¿Volver la Nueva EPS pública? La propuesta de Petro que obligaría al Gobierno a levantar millonarios recursos en medio de una crisis fiscal

Desde la Plaza de Bolívar, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo frente a las personas reunidas en el Gran Encuentro Nacional de Salud lo siguiente: “La nueva EPS ya es mayoritaria del Estado y el presidente dijo claramente que vamos a sacar nuevos recursos, así sean nuevos préstamos, para pagar las deudas que tiene la Nueva EPS”.

Según Jaramillo, el presidente Gustavo Petro instruyó al Ministerio de Hacienda para conseguir los recursos necesarios para que el Estado asuma la totalidad de los pasivos de la Nueva EPS, comenzando por las deudas con hospitales públicos. El Gobierno ya tiene el 51 por ciento de las acciones de la entidad, pero la promesa va más allá de la participación accionaria: quiere convertirla en una EPS completamente pública y sanear su balance, que en los papeles está técnicamente quebrado.

Una deuda que creció 198 por ciento en dos años

Y es que los números de la Nueva EPS no admiten mucho optimismo. Según datos de la Contraloría General de la República citados por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la deuda de la entidad pasó de 5,42 billones de pesos en diciembre de 2022 a 21,37 billones en marzo de 2025, un incremento del 198 por ciento en menos de dos años y medio. Su patrimonio, que en 2022 era positivo en 485.209 millones de pesos, se convirtió en un hueco de 6,25 billones negativos.

“Lo que estamos presenciando con la Nueva EPS no es solo una crisis de balances contables, sino una que pone en riesgo vidas humanas porque el sistema ha dejado de funcionar para quienes más lo necesitan”, dice Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro.

“Los pacientes quedaron en medio de fracturas financieras del sistema”

Pero las finanzas de la EPS no son los únicos problemas que deberá sortear el Gobierno si se aventura a adquirir la totalidad de la aseguradora, pues las consecuencias de unas malas finanzas ya se sienten. En 2025, las quejas de usuarios de la Nueva EPS aumentaron un 107 por ciento, con 14.603 registros ante la Defensoría del Pueblo.

Además, 95 instituciones prestadoras de salud han impuesto embargos por más de 2 billones de pesos ante la falta de pago. Y el costo de prestar los servicios ya superó los ingresos de la entidad, deterioro que según Afidro se ha agravado desde la intervención ordenada en abril de 2024, medida que debía ser un salvavidas pero que no ha dado los resultados esperados.

El argumento del Gobierno: acabar con el “negocio” de la salud

Pese a todo esto, el ministro Jaramillo tiene una explicación para la situación: las EPS privadas —dijo— priorizan el pago a clínicas de su propia integración vertical en lugar de honrar sus deudas con hospitales y clínicas independientes. “Se tiene que acabar el negocio de la salud en Colombia”, repitió, una frase que lleva pronunciando desde que asumió el cargo.

Bajo esa lógica, la estatización de la Nueva EPS no es un gasto, sino una corrección estructural. El Gobierno argumenta que ha pagado al día los recursos del sistema: “Ya se pagó todo el régimen subsidiado la primera semana, es decir, para 27.400.000 personas. Mañana queda pago totalmente febrero, también el régimen contributivo”, dijo Jaramillo, y preguntó por qué, si los recursos están girados, los hospitales no reciben los pagos ni llegan los medicamentos.

El plan también contempla que la ADRES, administradora de los recursos del sistema, sirva como garante para que hospitales públicos y clínicas privadas accedan a créditos y mejoren su situación financiera mientras se normaliza el flujo de pagos.

El problema: ¿con qué plata?

La pregunta que pocos en el Gobierno han respondido con precisión es la más básica: de dónde van a salir los recursos. El propio Jaramillo reconoció que podrían venir de préstamos. Pero Colombia ya tiene poco margen de maniobra.

Las cuentas del Estado colombiano están en uno de sus peores momentos en décadas. Según un análisis de The Economist sobre 41 países, Colombia cerró 2025 con el segundo déficit fiscal más alto del mundo: -7,5 por ciento del PIB, solo por debajo de Egipto. La deuda pública bruta cerró 2025 con 1.192 billones de pesos según el Ministerio de Hacienda, alrededor del 65 por ciento del PIB, y por cada tres pesos que recauda el Estado, uno se va al pago de intereses.

En ese panorama, asumir una deuda institucional de más de 21 billones de pesos no es una decisión menor. Para dar una idea: el presupuesto de todo el Ministerio de Salud para 2025 fue de alrededor de 64,94 billones de pesos. en otras palabras, absorber los pasivos de la Nueva EPS equivaldría a comprometer casi la mitad de ese presupuesto anual.

Desde el sector farmacéutico, Afidro pidió que antes de tomar decisiones de largo plazo se convoque una Mesa Técnica de Emergencia con el Ministerio de Salud, la Superintendencia, la ADRES, gremios hospitalarios, asociaciones de pacientes y el sector farmacéutico, para definir un cronograma de estabilización. También solicitaron flujos directos y trazables desde la ADRES hacia prestadores, sin intermediación que retrase los pagos, y un plan de contingencia farmacéutica que garantice que los 11,7 millones de afiliados puedan seguir recibiendo sus tratamientos.

“No podemos seguir administrando una crisis que se agrava cada mes. Necesitamos decisiones que prioricen la vida y la salud de más de 11 millones de afiliados”, concluyó Gaitán. El Gobierno, por su parte, sigue firme en su diagnóstico: la salud no puede ser un negocio. La discusión que no han terminado es si un Estado con el segundo déficit fiscal más alto del mundo tiene la capacidad de asumir tanta deuda.