Vías, educación y paz: los reclamos de los líderes en Arauca, un territorio golpeado por el conflicto

“Estoy sentado en esta mesa con alguien que alguna vez fue mi enemigo”, dijo uno de los líderes en Arauca que participó en la mesa de diálogo convocada por la fundación Paz y Reconciliación (Pares) y la fundación Heinrich Boell, que tenía como propósito mostrar los desafíos de esta región del país. Un territorio que ha vivido las peores épocas de violencia y en el que la comunidad reclama una presencia eficaz del Estado.

Ese líder, que hoy vive de la agricultura, se refería a que varias de las personas que se sentaron a conversar entre el 7y el 8 de noviembre, antes tenían distancias por sus posturas políticas y por lo que eso representa en una zona con una amplia presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Hoy, además de una solución a ese conflicto reciclado, los 320.723 habitantes reclaman que el Gobierno –que llegó con promesas de cambio– cumpla. Y que lo haga con vías que les permitan a los campesinos movilizar sus productos, que los jóvenes tengan dónde estudiar y que los recursos “no se queden en corrupción”. 

“No podemos naturalizar el riesgo”: el llamado de la Defensoría

En el encuentro participaron delegadas de entidades como la Defensoría, quienes detallaron el riesgo en el que está la comunidad en Arauca. Lo hicieron recordando la alerta que esta entidad emitió en septiembre de este año y que identifica la confrontación entre el frente Domingo Laín Sáenz, del frente oriental del ELN, y los frentes 10, 28 y 54 del Estado Mayor Central (EMC) –disidencias de las Farc–.

Ambos grupos al margen de la ley se disputan el territorio y lo hacen “aniquilando o expulsando a otros actores que están en el departamento”. Y en medio de ese escenario está la comunidad, que vive casi acostumbrada a esa realidad.

De acuerdo con la alerta de la Defensoría, solo en 2024 se registraron 178 muertes asociadas al conflicto y la tasa de homicidios llegó a 57,2 por cada 100.000 habitantes. Una cifra alarmante, porque es mucho mayor que departamentos más grandes y sobrepasa a zonas como el Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó.

Solo en ese año en Arauca asesinaron a 19 líderes y lideresas sociales y a un firmante del proceso de paz con las extintas Farc. Mientras que en 2025 asesinaron a 84 personas, entre esos, integrantes de la población civil, cuatro firmantes de paz y dos firmantes del proceso de paz.

Un punto alarmante, porque justo esta misma semana, el gobernador del departamento, Renson Martínez, sufrió un atentado mientras se transportaba en la carretera entre Fortul y Tame.

Además de estas cifras, la Defensoría detalla confinamientos y desplazamientos forzados en zonas rurales del departamento. Solo en 2024 fueron afectadas 10.000 personas, según el monitoreo de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). También hay evidencias de redes de trata de personas, reclutamiento de menores, feminicidios y ataques a las líneas de los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario.

Unas cifras que muestran que el conflicto sigue golpeando al territorio y afectando su economía.

“El conflicto deja huellas profundas en la economía campesina de los araucanos, no solo por el desplazamiento forzado y la pérdida de tierras, sino también por la interrupción de las dinámicas productivas y la desestructuración del tejido social en las zonas rurales. La inseguridad constante, a causa de la extorsión, afecta la inversión, el acceso a mercados y el desarrollo de proyectos comunitarios, debilitando la sostenibilidad económica del campo. Paralelamente, el gasto prioritario en seguridad y defensa, impulsado por la lógica del conflicto, ha limitado la inversión en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto se traduce en brechas persistentes en educación, salud, infraestructura rural, acceso al agua y protección ambiental, lo que ha restringido las posibilidades de un desarrollo integral y equitativo para las comunidades campesinas”, se lee en la alerta temprana que emitió la Defensoría.

Y, como dijo Grace Marcela Serrato, defensora regional de Arauca, es necesario que se adelanten acciones conjuntas entre el Estado, la ciudadanía y el sector empresarial. Todo con la idea de apostarle a dejar de “naturalizar el riesgo”. 

