautiverio especies exóticas porque entre más belleza, mayor estatus. ¡Qué salvajada!