La disputa por la salud en la campaña presidencial: el pulso entre reforma, continuidad y rescate del sistema
Los cinco candidatos que lideran la intención de voto en la elección presidencial han ubicado la salud entre los puntos prioritarios de sus planes de Gobierno
Mientras miles de pacientes hacen filas interminables para acceder a medicamentos y las tutelas por servicios básicos alcanzan cifras récord, los candidatos a la Presidencia promueven modelos opuestos para atender la crisis. CAMBIO analizó las propuestas de quienes lideran la intención de voto y revisó qué tan viables son sus promesas.
Por: Jonathan Beltrán
A las 4:30 de la mañana, cuando Bogotá apenas empieza a moverse, Johanna Ramírez ya está haciendo fila frente al dispensario. No es la primera ni será la última vez que acude por la ciclosporina, un medicamento esencial para tratar el síndrome mielodisplásico que afecta la médula ósea de su papá, de 82 años, e impide la producción adecuada de células sanguíneas. La madrugada, sin embargo, no valió la pena. Recibió el turno 142 y salió casi doce horas después con la misma respuesta con la que entró: el medicamento está escaso y aún no hay fecha de entrega definida.
Johanna se le anticipó al sol, con la esperanza de ganarle al reloj. Pero mientras veía los minutos pasar, otros pacientes y familiares le revelaron una realidad más dura: madrugar no alcanza para estar entre los primeros turnos. “La primera persona llega a las 11 de la noche”, le dijo un hombre envuelto en cobijas que pasó la noche sobre el asfalto para asegurar una de las fichas que empiezan a entregarse cada día desde las 7 de la mañana.
En Nuevo Colón (Boyacá), a varias horas de esa fila, Luis Ramírez sigue su rutina como puede. A sus 82 años, se levanta, camina por la casa, intenta mantenerse ocupado, aferrado a la disciplina de toda una vida en el campo. Dice que está bien. Pero su cuerpo cuenta otra historia: arrastra los pies sin notarlo, se cansa más rápido, el dolor en los huesos no cede. Sus hijas son quienes advierten los cambios, las señales de que la enfermedad avanza incluso cuando él insiste en que todo sigue igual.
Ante las dificultades para acceder a los medicamentos que necesita cada semana —algunos pueden costar hasta seis millones de pesos—, Johanna decidió interponer una tutela. Su caso no es aislado. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, en 2025, una de cada tres tutelas en el país correspondió a reclamaciones para proteger el derecho a la salud.
Ante ese escenario, la salud se ha convertido en uno de los temas que más pesa en la campaña. Una encuesta del CNC para CAMBIO reveló que es la principal preocupación de los colombianos de cara a las elecciones. Por eso, CAMBIO analizó las propuestas de Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López para entender qué modelo defienden y qué tan viables son sus apuestas frente a la crisis.
El sistema de salud al quirófano: un mismo diagnóstico, diferentes tratamientos
Aunque los candidatos que lideran la intención de voto coinciden en que el sistema atraviesa una crisis profunda, las rutas que proponen para enfrentarla son distintas. Un reciente informe de Así Vamos en Salud estimó que la deuda acumulada con hospitales y clínicas ya supera los 25 billones de pesos. Ante ese panorama, organismos del sector y asociaciones de pacientes han advertido que más allá de cualquier reforma estructural, el próximo gobierno tendrá que tomar medidas urgentes.
Iván Cepeda plantea una reforma estructural al sistema de salud, en línea con la iniciativa que impulsó el Gobierno de Gustavo Petro y que se hundió en dos ocasiones en el Congreso. Para el candidato del Pacto Histórico, el modelo actual requiere un rediseño de fondo que priorice la atención primaria y fortalezca el rol del Estado en la gestión de los recursos.
Paloma Valencia, por su parte, ha evitado hablar de una reforma estructural, pero propone un paquete de acciones urgentes que arrancaría desde el 7 de agosto en caso de llegar a la Presidencia. Su apuesta se centra en sanear las finanzas de un sistema que cerró 2025 con un déficit de 16,8 billones de pesos, evitar un eventual colapso y empezar a recuperar de forma progresiva su sostenibilidad.
