¿Un nuevo modelo energético para el Caribe?: la propuesta para transformar la prestación del servicio
Tras años de intentos fallidos para estabilizar el servicio eléctrico en la costa Caribe, el centro de estudios Fundesarrollo presentó una propuesta que replantea el modelo desde la base. La iniciativa promueve un esquema ajustado a las realidades económicas y sociales de la región para superar las soluciones temporales que han agudizado la crisis. ¿En qué consiste?
Por: Jonathan Beltrán
Durante años, millones de usuarios en la costa Caribe han vivido entre apagones frecuentes, facturas difíciles de pagar y operadores incapaces de sostener un servicio que se deteriora mes a mes. En la región, las pérdidas de energía siguen siendo de las más altas del país, los subsidios se retrasan y las deudas se acumulan cada vez más.
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Ante la compleja situación que se presenta en el norte del país, la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) presentó en la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica una propuesta que busca responder de forma estructural a los problemas que durante los últimos años han puesto en riesgo la continuidad y sostenibilidad del servicio.
El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, explicó que el Caribe requiere soluciones estructurales más allá de la regulación a las tarifas. Según el líder gremial, esa región enfrenta al cierre de 2025 altos niveles de pobreza energética y una deuda vencida superior al 80 por ciento.
Pese a los cambios de operador y a los ajustes regulatorios implementados en los últimos años, la estructura del sistema sigue mostrando limitaciones que impiden mejorar la calidad del servicio. Además, para Manzur, la combinación de pérdidas elevadas, presiones financieras y una demanda creciente continúa generando un círculo difícil de romper.
Hasta la fecha, las soluciones parciales han sido insuficientes para atender un modelo que no ha logrado responder a las condiciones reales bajo las cuales opera la red en el Caribe. Para atender esos problemas, Fundesarrollo planteó una iniciativa que contempla un esquema propio capaz de adaptarse a diferencias económicas, sociales y operativas de la región.
Un modelo energético ajustado a la realidad del Caribe
La propuesta de Fundesarrollo parte de una premisa central: el Caribe no puede seguir operando bajo un modelo diseñado para realidades completamente distintas a las que enfrenta día a día. Para el centro de investigación, la fragilidad financiera del sistema ha demostrado la necesidad de un esquema que reconozca sus condiciones particulares y que no dependa exclusivamente de ajustes tarifarios o cambios en la operación.
El diagnóstico del centro de pensamiento se refuerza con el comportamiento reciente de la red en la costa, donde las pérdidas continúan siendo de las más elevadas del país y donde la deuda vencida supera el 80 por ciento. Ante el escenario que limita la capacidad para mantener la infraestructura o ejecutar inversiones, se proponen alternativas para cerrar las brechas entre lo que la regulación exige y lo que realmente puede ejecutarse en terreno.
Fernando Barrera, director de Barrera Rey Economic Advisory, explicó que la propuesta de Fundesarrollo plantea un modelo que incorpore instrumentos diferenciados según el comportamiento de cada subregión. Con ese nuevo enfoque, se reconocería que la presentación del servicio no puede evaluarse ni gestionarse con criterios idénticos para ciudades, municipios intermedios y zonas rurales.
“El sistema actual no ha logrado compensar las diferencias económicas y sociales entre los departamentos, que presentan niveles de demanda, capacidad de pago y dinámicas operativas muy distintas entre sí. Al ajustar la estructura a las realidades del territorio, la regulación permitiría soluciones sostenibles que no dependan de intervenciones temporales o medidas de choque”, explicó Barrera.
En esencia, el modelo implicaría adaptar las reglas de operación a las características específicas de cada zona para permitir que los operadores gestionen la prestación del servicio con mayor flexibilidad frente a capacidad de pago, pérdidas estructurales y condiciones socioeconómicas locales. Bajo este esquema, las decisiones sobre inversiones, incentivos y controles podrían responder a las diferencias reales entre subregiones.
