
Alligator Alcatraz: jueza prohibió el envío de nuevos migrantes y estableció medidas para su eventual cierre
La decisión judicial establece que las autoridades federales deberán desmantelar en los próximos 60 días parte del centro de detención inaugurado por Donald Trump, como respuesta a una demanda presentada por grupos ambientalistas que han advertido sobre los impactos negativos de la instalación.
Por: Jonathan Beltrán
El pasado 27 de junio, organizaciones ambientalistas presentaron una demanda en contra de la construcción del Alligator Alcatraz, el centro de detención migratorio inaugurado por la administración de Donald Trump. Dos meses después de la acción legal, una jueza ordenó desmantelar las instalaciones construidas en medio de los humedales de Everglades.
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La jueza del Distrito Sur de Florida Kathleen Williams falló a favor de las organizaciones ambientalistas Amigos de los Everglades y el Centro para la Biodiversidad Biológica, tras considerar que la construcción del centro de detención para migrantes podría violar leyes federales de protección ambiental y generar riesgos para ecosistemas vulnerables.
En el desarrollo del proceso judicial, los demandantes reiteraron que Alligator Alcatraz se construyó sin contar con las evaluaciones técnicas requeridas para establecer sus impactos ambientales a mediano y largo plazo. En ese sentido, la jueza consideró que la zona de construcción correspondía a un área de importancia crítica para la protección de la vida silvestre.

“Desde la contaminación lumínica que afecta la capacidad de los miembros para observar el cielo nocturno hasta la contaminación acústica que afecta la capacidad de los miembros para observar e interactuar con la vida silvestre, el Tribunal considera que los demandantes han alegado suficientemente las lesiones sufridas”, se lee en la decisión.
La jueza Williams también destacó que el centro de reclusión podría representar múltiples riesgos a la seguridad, alimentación y suministro de agua para la tribu indígena Miccosukee. Además, destacó la necesidad de adoptar medidas de protección para especies en peligro de extinción en el territorio, como el mono capirotado, la pantera, el murciélago y las cigüeñas.
¿Qué pasará con Alligator Alcatraz tras el fallo que ordena su desmantelamiento?
En su decisión preliminar, la jueza del Distrito Sur de Florida prohibió a las autoridades federales construir cualquier instalación adicional al centro de detención para prevenir nuevos impactos ambientales en Everglades. Además, las autoridades deberán abstenerse de realizar actividades como pavimentar, rellenar, excavar o cercar en la zona protegida.

El fallo también contempla una prohibición para recibir a nuevos migrantes en condición irregular capturados por las autoridades a partir de este 22 de agosto. Sin embargo, el Departamento de Seguridad podrá realizar reparaciones en la infraestructura existente orientada a aumentar la seguridad de los detenidos o mitigar los riesgos ambientales identificados.
Pese a que en el fallo de primera instancia no se estableció el cierre definitivo de Alligator Alcatraz, la jueza Williams ordenó desmantelar cercas, generadores de energía y material de iluminación clave para su funcionamiento. Por eso, organizaciones ambientales reconocieron el fallo como un paso fundamental para garantizar el cese de sus operaciones tras los 60 días de plazo inicial.

“El fallo marca una gran victoria para la vida silvestre en peligro de Florida y los frágiles ecosistemas que están amenazados por el centro de detención. Pero no es el fin del camino. El centro de detención surgió sin previo aviso al público, sin análisis ambiental y sin considerar las exigencias de la ley”, explicó la organización ambientalista Amigos de Everglade tras conocer la decisión.
Finalmente, la decisión judicial estableció la implementación de medidas para promover acceso a la zona protegida de las tribus indígenas que se movilizaban por los humedales antes de la construcción del campo de detención. Sin embargo, la administración Trump anunció que apelará la decisión para mantener sus operaciones en Florida y recibir a nuevos migrantes en condición irregular.
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