Nicolás Maduro, un autócrata en jaque

Los tres buques de guerra y los 4.000 infantes de marina que el Pentágono ha desplegado cerca de las costas venezolanas no parecen ser, por ahora, la principal preocupación de Nicolás Maduro.

El líder chavista está más enfocado en neutralizar posibles traiciones dentro de las Fuerzas Armadas que en enfrentar una eventual invasión estadounidense.

“La presión de Estados Unidos contra Venezuela apunta a generar una rebelión militar, y eso lo sabe muy bien Maduro”, dice a CAMBIO el politólogo venezolano Víctor Manuel Mijares.

En un discurso pronunciado el pasado lunes 18, frente a gobernadores y alcaldes del régimen, Maduro se refirió a los esfuerzos “del imperio norteamericano para dividirnos desde adentro”. Y, de manera inusual, en un momento de exaltación, se refirió a los “cobardes”, a los “débiles” y a los “grupos infiltrados” que hay dentro del chavismo y que, según él, intentan “destruirlo”.

“Hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde”, dijo subiendo el tono. Y habló de “una investigación en pleno desarrollo” para detectar a los traidores.

Ninguno de los analistas consultados por este medio advierten, por ahora, el riesgo de una invasión de Estados Unidos a Venezuela, pero sí consideran probable que en los próximos días o semanas se produzcan ataques aéreos quirúrgicos contra hipotéticos centros de acopio de drogas del Cártel de los Soles, el cual fue designado por el presidente estadunidense, Donald Trump, como una organización “terrorista” al mando de Maduro.

Más de allá de los escenarios que abre la escalada de presiones de Trump contra Venezuela, es un hecho que esa estrategia ya ha tenido un primer efecto entre la cúpula chavista al desatar lo que la periodista venezolana especialista en temas militares, Sebastiana Barráez, define como “un estado de paranoia”.
“Hay mucha tensión, hay mucho temor, pero también hay una posición radical, sobre todo en los altos mandos, que son los que tienen mayor riesgo de ser afectados por las medidas que está tomando Estados Unidos”, afirma Barráez.

Los temores entre el chavismo son fundados. El pasado 7 de agosto, la fiscal estadounidense, Pam Bondi, duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de jefe del chavismo, una cifra que no se ofreció ni por el líder del Al Qaeda, Osama bin Laden.

Por Diosdado Cabello, el número dos del régimen chavista, Washington ofrece 25 millones de dólares, y por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, 15 millones de dólares.

“Estas cifras son incentivos muy poderosos para militares con rango de oficiales que no forman parte de la cúpula privilegiada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (la FANB) y que tienen las mismas penurias económicas que la mayoría de venezolanos”, dice la socióloga de la Universidad Central de Venezuela, Teresa Ramírez.

La especialista en seguridad hemisférica, quien está en un país europeo, considera un hecho de la mayor importancia que la administración Trump haya designado a Maduro como el líder del Cártel de los Soles y aliado del Tren de Aragua y del Cártel de Sinaloa, organizaciones designadas como “terroristas”.

Esto ubica al jefe del chavismo “como un delincuente internacional y como un presidente ilegítimo”, afirma Ramírez, quien sin embargo no cree que la llegada de tres buques de guerra estadounidenses a inmediaciones de las costas venezolanas sea la antesala de una invasión.

“La invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 se hizo con 27.000 marines –asegura--, y es muy improbable que una invasión a Venezuela, que tiene una población 10 veces superior a la de Panamá, y un territorio 12 veces más extenso, se pueda hacer con los 4.000 marines que van en esa flota. Una operación de esa envergadura requiere más de 100.000 hombres”.

Ramírez dice que “lo que ahora estamos viendo es una acción de amedrentamiento que busca provocar fracturas dentro del círculo de poder chavista, especialmente entre mandos militares y operadores financieros”.

Amenaza máxima

En busca de traidores, Maduro tiene trabajando las 24 horas del día a la poderosa Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo con modernos equipos de interceptación electrónica y con miles de agentes infiltrados en los cuarteles, en los ministerios y en las estructuras territoriales del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Nosotros no dormimos”, dijo Maduro hace unos días al referirse a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en curso.