En su plan de gobierno, Abelardo de la Espriella pone el foco en el acceso efectivo a los servicios. Su propuesta parte de un dato que ha reiterado en campaña: según la Federación de Enfermedades Raras, en 2025 más de 2.400 personas murieron por dificultades para recibir atención médica. Frente a ese panorama, plantea como una de sus primeras medidas revisar el valor de la UPC, el monto que el Estado gira por cada afiliado al sistema y que define, en buena medida, la capacidad de las EPS para financiar tratamientos, medicamentos y atención.
Sergio Fajardo y Claudia López coinciden en una premisa: la salida a la crisis no pasa por medidas de corto plazo, sino por la construcción de un sistema con un horizonte más allá del cuatrienio. El exgobernador de Antioquia propone recalcular la UPC para que refleje los costos reales del sistema y prioriza la eliminación de barreras en el acceso a medicamentos. La exalcaldesa pone el énfasis en ordenar las finanzas con un acuerdo de pago que incluya un cronograma claro para saldar la deuda con clínicas y hospitales que hoy operan al borde del colapso.
Claudia Vaca, delegada para el derecho a la salud de la Defensoría, explicó a CAMBIO que el próximo gobierno deberá priorizar una reforma integral que garantice sostenibilidad, equidad y transparencia. En ese sentido, indicó que desde la entidad se ha hecho un llamado a los candidatos para que definan reglas claras de financiación y planes de acción para establecer responsabilidades particulares para los actores privados del sistema.
Radiografía de las propuestas sobre salud de los candidatos presidenciales
En un reciente evento en Tunja, Iván Cepeda esbozó un plan de choque para el sistema de salud sin entrar en detalles operativos. Su propuesta recoge varios de los ejes que ha defendido el Gobierno Petro: priorizar un modelo preventivo con enfoque territorial y respeto por los saberes ancestrales, fortalecer la presencia estatal en la gestión del sistema y avanzar en el giro directo de recursos a los prestadores. También plantea implementar compras centralizadas de medicamentos y promover la inversión en una industria farmacéutica nacional “para avanzar hacia la soberanía sanitaria”.
La candidata Paloma Valencia también plantea un plan de choque, pero con medidas alternativas a las expuestas por Cepeda. La senadora caucana propone inicialmente crear un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la crisis. Su meta es resolver en los primeros 100 días cerca de 10 millones de atenciones represadas y coincide con el candidato del Pacto Histórico en garantizar el suministro de fármacos mediante compras centralizadas transitorias.
Abelardo de la Espriella, quien compite voto a voto con Valencia por el paso a segunda vuelta, propone realizar un seguimiento periódico a la ejecución de la UPC por parte de las EPS, con el objetivo de evitar desvíos y garantizar que los recursos se destinen efectivamente a la atención de los pacientes. El abogado también plantea fijar plazos máximos de atención para citas especializadas e incorporar herramientas tecnológicas para optimizar la evaluación de tratamientos y revisar la gestión de clínicas y hospitales.
Con su experiencia en gestión como bandera, Claudia López centra su propuesta en reorganizar el sistema con un enfoque de cuidado. La exalcaldesa plantea un acuerdo definitivo de pago mediante un fondo público para saldar, por una sola vez, las deudas acumuladas con clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos. Además, propone mantener un modelo mixto con mayores controles e impulsar un enfoque preventivo y territorial en el que los especialistas atiendan a los pacientes en sus comunidades.
En esa misma línea de reorganizar el sistema sin desmontarlo, Sergio Fajardo propone un ‘nuevo contrato social por la salud’ que recupere el modelo de aseguramiento, pero con mayor eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera. El exgobernador plantea auditar de manera independiente a las EPS intervenidas y definir una estrategia para eliminar barreras en el acceso a medicamentos. En su plan de gobierno, también propone territorializar la atención con enfoque diferencial, impulsar la salud digital y articular un plan anual que garantice más recursos para el sector.
