Esta es la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador que le gustaba a Petro

Lo ocurrido en la sesión del Senado mexicano el pasado sábado 12 de octubre no le gustó a casi nadie, ni siquiera a simpatizantes del oficialista partido Morena. Y es que, ese día, en ese recinto parlamentario se realizó un sorteo con bolitas de acrílico numeradas y urnas transparentes, como si fuera una lotería, para echar a la calle, por Insaculación, a 785 magistrados y jueces de carrera cuyos puestos serán sometidos a votación popular el próximo año.

En esa tómbola, que tuvo un momento de bochorno cuando varias bolitas cayeron al piso y empleados legislativos corrieron tras ellas, se decidió la suerte de 785 mujeres y hombres juzgadores que deberán dejar sus plazas antes de junio de 2025, y de 799 más que tuvieron “suerte” y mantendrán sus cargos hasta 2027, cuando se realizarán nuevas elecciones de jueces.

La consejera de la Judicatura Federal, Lilia López Benítez, quien participaba en una protesta en las afueras del Senado, describió la tómbola como una “masacre” que puso fin a destacadas carreras judiciales. Fue una “purga”, dijeron otros trabajadores de ese poder del Estado.

Los senadores y diputados federales de Morena y sus partidos aliados, que tienen mayoría calificada en el Congreso bicameral, pudieron haber hecho mejor las cosas, de manera menos desprolija, pero las presiones de López Obrador para que aprobaran la reforma judicial antes del fin de su mandato, el 1 de octubre pasado, terminaron por imponerse.

El resultado fue una reforma constitucional llena de lagunas, improvisaciones, ocurrencias y hasta contradicciones.

Uno de sus artículos, por ejemplo, señala que la persona que presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la ministra (magistrada) o el ministro (magistrado) que obtenga la más alta votación en los comicios que se realizarán el 1 de junio de 2025 para renovar el Poder Judicial. Pero otro artículo indica que la presidencia de ese tribunal será elegida por mayoría de votos de los magistrados.

“Esto es una muestra de las prisas y el desaseo con que se ha hecho esta reforma”, dice a CAMBIO la profesora de derecho constitucional del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Micaela Alterio.

Ese tipo de errores pueden subsanarse con una reforma a la reciente reforma judicial. Y el penoso espectáculo de la “tómbola” quedará en el profuso anecdotario político mexicano, pero ya es historia.

Lo verdaderamente preocupante de esta reforma judicial, que tiene como eje la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, es el efecto que tendrá sobre la de por sí frágil democracia mexicana.

Por eso resultó sorpresiva la referencia del presidente Gustavo Petro a esa reforma y a la elección de jueces mediante el voto ciudadano. La hizo el pasado 8 de octubre, en el acto de toma de posesión de la magistrada del Consejo de Estado Elizabeth Becerra Cornejo. Allí planteó la posibilidad de que los jueces en Colombia sean elegidos por voto popular, como ocurrirá en México.

El presidente sostuvo que ha vivido momentos “bastante traumáticos” en su relación con la justicia y sugirió que ese tipo de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial también se han vivido en México.

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“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida”, señaló el mandatario.

Pero la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien tiene un profundo conocimiento de las leyes, de la democracia liberal y del Estado de derecho, dice a CAMBIO que no hay ninguna iniciativa u orientación del presidente en ese sentido.

¿La captura del Poder Judicial?

En México, decenas de juristas, académicos y organizaciones civiles han advertido que la reforma socavará la independencia del poder judicial. Lo mismo han dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados. Y razón no les falta.

Primero, porque las dos terceras partes de candidatos a jueces, magistrados y ministros serán seleccionadas por el ejecutivo y el legislativo, es decir, por Morena, el partido de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum. El otro tercio de los aspirantes surgirá de una lista del debilitado y acosado poder judicial.

Segundo, porque la reforma contempla la creación de un Tribunal de Disciplina que estará conformado por cinco miembros nombrados por el ejecutivo, el Senado y la Suprema Corte de Justicia que surja del nuevo diseño institucional. Esto quiere decir, en los hechos, que los integrantes de ese tribunal serán, también, militantes o simpatizantes de Morena. Ellos podrán remover a cualquier juez cuyas resoluciones incomoden al partido en el poder.

Y tercero, porque si los grupos del crimen organizado han logrado capturar al Estado en varias regiones de México, nadie duda de que harán lo mismo con los jueces que se presenten a la elección. Ya sea a través del financiamiento de sus campañas o de la intimidación.

Para la abogada colombiana Carolina Villadiego, quien es coordinadora de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para América Latina, esa reforma “tiene el potencial de generar una altísima politización del sistema de justicia en México y debilitar de manera profunda la independencia judicial”.

Por su lado, Azul Aguiar, profesora e investigadora de política judicial comparada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, México, señala que no es realista esperar que jueces que dependerán de un partido político vayan a decidir en contra de los intereses de ese partido o de quienes los pusieron en la lista para ser candidatos.