No es un dato menor que el jefe de la DGCIM, el general Javier Marcano Tábata, sea al mismo tiempo el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, un cuerpo militar de élite y con enorme poder de fuego que está encargado de la seguridad inmediata del chavista y de su familia. Esa es su guardia pretoriana.

El profesor Víctor Manuel Mijares, quien coordina los programas de posgrado en ciencia política y estudios internacionales de la Universidad de los Andes, señala que la DGCIM y la Guardia Presidencial constituyen el “centro de gravedad del régimen”.

Y, particularmente en estos momentos de tensión con Washington, son organismos determinantes no solo para la permanencia de Maduro en el poder, sino para su supervivencia.

De acuerdo con Mijares, una escisión de la contrainteligencia militar y la Guardia Presidencial sería “el primer punto de quiebre” a partir del cual se sucederían los eventos que puedan desencadenar un cambio político en Venezuela.

“¿Eso se va a romper en algún momento? –se plantea Mijares-. Yo creo que sí, que puede haber una ruptura, y por supuesto que hay temor del régimen a que eso ocurra”.

Para Mijares, un cambio de régimen en Venezuela requiere la conjugación de tres factores: una presión internacional militarizada, que ya existe con la recompensa que ofrece Washington por Maduro y con el envío de buques al Caribe; tener una opción legítima para sustituir al chavista, que sería el opositor Edmundo González Urrutia, ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, y tener a alguien “que se ensucie las manos”.

Este trabajo sucio, explica, lo tendrían que hacer los militares, únicos que tienen el poder para deponer a Maduro o convencerlo de que entregue el poder. Y esto, dice, “es lo que falta”.

Tan lo sabe el autoproclamado mandatario chavista, que por eso ha convertido a la contrainteligencia militar en su principal asidero y en su mecanismo de represión al interior de los cuarteles.

Según la ONG Foro Penal de Venezuela, hasta el pasado lunes 18 de agosto en el país había 815 presos políticos, de los cuales 169, el 20%, son militares considerados disidentes.

El grado de inconformidad al interior de las Fuerzas Armadas quedó en evidencia en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando según las actas de votación presentadas por la oposición –autenticadas por códigos de barras—, en todos los centros electorales aledaños a los cuarteles Maduro resultó derrotado por el candidato opositor Edmundo González Urrutia.

“La fuerza militar venezolana está contenida por una serie de mecanismos antigolpes de Estado”, indica Mijares.

Este especialista en seguridad y defensa no tiene ninguna duda de que el cerco político-militar que ha tendido Estados Unidos en torno a Maduro es “la principal amenaza externa” que ha enfrentado el chavista en sus 12 años y cinco meses en el poder, y es incluso mayor al amago de invasión de 2019, ocurrido durante la primera administración Trump.

La “purga”

Fuentes académicas y de la sociedad civil de Caracas, consultadas por CAMBIO vía telefónica y que hablaron con la condición de mantener su anonimato, coinciden en señalar que, en medio de la escalada de presiones de Trump contra Maduro, el régimen ha endurecido la represión, el control poblacional y la persecución de opositores y de chavistas y militares “sospechosos de colaborar con el enemigo”.

Muchos académicos y activistas sociales radicados en Venezuela y habituados a hablar con periodistas han optado por guardar silencio por el fundado temor de acabar en la cárcel.

En noviembre pasado, la oficialista Asamblea Nacional aprobó la llamada “Ley Simón Bolívar”, que sanciona hasta con 30 años de prisión y la confiscación de bienes a quienes apoyen, según criterios de los jueces del régimen, medidas contra la economía o la soberanía de Venezuela.

Esta legislación, considerada por organismos de derechos humanos una “ley mordaza”, es un instrumento de censura mediante el cual cualquier ciudadano que exprese una opinión crítica del chavismo, y más en una coyuntura como la actual, puede ser acusado de “traición a la patria”.

Una de las fuentes consultadas indica que el ambiente en Caracas es “de mucha tensión”.

