Exsecretariado de las Farc reconoce y pide perdón por el reclutamiento infantil y los abusos contra menores

En un video presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cinco exintegrantes del último secretariado de la guerrilla reconocieron haber reclutado y utilizado a niños y niñas en el conflicto armado, y pidieron perdón a las víctimas y a la sociedad colombiana por los crímenes cometidos contra ellos dentro de las filas.

Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo son los nombres detrás de ese video. Todos fueron imputados por la JEP como máximos responsables en el denominado Caso 07, el macrocaso que investiga el reclutamiento y utilización de menores por parte de la guerrilla desde 1971 hasta 2016.

Una violencia de décadas, invisible para el Estado

En total se registraron 18.677 víctimas en más de cuatro décadas. Sin embargo, el Estado colombiano solo había adelantado 387 investigaciones por estos hechos y cuenta con 45 sentencias contra miembros de la guerrilla, cinco de ellas absolutorias. Una violencia masiva que, en la práctica, había permanecido invisible.

Los crímenes reconocidos no se limitan al reclutamiento. La Sala identificó cinco patrones macrocriminales: el reclutamiento de menores, incluso de niños y niñas menores de 15 años; los malos tratos, torturas y homicidios cometidos contra ellos dentro de las filas; las violencias reproductivas que afectaron especialmente a niñas; las violencias sexuales; y las violencias basadas en prejuicio contra menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

El Caso 07 es uno de los más complejos que tramita la JEP, no solo por la escala de los hechos sino por la diversidad de quienes participan en él. Más de 11.000 víctimas están acreditadas, entre ellas 2.000 personas que hoy son adultas y que fueron reclutadas siendo niños o niñas.

Otras 9.027 víctimas pertenecen a seis colectivos étnicos: los pueblos indígenas koreguaje, hitnü, barí, sikuani y cubeo, y la comunidad afrocolombiana representada por Consafro. Para estos pueblos, el reclutamiento de sus niños no fue solo una violación de derechos: agravó el riesgo de su extinción física y cultural. Además, la JEP busca actualmente, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, a 485 niños y niñas reclutados por las Farc que nunca regresaron a sus hogares.

“Próximamente, la Sala también determinará la máxima responsabilidad individual que les cabe a otros comparecientes que ejercieron mandos regionales en las estructuras territoriales de las extintas Farc-EP, quienes, después de ser llamados a reconocer su responsabilidad, podrán unirse a este proceso restaurativo y profundizar en el entendimiento regional de estas afectaciones”, dijo la JEP.