“Eso no sucede en ningún lado”, plantea la doctora en ciencia política de la Universidad de Florencia, Italia. Y agrega: “Lo que seguramente vamos a ver en la nueva Suprema Corte que surja de esta reforma son fallos, orientaciones y opiniones jurídicas basadas en la lealtad política, no en las leyes”.

Los trabajadores del Poder Judicial se quejan de que la carrera judicial será eliminada de un plumazo y de que así se perderán años de experiencia.

Según las nuevas disposiciones, los requisitos para ser candidato a juez, magistrado o ministro son contar un título profesional en derecho, un promedio mínimo de 8 en la carrera, y de 9 en las materias relacionadas con el puesto al que se postula, así como cinco años de experiencia profesional y cinco cartas de recomendación. Quienes sean elegidos, deberán hacer un examen en el Tribunal de Disciplina al cumplir un año en el puesto. Si lo reprueban, tendrán una segunda oportunidad.

Reforma sí, pero no así

Hay voces que llaman a no adelantar escenarios, a no emitir juicios apresurados y a esperar a ver cómo funciona la reforma.

“Lo único que he visto hasta ahora son especulaciones sobre la captura política del Poder Judicial y sobre la calidad de los juzgadores”, ha dicho la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien defiende la necesidad de la reforma para depurar un poder del Estado en el que imperan “la corrupción, el nepotismo y la defensa de intereses empresariales”.

La propia Sheinbaum critica reiteradamente al poder judicial. “Hay mucha corrupción y nepotismo, hay liberaciones de criminales donde hay pruebas”, ha señalado.

Es verdad que en el Poder Judicial mexicano hay corrupción, hay nepotismo –es común que familiares cercanos de los juzgadores ocupen puestos en el sistema-- y hay escándalos de jueces que liberan a connotados criminales durante los fines de semana para minimizar el impacto mediático.

Una encuesta de Las Heras Demotecnia divulgada el pasado lunes 14 indicó el que el 69 por ciento de los mexicanos apoya la elección de jueces y magistrados y el 62 por ciento la de los ministros de la Suprema Corte.

Además, el 56 por ciento de los encuestados consideró que la mayoría de las personas juzgadoras son corruptas. Pero casi la mitad de los entrevistados, el 46 por ciento, afirmó no estar enterado de los principales cambios que contempla la reforma judicial.

La abogada constitucionalista Micaela Alterio señala que es necesario reformar de manera profunda al Poder Judicial, “pero no así, no con decisiones improvisadas, sin reflexión, sin consensos, sin tocar a las fiscalías, que son parte del problema de impunidad, y sin la mínima anticipación de las consecuencias que va a tener”. Ese criterio es generalizado en los círculos académicos y entre los más destacados juristas de México y la región.

Pero la reforma judicial, que tiene todo el sello de López Obrador, ya está en marcha y todos los juzgadores federales serán sustituidos por jueces elegidos en los comicios previstos.

La presidenta Claudia Sheinbaum la respalda, la defiende y ha hecho suyo el discurso anti-altas cortes del polémico y popular exmandatario, quien le dejó a su sucesora un estrecho margen de independencia. La mitad de los secretarios de Estado (ministros), la mayoría de legisladores oficialistas y su hijo Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, son gente de él.

Una buena noticia para Sheinbaum, quien continuó con las tradicionales conferencias de prensa mañaneras de su antecesor, que se realizan entre lunes y viernes, es que el 90 por ciento de los mexicanos cree que será una buena presidenta y el 77 por ciento tiene una opinión positiva o muy positiva de ella.

Dos importantes desafíos en la primera parte de si gobierno serán que la implementación de la reforma judicial no se convierta en el desastre administrativo que auguran muchos especialistas y minimizar el costo internacional de esa audaz transformación del Poder Judicial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el próximo 12 de noviembre una audiencia en su sede en Washington sobre la reforma judicial mexicana. Es altamente probable que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que este tribunal con sede en San José, Costa Rica, emita un fallo contra el Estado mexicano.

El debate sobre la polémica reforma ya se instaló también en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que abordará el tema en sus próximos dos períodos de sesiones en Ginebra, que tendrán lugar en febrero próximo y a mediados de 2025.

“Y ahí seguramente también tendremos que conversar con varias organizaciones para ver cuál es la mejor estrategia para lograr que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en este tema”, señala la abogada de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) Carolina Villadiego.

Más allá de las eventuales sanciones y condenas que enfrente el Estado mexicano, la politóloga Azul Aguiar considera que la reforma tendrá un efecto profundo en el tipo de democracia que tiene México. Esto, porque una transformación judicial de esa magnitud implica un “cambio de régimen” en el que se eliminarán los contrapesos al Ejecutivo y en el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia “tendrán la función de legitimar las decisiones del poder político”.

De esta manera, asegura la autora del ensayo “Los tribunales y la erosión constitucional de la democracia en América Latina”, México se acerca a un modelo autoritario, como ya ocurrió en Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde la justicia fue capturada por el poder político para legitimar sus acciones.

La primera puesta en escena de la reforma judicial, la desafortunada “tómbola” con las bolitas de la suerte rodando por la alfombra del Senado, salió muy mal. Y hay mucha expectativa por ver los siguientes episodios de un modelo judicial inédito en el mundo.