“Los desembolsos del Pacto por el Crédito superan los 100 billones de pesos”: Jonathan Malagón

El sector financiero es uno de los motores de la economía colombiana. Por eso, en agosto del año pasado el Gobierno se sentó con los banqueros del país y firmaron un compromiso: el Pacto por el Crédito, una estrategia con la idea de facilitar el acceso al crédito para sectores claves como el agro, el turismo, la vivienda y las energías renovables y, así, dinamizar la economía.

Esta fue una solución salomónica que encontró el sector para librarse de las inversiones forzosas que propuso en más de una ocasión el presidente Gustavo Petro y que en menos de un año le ha inyectado a la economía más de 100 billones de pesos en créditos.

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, conversó con CAMBIO sobre este tema, y otras preocupaciones del gremio como las tasas de interés, la tasa de usura y la regulación de criptoactivos, como antesala a edición 59 de la Convención Bancaria, el evento anual del sector que se realiza esta semana en Cartagena y que reunirá a cerca de 3.000 personas, entre ellos los principales banqueros del país, políticos y líderes de opinión.

CAMBIO: El sector financiero creció 3,3 por ciento en el primer trimestre del año. ¿Cómo ve esa dinámica?

Jonathan Malagón: Es una señal positiva de reactivación sectorial. Tras dos años difíciles, el sector financiero muestra una recuperación que está aportándole al crecimiento del país. Este repunte refleja la mejora de la cartera (las cuentas por cobrar del sistema), que pasó de decrecer 6,7 por ciento en diciembre de 2023 a solo 0,9 por ciento en marzo de este año. Además, la cartera vencida (las deudas o cuentas que no se han pagado en la fecha límite establecida) disminuyó a 11,1 por ciento en marzo de 2025, luego de haber tenido crecimientos cercanos al 30 por ciento a finales de 2023. Todo esto se ve reflejado en un crecimiento sostenible y en sintonía con la recuperación económica nacional, impulsada a su vez por el Pacto por el Crédito.

CAMBIO: En qué va el Pacto por el Crédito que anunció el año pasado el sector. ¿Cuántos recursos se han desembolsado?

J.M.: Luego de ocho meses, con corte a abril de 2025, se han desembolsado 101,7 billones de pesos en los cinco sectores estratégicos del Pacto, según las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Los mayores impulsores han sido los créditos de vivienda e infraestructura, con 21,2 billones de pesos y un aumento anual de 37,4 por ciento, así como los desembolsos para manufacturas, que suman 62,8 billones con un incremento de 13,8 por ciento.

Por su parte, el sector agropecuario registra 12,4 billones de pesos y una expansión de 12,8 por ciento, en tanto que los créditos a economía popular acumulan 2,3 billones y una subida de 9,3 por ciento. Por último, los desembolsos a turismo suman 3 billones y un crecimiento del 8,5 por ciento. Estos resultados evidencian el compromiso del sector con el desarrollo productivo y la reactivación económica del país.

CAMBIO: El Banco de la República retomó ya su ciclo de recortes en las tasas de interés. ¿Cómo recibe el sector financiero estas decisiones de política monetaria?

J.M.: Las decisiones que ha tomado el Banco de la República han sido bien recibidas y ya se están reflejando en el mercado. Desde el inicio del ciclo bajista en diciembre de 2023, las tasas de colocación han caído de forma significativa:

• 448 puntos básicos en vivienda (4,48 puntos porcentuales).
• 551 puntos básicos en crédito comercial (5,51 puntos porcentuales).
• 619 puntos básicos en consumo (6,19 puntos porcentuales)
• 1.166 puntos básicos en tarjeta de crédito (11,66 puntos porcentuales).

A medida que se mantenga esta tendencia por parte del Emisor, las tasas seguirán bajando, lo que aliviará el costo del crédito para los hogares y empresas.

CAMBIO: Varios banqueros han propuesto que se elimine la tasa de usura para fomentar el acceso al crédito. ¿Qué posición tiene Asobancaria al respecto?