“Sabemos que está en marcha una ‘purga’ dentro del chavismo que seguramente está relacionada con las teorías de conspiración que ha lanzado Maduro en los últimos días”, señala.

La “purga” interna habría comenzado el pasado miércoles 20 de agosto. Ese día, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el principal operador político de Maduro, anunció el desafuero y la captura, por supuestos cargos de narcotráfico, del diputado chavista Julio César Torres, a quien llamó “basura”.

Rodríguez también informó que la inspectora general de Tribunales, Gladys Requena, una chavista de alto rango en el Poder Judicial y de larga trayectoria como ministra, diputada y vicepresidenta del oficialista PSUV, había presentado su “renuncia irreversible”.

Una fuente en Caracas asegura que las acciones de Washington para minar a Maduro incluirían “acercamientos con chavistas críticos” en busca de “una salida constitucional” a la crisis. Y eso incluye a funcionarios del Poder Judicial.

Esto fue algo que intentaron en 2019, sin éxito, los dirigentes opositores Juan Guaidó, autoproclamado “presidente interino” en esa época, y Leopoldo López. El 30 de abril de ese año, ambos encabezaron una insurrección militar que fracasó en cuestión de horas.

Según agencias estadounidenses de inteligencia, uno de los factores que hizo fracasar esa asonada fue que los golpistas no pudieron sumar a la causa al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien les habría hecho creer que sí participaría, y al entonces jefe de la Guardia Presidencial y de la contrainteligencia militar, general Iván Hernández Dala, quien hoy ocupa la presidencia de la telefónica estatal CANTV.

El militar de más alto rango que participó en esa intentona golpista fue el general Cristopher Figuera, entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del régimen, y quien tras la asonada huyó del país.

Hoy, el jefe del Sebin es el general Alexis Rodríguez Cabello, primo del ministro del Interior, Diosdado Cabello, el número dos del chavismo.

Periodistas independientes sostienen en redes sociales que la “purga” chavista de los últimos días no sólo habría incluido a la inspectora de Tribunales, Gladys Requena, y al diputado Julio César Torres, sino también a “un ministro” del gobierno y al exvicepresidente Elías Jaua, de quien se dijo que estaba “en la clandestinidad”.

Este último señaló en un comunicado que ha tenido “comunicación reciente” con Maduro “sobre esta coyuntura” y sostuvo que es momento “de anteponer la tranquilidad del pueblo a cualquier posicionamiento ideológico, político o avieso interés”. Además, rechazó “la amenaza de una agresión militar extranjera”.

El juego de guerra

Un grupo interdisciplinario de académicos venezolanos de reconocido prestigio, la mayoría de los cuales aún vive en su país y tiene acceso a información de calidad, compartió con este medio un “análisis de coyuntura” que caracteriza la ofensiva de Trump contra Maduro como “una estrategia de presión total” que comprendería varias etapas.

Lo que ahora se observa es el desarrollo “de una primera fase” que incluye “acciones consecutivas”, como la elevación de la recompensa, la confiscación de bienes de Maduro por 700 millones de dólares en Estados Unidos y República Dominicana y el envío al sur del Mar Caribe de una flota de buques anfibios con aviones de combate, drones de ataque y reconocimiento y misiles balísticos de última generación.

“Estados Unidos articula un discurso muy agresivo contra el régimen chavista y lo acompaña con un despliegue militar, con lo que quiere dejar en claro que esto no es un blof”, asegura el informe que se terminó de elaborar el pasado viernes 22.

Señala que en el alto mando de las Fuerzas Armadas hay un sector que cree que ese despliegue puede ser el primer paso “de una operación tipo Panamá”, es decir, de una invasión como la que Estados Unidos desarrolló en suelo panameño en 1989 con el pretexto de capturar, por cargos de narcotráfico, al entonces hombre fuerte de ese país, Manuel Antonio Noriega.

Pero, antes de apostar por una invasión convencional, Estados Unidos intenta que esta crisis se resuelva dentro de Venezuela, donde según indican todas las encuestas, “el 80% de la población quiere un cambio de gobierno”, indica el análisis.