El exministro de Salud Fernando Ruiz explicó a CAMBIO que la prioridad debe ser revisar la definición de la UPC, ya que de ese cálculo depende la capacidad real del sistema para financiar consultas, medicamentos y tratamientos. “Si la UPC no refleja los costos reales, el sistema sigue desfinanciado”, advirtió. A partir de ese ajuste, señaló, tendría que iniciarse un saneamiento general de las finanzas. Sin embargo, reconoce que ese proceso exige una inversión inicial amplia en medio de un escenario de déficit fiscal y baja disponibilidad de recursos.
¿Qué tan viables son las propuestas de los aspirantes a la Presidencia sobre salud?
Más allá de las diferencias en el diagnóstico y las rutas propuestas, hay un punto en común: la mayoría de las apuestas en salud enfrentan serios retos de viabilidad. Algunas pueden ponerse en marcha vía decreto o decisiones administrativas —como crear puestos de mando, auditorías o ajustes en la gestión—, pero otras deben superar complejos trámites en el Congreso con un margen fiscal limitado.
En el caso de Iván Cepeda, medidas como el giro directo a prestadores, priorizar el modelo preventivo o la territorialización de los servicios pueden avanzar vía decisiones administrativas y ajustes regulatorios. Sin embargo, una reforma estructural del sistema —como la que ha planteado— requeriría trámite ante un Congreso en el que no tiene aseguradas mayorías. A esto se suma un elemento de incertidumbre: aunque ha esbozado líneas generales, aún hay poca claridad sobre el costo fiscal de varias de sus propuestas y las fuentes de financiación para implementarlas.
El candidato De la Espriella podría implementar parcialmente, vía decreto, medidas como fijar topes a los gastos administrativos de las EPS, ordenar auditorías y reforzar el seguimiento a la ejecución de la UPC. En contraste, su plan de choque con inversión inicial de 10 billones de pesos genera interrogantes sobre la disponibilidad de recursos y sus fuentes de financiación en un contexto de estrechez fiscal. Además, el arbitraje de recursos en la ADRES y el endurecimiento de controles anticorrupción podrían requerir trámites legislativos.
En esa misma línea, las propuestas de Paloma Valencia combinan medidas de rápida implementación con otras de mayor complejidad. La creación de un PMU o las compras centralizadas transitorias de medicamentos podrían activarse por vía administrativa. Sin embargo, metas como resolver 10 millones de atenciones represadas en tres meses plantean dudas sobre la capacidad operativa real del sistema. En su programa de gobierno, la senadora tampoco ha aclarado de dónde saldrá la plata para inyectar recursos al sistema.
Frente a ese panorama, la propuesta de Claudia López también enfrenta desafíos de ejecución. Propuestas como crear un fondo público para saldar deudas con clínicas y gestores farmacéuticos podrían impulsarse desde el Ejecutivo, pero su viabilidad depende de la disponibilidad de recursos y de un cronograma de pagos creíble. A esto se suma el que apuestas como la historia clínica única digital, el uso de Inteligencia Artificial para agilizar citas y consolidar un Sistema Nacional de Cuidado exigen una implementación gradual que difícilmente arrojaría resultados plenos dentro de un solo cuatrienio.
En el caso de Sergio Fajardo, la viabilidad de su propuesta depende de su capacidad de traducir un enfoque programático amplio en medidas concretas de corto plazo. Acciones como instalar un puesto de mando, poner la lupa a EPS intervenidas o recalcular la UPC podrían impulsarse desde su oficina. Sin embargo, apuestas de mayor alcance como la territorialización con enfoque diferencial, la salud digital y la inversión de nuevos recursos al sistema requieren coordinación con entidades territoriales, capacidad técnica sostenida y fuentes claras de financiación.
En medio de la ola de propuestas y promesas de campaña, Johnattan García Ruiz, asociado de la Escuela de Salud Pública de Harvard, insiste en que antes de las medidas estructurales se deben adoptar medidas urgentes para que los pacientes más vulnerables tengan la mayor protección posible. “Hacerlo para todos los pacientes del país es muy díficil, pero se puede avanzar al menos con quienes tienen mayor riesgo de empeorar sus condiciones o su propia vida”, concluye.
Lea los comentarios