Una estrategia integral: financiamiento, subsidios y políticas focalizadas
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoció que los problemas registrados en el Caribe afectan también al sistema eléctrico nacional y destacó que la región enfrenta una situación compleja, pese a su gran potencial de generación eléctrica. En ese sentido, reiteró la importancia de adelantar una atención prioritaria para el ingreso de renovables, la aprobación de puntos de conexión y la expansión de red.
En atención al diagnóstico del Gobierno, la propuesta de Fundesarrollo plantea que cualquier transformación del sistema en el Caribe debe venir acompañada de una estrategia integral de financiamiento que alivie las cargas acumuladas en la región debido a la combinación de deudas vencidas, altos niveles de morosidad y una base de usuarios con limitada capacidad de pago.
Un punto central es la revisión de los subsidios, que hoy llegan de manera tardía o insuficiente y no logran compensar las condiciones económicas de los hogares más vulnerables. La propuesta advierte que, sin un esquema de transferencias más oportuno y focalizado, los usuarios seguirán acumulando deudas y las empresas enfrentarán un deterioro financiero permanente.
El objetivo de la iniciativa presentada para Caribesol es que los subsidios funcionen como un instrumento real de equilibrio y no como una medida que termine ampliando los rezagos del sistema. Para eso, se tendrían variables como el comportamiento de los usuarios, la capacidad de pago y las dinámicas de consumo en departamentos y municipios de la región.
La propuesta contempla que la reorganización del sistema en el Caribe avance hacia mercados de mayor tamaño –incluso a nivel departamental– para aprovechar economías de escala que hoy no se alcanzan en la operación fragmentada. Con ese modelo, se diseñarían esquemas tarifarios y operativos que se ajusten mejor a la topología real del sistema en la región, donde conviven corredores urbanos densos con zonas rurales de alta dispersión.
La situación crítica de Air-e y las alternativas para atender la crisis
La Superservicios ha logrado reducir las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero más de 14 meses después del inicio de la intervención persisten los problemas financieros de la compañía. Además, los siete departamentos que integran la Región Caribe concentran el 44 por ciento de las personas en condición de pobreza energética.
En la presentación de la propuesta para atender la situación, el investigador Fernando Barrera detalló que la compañía registra una deuda de 3,6 billones de pesos y cada mes deja de percibir ingresos por 185.000 millones. A su vez, el presidente de Asocodis advirtió que entre el 40 y el 45 por ciento de los subsidios de energía se destinan a la región.
La propuesta de Fundesarrollo reorganiza el esquema operativo del Caribe mediante tres operadores de red con funciones diferenciadas. Uno estaría dedicado exclusivamente a los barrios subnormales –aquellos que no tienen acceso formal al servicio de energía eléctrica, por lo que recurren a conexiones ilegales o alternativas informales– donde las pérdidas y la informalidad requieren un modelo especializado. Los otros dos atenderían las zonas de mayor dispersión en La Guajira y Magdalena, donde la baja demanda y los altos costos operativos hacen imposible replicar el esquema tradicional.
El enfoque también incluye ajustes tarifarios que permitan una recuperación sostenible sin desconocer la capacidad de pago de los hogares y las diferencias entre los mercados de la región. La iniciativa busca que la tarifa refleje costos reales bajo reglas flexibles que consideren comportamientos diferenciales de consumo entre zonas urbanas, intermedias y rurales, sin trasladar cargas desproporcionadas a hogares que ya enfrentan pobreza energética.
En la propuesta se advierte que, sin medidas que garanticen liquidez, cualquier ajuste quedará corto frente a la magnitud de la crisis. Por eso, se plantean cambios regulatorios como acelerar la actualización de los ingresos reconocidos en tarifas, establecer un esquema temporal de alivio financiero y crear instrumentos que faciliten el flujo de recursos para cumplir obligaciones y ejecutar inversiones urgentes en la red.
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