Justo por dejar ese escenario a un lado, líderes sociales de la comunidad piden que el Gobierno avance en los diálogos con los grupos armados al margen de la ley y que la presencia del Estado se sienta con más desarrollo en la infraestructura terrestre y educación.  

De acuerdo con uno de los líderes que estuvo en la mesa y que prefirió no ser citado por su nombre, se debe invertir en las dos vías estratégicas de la región. Una es la ruta de la Soberanía, que conecta a Pamplona, Norte de Santander, con Saravena, Arauca. Es clave porque bordea la frontera entre Colombia y Venezuela y por allí se transportan alimentos.

“Desde la década de 1960, esa ruta ha estado en una condición muy crítica. Hay derrumbes, inundaciones, no hay condiciones mínimas. Y lo que reclamamos es que se pavimente la vía, porque es estratégica para el país. Nosotros somos productores de alimentos que hacen parte de la canasta básica colombiana, como el cacao, el plátano, el arroz, la carne, entre otros”, aseguró.

En eso insistieron varios productores de la zona, quienes dijeron que pese a las inversiones que se han hecho en los últimos gobiernos, la trocha sigue igual desde los sesenta. De hecho, en la mesa de diálogo uno de los líderes aseguró que “hay un halo de corrupción por parte de los funcionarios públicos”. Sin embargo, los trabajadores del Invías que estaban en la mesa de diálogo insistieron en que muchas de las demoras obedecen a la dificultad del terreno.

La otra ruta clave es la de Los Libertadores, que conecta a Yopal (Casanare), Tame (Arauca) y llega hasta Cundinamarca. El problema que describen los pobladores es que las vías de cuarta generación (4G) solo llegan hasta Yopal. Es decir, no hay vías que permitan un tránsito fluido entre Arauca y el centro y norte del país.

“En este Gobierno, las vías 4G deberían llegar hasta Arauca. Primero, porque es un productor de alimentos. Pero también porque si quieren arrebatarle el control de la región al ELN, deben demostrarle a la comunidad que llegan con acciones y no solo con ataques militares. Si el Estado hace presencia real, la guerrilla se queda sin discurso, porque el ELN vienen y le dice a la gente que la nación no inyecta recursos y que las empresas petroleras se llevan todo y no dejan inversión, y pues muchos se lo creen”, le dijo a CAMBIO otro de los líderes regionales.

Es decir, que el Estado no solo vea el conflicto y el petróleo, sino los cerca de 400.000 habitantes de la zona y que les den “dignidad”.

Además de este desafió, en el departamento también reclaman un mayor impulso a la educación, desde la media hasta la superior, que, según una docente del departamento, es uno de los pilares para arrebatarle los niños a la violencia.

Hoy, en el departamento hay pocas universidades públicas con programas presenciales: una sede de la Universidad Nacional, otra de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), ambas están en Arauca capital. Y recientemente abrieron una sede de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Saravena.

“Ese es un avance, porque es una muestra del Gobierno y de los entes locales de que en los territorios se avance en la educación superior. Pero, para que los jóvenes de los distintos municipios puedan venir a estudiar a Saravena, es necesario que se mejoren las vías. Además, que se tenga la planta de personal suficiente para las escuelas y las universidades”, aseguró la profesora.

Mientras que otro de los líderes aseguró que las instituciones de educación superior públicas y las privadas no alcanzan a atender el 10 por ciento de la demanda de jóvenes de la región. “Hay un déficit de oferta de educación superior del 90 por ciento. Estos jóvenes deben salir del departamento para estudiar y los costos para las familias son inviables. La región necesita urgentemente aumentar la oferta de educación superior o tecnológica para prevenir reclutamiento de jóvenes para la guerra”, dijo.

Un elemento clave es que, si bien los líderes e integrantes de la comunidad con los que CAMBIO habló no se refieren directamente al conflicto, siempre pidieron la reserva de sus nombres porque no quieren correr peligro. Incluso, prefieren que no se publiquen fotos del evento para evitar riesgos.

Este es un panorama de una región que, en síntesis, reclama mayor atención para que por fin deje de ser un foco del conflicto armado en el país.