Esa solución interna es el objetivo de esta primera fase de presiones desarrolladas por la administración Trump. Y eso pasa por un “alzamiento popular” o por “fracturas dentro del gobierno” que, a juzgar por las detenciones de dirigentes chavistas, “ya se han comenzado a producir” y que podrían extenderse a las Fuerzas Armadas porque “la mayoría de los militares están contra Maduro”

“Si esto no ocurre, la administración Trump puede ir a una segunda fase más dura que la primera, con uso de fuerza militar contra algunas instalaciones del gobierno”, asegura el reporte, el cual menciona que ese escenario es “factible” porque Estados Unidos ya probó que un ataque aéreo relámpago, como el que realizó contra instalaciones nucleares en Irán el pasado 22 de junio, puede ser “muy efectivo y de muy bajos costos políticos y militares”.

En el caso de Venezuela, Trump presentaría un ataque de esa naturaleza como una acción contra el narcotráfico.

Una tercera fase, que por ahora parece “poco probable”, según el “análisis de coyuntura” elaborado por el grupo de académicos, sería una invasión limitada a ataques de la Armada estadounidense a instalaciones estratégicas en Venezuela.

El informe considera que la amenaza de Maduro de movilizar 4,5 millones de milicianos para repeler una eventual invasión es “un acto de propaganda para consumo interno” porque la Milicia Nacional Bolivariana, que es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no dispone de ese número de efectivos y los que tiene, unos 100.000 están “mal entrenados y sin equipamiento”.

Maduro y su capacidad de supervivencia

El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, señala que nadie debe perder de vista que “en este momento, aun con todo el despliegue de Trump, no hay nada que nos diga que, efectivamente, Maduro va a perder el poder”.

A lo largo de los años, asegura el maestro en ciencia política, el sucesor de Hugo Chávez ha demostrado ser un político hábil que se ha mantenido más de 12 años en el poder a pesar de las crisis que ha debido sortear, entre ellas las masivas protestas sociales de 2017, las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea y las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las cuales cometió “un fraude gigantesco”.

Maduro, señala, “ha aprendido y se ha curtido con las crisis” y ha demostrado que no tiene ningún problema en recurrir a la represión para mantenerse en el poder y en transferir el costo de esas crisis al pueblo venezolano, que sufre hambre y pobreza extrema.

“Es visto como uno de los dictadores más efectivos y, obviamente, esto hace que en coyunturas como esta no podamos augurar, a priori, que al menos en el corto plazo la situación va a cambiar en Venezuela”, plantea el profesor de la Universidad del Rosario.

La profesora de asuntos globales en la Universidad de Notre Dame Laura Gamboa, quien ha seguido el proceso político venezolano desde los tiempos de Hugo Chávez, es todavía más escéptica.

“Las transiciones a la democracia son un juego de incentivos, de garrote y zanahoria, y si uno solo da garrote, como ahora hace la administración Trump con Venezuela, lo único que ocurre es un endurecimiento de los regímenes autoritarios”, señala la doctora en ciencias políticas.

Recuerda que no es la primera vez que hay amagos por parte de Estados Unidos para invadir Venezuela “y no han funcionado”.

“Además -agrega- yo dudo mucho de que haya apoyo a lo largo y ancho de los Estados Unidos para una guerra en Venezuela”. Tampoco habría respaldo en América Latina para una medida de ese tipo.

De acuerdo con Gamboa, el cerco de Trump contra Venezuela es, principalmente, una estrategia orientada a alimentar el imaginario colectivo de los inmigrantes venezolanos, cubanos y colombianos en la Florida, que suelen votar mayoritariamente por los republicanos.

“No me parece que esto que estamos viendo esté dirigido a impulsar una transición democrática en Venezuela”, afirma la experta en regímenes hegemónicos, quien considera “poco probable” que el régimen chavista colapse en esta coyuntura.

Para ella, no hay que olvidar que Trump se caracteriza por alimentar el caos. “Hace desplantes de guerra, pero también permite que la petrolera Chevrón siga explotando crudo en Venezuela, a pesar de las sanciones económicas”, dice.

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