J.M.: Esta es una conversación que se está dando en el sector financiero, que considera relevante revisar y actualizar la metodología utilizada para determinar el índice bancario corriente, insumo que se utiliza en el cálculo de la tasa de usura. El objetivo es que refleje de manera más precisa las condiciones del mercado y los distintos niveles de riesgo crediticio.

Nuestra propuesta consiste en modificar el Decreto 2555 de 2010 para que la certificación de la tasa de usura se realice de forma diferenciada en la modalidad de consumo y ordinario. En particular, proponemos dividirla en tres categorías: la primera sería consumo y tarjeta de crédito; la segunda, comercial ordinario para micro y pequeñas empresas; y, la tercera, comercial ordinario para medianas y grandes empresas.

Esta segmentación permitiría reconocer de manera más precisa las particularidades y los perfiles de riesgo asociados a cada tipo de crédito. El riesgo crediticio de una tarjeta de crédito para personas naturales no es comparable con el de una empresa pyme o una empresa de gran tamaño, que tienen riesgos financieros completamente distintos. Por ello, una clasificación diferenciada contribuiría a promover el acceso formal al crédito y sacar del 'gota a gota' a los colombianos.

CAMBIO: Hoy Colombia está avanzando en un ecosistema de pagos inmediatos de bajo monto, Bre-B. ¿Qué tanto podría mejorar la inclusión financiera gracias a esto?

J.M.: Esperamos que el efecto de la implementación de Bre-B, sumado a las iniciativas privadas ya existentes y en desarrollo, aporten a la reducción del sobreúso del efectivo en la economía y la inclusión financiera de personas no bancarizadas.

Además, la mayor transaccionalidad permitirá ampliar la disponibilidad de datos de los consumidores financieros, lo que ayudará a las entidades financieras a ofrecer productos financieros más personalizados y a construir perfiles de riesgo más precisos, una herramienta fundamental para ampliar el acceso a crédito.

El funcionamiento en tiempo real, la interoperabilidad entre entidades y los menores costos de transacción pueden impulsar la formalización de la economía, mejorar el acceso a servicios financieros y reducir barreras históricas para millones de colombianos.

CAMBIO: Colombia todavía no tiene una regulación en relación con los criptoactivos. ¿Qué camino debería tomar el país en ese aspecto?

J.M.: Aunque suele afirmarse que Colombia no tiene regulación sobre criptoactivos, el país sí ha avanzado en frentes importantes. En materia tributaria, la Dian ya exige declarar las ganancias derivadas de criptomonedas; en prevención del lavado de activos, la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), con la Resolución 314 de 2021, impuso obligaciones de reporte a los proveedores de servicios de activos virtuales; y la Fiscalía permite la extinción de dominio sobre criptoactivos vinculados a actividades ilícitas.

En todo caso, aún no existe un marco normativo integral que regule de forma estructurada el ecosistema cripto en su totalidad. Colombia debe avanzar hacia una regulación clara, proporcionada y coordinada entre autoridades como la Superfinanciera, la Dian, la UIAF, el Banco de la República y la Fiscalía, que ofrezca reglas para los actores del ecosistema, mitigue riesgos, proteja al consumidor y promueva la innovación responsable.

CAMBIO: Recientemente, Asobancaria propuso un nuevo esquema de subsidios para el sector vivienda. ¿Han recibido alguna respuesta del Gobierno a esta propuesta?

J.M.: Asobancaria ha invitado abiertamente a los gremios y al sector público para repensar, de manera conjunta, el futuro de la política de vivienda en Colombia. Lo que buscamos es revisar el enfoque actual de los programas existentes y reflexionar sobre los pilares que los sustentan. Específicamente, el llamado incluye revisar la viabilidad fiscal de los programas, el incentivo al ahorro por parte de los hogares y la idoneidad de los instrumentos combinados o separados de los subsidios a la cuota inicial y a las tasas de interés.

Al final, el objetivo superior es construir una política de vivienda integral que, además de garantizar el derecho a una vivienda digna, también contribuya de forma decisiva a la reactivación económica del país.